El Congreso brasileño ha iniciado el proceso de destitución de la presidenta de Brasil. Una mayoría holgada de diputados (367 de un total de 513: eran necesarios 342) de quince partidos, con los derechistas PMDB y PSDB a la cabeza, aprobaron abrir un impeachment a Dilma Rousseff, un juicio político por el supuesto maquillaje de las cuentas públicas en los años 2014 y 2015.
El proceso coincide con la persecución judicial al expresidente Lula da Silva por un presunto delito de cohecho y un gran sumario que persigue prácticas corruptas en el entorno de la empresa pública Petrobras. La indignación popular con la corrupción ha sido instrumentalizada por los partidos de la oposición, a pesar de que sus líderes estén ellos mismos implicados en prácticas corruptas.
Dilma Rousseff fue elegida en 2014 para un segundo mandato presidencial de cuatro años con 54 millones de votos. Su partido, el Partido de los Trabajadores, denuncia junto a buena parte de las organizaciones de la izquierda -como el Partido Comunista do Brasil- que el impeachment es, en realidad, un golpe de estado encubierto sólo con aspecto de legalidad.
Las dudas sobre el procedimiento son notables. Como son las sombras que se ciernen sobre un país gobernado desde 2002 por un partido progresista que optó por una línea de soberanía frente al poder tradicional de Estados Unidos. El cambio de rumbo político en Brasil, de producirse, coincide con otras operaciones similares de acoso y derribo ejecutadas en Honduras, Paraguay o Venezuela. El impeachment de Dilma trasciende las fronteras de Brasil.
El Golpe también se juega en Estados Unidos
El senador Aloysio Nunes Ferreira, del derechista y opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), viajó el lunes 18 de abril a Washington. Menos de 24 horas después de que el inicio del proceso de destitución de la presidenta, Dilma Rousseff, fuese aprobado por una Cámara de Diputados dominada por los sectores más reaccionarios de Brasil, el senador que preside la Comisión de Exteriores del Parlamento brasileño pisaba la capital de los Estados Unidos. En su agenda, estaban previstos encuentros y entrevistas con representantes demócratas y republicanos, un alto cargo del Departamento de Estado y un almuerzo de trabajo con el Albright Stonebridge Group, la asesoría y consultora estratégica que preside Madeleine Albright, Secretaria de Estado en el segundo gobierno de Bill Clinton distinguida, entre otras cosas, por liderar los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia en el año 2000. Albright Stonebridge Group está asociado, en España, a Palacio y Asociados, la asesoría internacional de Ana Palacio, ministra de Exteriores de José María Aznar que defendió la invasión de Irak (2003) basándose en mentiras ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
La visita del senador Nunes Ferreira a Washington ha sido desvelada por el medio digital The Intercept, impulsado por Glenn Greenwald, el periodista que entrevistó a Edward Snowden en Moscú tras la filtración del antiguo agente de la Agencia de Seguridad Nacional. Este medio relata que se pusieron en contacto con el Albright Stonebridge Group para preguntar por la agenda del político brasileño en la capital estadounidense, pero que la entidad respondió que el encuentro “no tiene importancia mediática, está dirigido a la comunidad política y de negocios de Washington” y que “no divulgará ni la lista de los participantes ni los asuntos discutidos”. The Intercept tiene pruebas de que el viaje del político forma parte de una campaña de relaciones públicas lanzada por los defensores del impeachment a Dilma pero no deja de subrayar las obvias suspicacias sobre un eventual interés de Estados Unidos por un cambio de rumbo en la política brasileña.
Que hay motivos justificados para la sospecha de que el viaje del senador Nunes Ferreira es algo más que una acción de marketing de una derecha brasileña deseosa de legitimarse ante la opinión pública lo demuestra la identidad del alto cargo del Departamento de Estado con el que se reunió el miércoles 20 de abril. Se trata de Thomas Shannon, Subsecretario de Asuntos Políticos, el cuarto en el escalafón de la Secretaría de Estado, máximo puesto al que puede aspirar un diplomático de carrera como es su caso. Shannon es el hombre del departamento que dirige John Kerry para Iberoamérica.
“Simpatía y cordialidad”
Thomas A. Shannon, Jr. pasó por la embajada de Guatemala como asesor de asuntos políticos entre 1985 y 1986, cuando el país centroamericano cerró años de guerra civil y gobiernos militares con una administración democristiana del gusto de Washington. Una década más tarde, entre 1996 y 1999 ejerció el mismo papel (consejero político) en la embajada en Caracas, pero se fue con la llegada de Hugo Chávez al poder. Shannon regresó a Estados Unidos para ocupar la dirección del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos Interamericanos. Ahí estuvo un año, entre 1999 y 2000, cuando en Venezuela se organizó el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez que alentaron desde el exterior los gobiernos de Estados Unidos y España (la España de José María Aznar y Ana Palacio). La jefa de Shannon todos esos años fue Madeleine Albright.
El diplomático Shannon ocupó distintos puestos en Washington relacionados con el continente americano durante la primera década del siglo XXI -bajo gobiernos de George W. Bush- hasta que en 2009 fue nombrado embajador en Brasil. Lo envió allí Barack Obama y le dio las credenciales, ya en 2010, Luis Inácio Lula da Silva. El entonces presidente brasileño mantuvo una aparente relación cordial con el embajador, del que los asesores de Lula destacaban su “simpatía y cordialidad”, además de su conocimiento de la región. Shannon, a su vez, elogió el papel moderador de Brasil en las relaciones tirantes de Estados Unidos con países del continente como Venezuela. El idilio terminó en septiembre de 2013.
Los papeles de Snowden
Las relaciones de Brasil con Estados Unidos pasaron de la cordialidad y la fluidez a la máxima tensión con la revelación que hizo Edward Snowden. La filtración del antiguo agente de la Agencia de Seguridad Nacional puso de manifiesto que Washington espiaba por medios electrónicos a amigos y enemigos, a rivales y a aliados. Brasil no sólo no escapó a las escuchas de la NSA sino que, de hecho, fue el segundo país con mayor número de personas espiadas, tras los propios Estados Unidos. Y entre las espiadas estaba la presidenta Dilma.
El gobierno brasileño pidió explicaciones al embajador Shannon por los pinchazos telefónicos y la interceptación de correos electrónicos de, al menos, 29 altos cargos: diplomáticos, ministros, directivos del Banco Central y la propia presidenta. El embajador tomó nota de la queja oficial que le trasladó Brasilia cuando le pidió explicaciones pero ya no tuvo oportunidad de dárselas. Shannon dejó en septiembre la embajada de Brasil porque en camino venía su sustituta.
Liliana Ayalde, hasta entonces jefa de la representación de Estados Unidos en Paraguay, llegó en esas semanas de convulsión diplomática que culminaron con Dilma cancelando un viaje oficial a Washington con visita a Obama incluida. Ayalde llegaba de Asunción, donde apenas un año antes había sido testigo, aparentemente pasivo, del golpe de aspecto legal a otro presidente progresista en la región, Fernando Lugo. Ayalde negó entonces las acusaciones de la izquierda paraguaya de que había conocido, tolerado o conspirado junto a la ultraderecha del país sudamericano en la destitución exprés del presidente Lugo.
Fue el propio embajador Shannon, ya en su puesto de vigilante de la política estadounidense para el continente, el que recomendó a Ayalde para el puesto. De las explicaciones del espionaje poco más se supo, más allá de las promesas repetidas por Washington de que era cosa del pasado y que no volvería a ocurrir.
Posición oficial y posición mediática
Ningún portavoz del gobierno de Estados Unidos se ha pronunciado oficialmente sobre los acontecimientos de Brasil. Alegan que no es costumbre hacerlo por respeto a la política interna del país. Dada la conocida y activa política intervencionista de Washington en el continente americano (y el resto), tal declaración no puede ser tomada en serio. El gobierno estadounidense no quiere hacer pública su posición, sea porque está conforme con lo que está pasando pero prefiere evitar cualquier vínculo con “golpistas”, sea porque espera acontecimientos.
De lo primero, de la cierta impopularidad del golpe en Brasil, especialmente entre los potenciales votantes demócratas, da prueba la línea seguida por The New York Times. El diario ha destacado, por ejemplo, que el impeachment está siendo promovido por lo peor de la clase política brasileña en cuanto a corrupción y oportunismo. A intentar mejorar esa imagen habría ido a Washington el senador Nunes, mencionado anteriormente.
La segunda opción, que sería la de mantener prudencia ante el desarrollo de los hechos, no es incompatible con la posición que sí ha manifestado la Organización de Estados Americanos, entidad que no da un paso sin el visto bueno del Departamento de Estado. La OEA ha cuestionado la base legal del proceso de destitución. Su secretario general, el Uruguay Luis Almagro, ha dicho: “Brasil ha sido ejemplo de democracia en el continente y todos necesitamos que lo siga siendo”. La declaración, como es natural, ha sentado mal a los opositores brasileños, pero no es incompatible con una salida de la crisis que pase por la convocatoria de elecciones anticipadas. Esa es la opción que ha defendido en editorial The Washington Post, el diario mejor informado de las intenciones de la política exterior estadounidense. Además de negar que el impeachment sea un golpe y criticar al posible sustituto de Dilma (el vicepresidente Michel Temer, del PMDB, sin más adscripción ideológica que el poder) por ser “más de lo mismo”, el influyente periódico sostiene que lo que necesita Brasil es un gobierno que –a diferencia del actual– adopte “medidas que reparen el daño de años de gasto público y excesiva intervención gubernamental en la economía”.
Follow the Money
El real, la moneda brasileña, se ha apreciado un 20% desde que la destitución de Dilma comenzó a ser más que factible. Como la Bolsa de São Paulo, que ha subido casi diez mil puntos en el último mes. O la prima de riesgo, por encima de los quinientos puntos en enero y por debajo de los cuatrocientos en abril. Como es conocido, la fluctuación de estos valores depende tanto de inversores nacionales como extranjeros, estadounidenses incluidos. El mercado global especula a favor del golpe.
Y tiene abundantes socios locales, particularmente en el sector financiero que perdió influencia con la llegada del PT al poder (2002) pero en los últimos tiempos también en el industrial, con una Federación de las Industrias de São Paulo (FIESP, la mayor patronal del país) que ha encabezado y financiado las protestas callejeras que han acompañado y dinamizado el proceso de destitución.
Es la gestión de la economía lo que cambiaría de forma inmediata con una caída de Dilma Rousseff y el gobierno del PT. O al menos eso son los planes manifestados por los golpistas y sus sustentos mediáticos. Las medidas de esta involución neoliberal pasan por recortes, austeridad, reforma del sistema de pensiones, desprotección laboral y privatizaciones.
Una de las mentes en la sombra del programa económico del eventual gobierno que salga de la destitución de Dilma Rousseff es José Serra. Ministro de Sanidad con Fernando Henrique Cardoso, candidato a la presidencia derrotado por Lula en 2002, alcalde y gobernador del Estado de São Paulo, Serra es ahora senador y el principal interlocutor de Michel Temer con el PSDB. Suyas son algunas de las ideas económicas que podría poner en práctica un gobierno post-Dilma. Las resumía en editorial el diario Folha de São Paulo, habitual vehículo de propaganda de las posiciones de Serra y el sector paulista del PSDB.
El programa es digno de una doctrina del shock, en feliz expresión de Naomi Klein. En primer lugar, “dada la urgencia”, propone una reducción drástica el déficit a cero el año que viene vía recortes. El déficit previsto para 2016 es de cerca del 1% del PIB, unos 60.000 millones de reales, 15.000 millones de euros, lo que da una idea del tamaño del “ajuste”. Iría acompañado -como hemos visto en España- de un aumento de la deuda pública.
El segundo punto del plan de choque es un aumento de impuestos, que compensaría la pérdida de ingresos por la caída de la actividad económica. Cínicamente, los autores del programa aseguran que esos tributos servirían para “atenuar el impacto social del ajuste”. El cinismo absoluto de este programa neoliberal se demuestra a continuación: “es posible frenar los gastos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por dolorosas que sean tales medidas a corto plazo”. O sea, cortar pensiones. Y salarios, “en este contexto de sacrificio general”.
Por último, las joyas de la corona: infraestructuras y privatizaciones. El plan se presenta desnudo de cosmética: dice que se deben externalizar las concesiones y la gestión de las grandes obras públicas. Sobre privatización de los grandes activos públicos todavía en manos del Estado brasileño, la involución neoliberal tampoco se esconde: “Petrobras demanda una terapia intensiva”.
Un detalle con importancia. Es sabido que Petrobrás es el objeto de deseo de las grandes multinacionales del sector petrolífero desde hace años, y más aún cuando fue descubierto el importante yacimiento de curdo en el pre-sal de la costa de Río de Janeiro. Gracias a Wikileaks, sabemos que la petrolera estadounidense Chevron tiene promesas de partidos opositores de que -llegados al gobierno- eliminarían las trabas legales impuestas por el gobierno de Dilma para la entrada de capital privado en la explotación de las reservas submarinas. Quien dio esas garantías a la representante de Chevron en Brasil fue, precisamente, el senador José Serra.
La vuelta de los dueños de la democracia
El proceso de destitución de Dilma Rousseff no puede entenderse sin estos condicionamientos geopolíticos y económicos no expresados en ninguno de los extravagantes discursos que dieron los “nobles diputados” opositores el domingo 17 de abril. Ni dios, ni la familia. Tampoco la lucha contra la “corrupción”, pues un centenar largo de los que votaron por el impeachment tienen causas pendientes de corrupción: el presidente del Congreso, el fanático religioso Eduardo Cunha, el primero, con cuentas millonarias en Suiza por supuesto no declaradas al fisco ni a la propia Cámara que preside.
Los deseos legítimos de limpieza de un sistema podrido e ineficaz tampoco explican el trauma que está viviendo la política brasileña. Si fuese así, si verdaderamente estuviese en la intención de los promotores de las destitución de Dilma Rousseff acabar con esa podredumbre sistémica, no serían personajes como Paulo Maluf, ex alcalde y ex gobernador de São Paulo y condenado por lavado de dinero y cobro de comisiones ilegales, los abanderados de tal limpieza. Y Cunha y Maluf los citamos por ser casos ominosos, vergonzosamente evidentes. La relación completa de auténticos profesionales del robo de recursos públicos, ejemplos de la más abyecta versión de la política entendida como un negocio particular, es demasiada larga.
Evidentemente, el gobierno de Brasil ha cometido errores y traiciones. El primero, y sin entrar demasiado en detalles, su evidente flirteo con un sistema neoliberal que al final lo ha devorado. En su debe también entra la pérdida de pulso callejero, de contacto con las bases tanto del Partido de los Trabajadores como del sindicato afín, la Central Única de Trabajadores. O la falta de control de algunos de sus cuadros, absorbidos por un sistema corrupto. Tampoco ha elegido bien aliados, pues muchos de los que ahora sacan los puñales contra Dilma votaron junto a ella o a Lula en su momento. El PT no ha sabido cambiar el sistema político donde proliferan los partidos políticos sin más ideología que el interés propio y el beneficio personal en un Congreso con veintidós formaciones por naturaleza ingobernable.
La autocrítica será necesaria para el PT y para una izquierda brasileña, en general, demasiado timorata ante un enemigo que ha ido creciendo y tomando la calle que nunca debieron perder los movimientos populares. Sin embargo, esa revisión de lo que se ha hecho mal o no se ha hecho, no puede desviar el foco de lo que está pasando realmente: un golpe de los sectores más retrógrados en lo social y salvajemente capitalistas apoyados o tolerados por el imperio realmente existente.
La caída del Brasil del PT, por lo demás, no es un hecho insólito en una América Latina que vuelve a girar hacia las manos de aquellos que durante estos últimos veinte años han visto cómo las clases populares les arrebataban temporalmente el poder. Las élites latinoamericanas quieren tener lo que consideran suyo por derecho natural. Ya no necesitan a los militares para dar un golpe. Les basta con retorcer las leyes que ellos mismos crearon como dueños de la democracia.
