En una Europa en la que los derechos humanos están en peligro de extinción, sus defensores se enfrentan cada vez a mayores obstáculos para exigir y monitorear el respeto y la garantía de los mismos.
Esta realidad cobra su máxima expresión cuando hablamos de la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. En un contexto de auge de la xenofobia en Europa, son cada vez más frecuentes los discursos políticos y mediáticos basados en la confrontación de “los otros” con “los nuestros” con el objetivo de crear identidades excluyentes y personas “sin derechos”. Las políticas migratorias europeas, lejos de combatir esta realidad y promover el respeto de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, profundizan esos discursos. La Europa Fortaleza, lanza incesantemente un mensaje de protección de nuestras fronteras ante la llegada del “enemigo”, ante el que hay que protegerse. En base a este mensaje, construye muros y vallas coronadas con concertinas, utiliza a otros países -que no respetan los derechos humanos- como gendarmes de las fronteras europeas, refuerza las medidas de retorno y expulsión y convierte en inalcanzables derechos humanos tan básicos como el derecho de asilo. Todo ello evoca en el imaginario colectivo una idea de alarma y de peligro que, lejos de reforzar la convivencia, alimenta discursos xenófobos que cada vez generan mayor dolor y sufrimiento. Basta recordar, que, en los últimos quince años, han fallecido cerca de 40.000 personas en el mar Mediterráneo y que, en Europa, son cada vez más frecuentes los ataques racistas y xenófobos contra estas personas y más difícil la defensa de sus derechos.
Cada vez son más numerosas las voces que se alzan para denunciar esta situación. Sin embargo, cada vez son mayores los obstáculos que se encuentran los defensores/as para visibilizar las violaciones de los derechos que sufren las personas migrantes y refugiadas y exigir justicia y reparación. El Relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores/as de derechos humanos, señaló en su reciente visita a España, que la criminalización de los defensores de los derechos de los migrantes es un fenómeno global que tiene que ver con el cierre de las fronteras siendo cada vez mayor en Europa. Amenazas, hostigamiento, condenas, privación de libertad son ejemplos de la situación que sufren los defensores/as en Europa. A esta situación, se suma la impunidad existente. La mayoría de los casos permanecen invisibilizados y otros no se investigan de forma independiente e imparcial.
Casos como el de los tres bomberos voluntarios de la organización Proemaid que se enfrentan a un juicio en Grecia por tratar de salvar vidas en ese país, el de la activista Helena Maleno de la organización Caminando Fronteras, juzgada recientemente en Marruecos, o las trabas puestas a los barcos de rescate en el Mediterráneo central son claros ejemplos de esta tendencia.
Algunos países europeos, como Hungría están incluso proponiendo la aprobación de una normativa que en la práctica impide a activistas y organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas realizar su labor. Todo ello, bajo la amenaza de penas de multa, suspensión e incluso disolución de la organización.
Ante este escenario, es urgente recordar que los estados europeos tienen la obligación de garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas, investigar los ataques que sufren y proteger a las personas que defienden los derechos humanos.
La Unión Europea debe recordar los valores de respeto a la dignidad y a los derechos humanos sobre los que se asentó y centrar sus políticas migratorias en la garantía de esos derechos y en la protección de las vidas humanas. Aún está a tiempo de salvarse de esa deriva inhumana e inmoral en la que está cayendo.
