En enero de 2020 finalmente en España se puso en marcha el primer gobierno de coalición de fuerzas de izquierdas tras la II República. Mas de ochenta años después del gobierno del Frente Popular, el pacto de gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha posibilitado la entrada en el gobierno con cinco ministros y ministras, por primera vez desde la aprobación de la Constitución de 1978, de una fuerza de izquierda transformadora y alternativa a la izquierda de la socialdemocracia. El PCE se enorgullece de ello, y de que dos de estos ministros y ministras sean militantes comunistas, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha situado como prioridad reformar las leyes laborales para recuperar los derechos perdidos por la clase trabajadora a consecuencia de las reformas laborales de 2010 y 2012.
El acuerdo programático alcanzado entre Unidas Podemos y el PSOE para poner en marcha el gobierno de coalición, incluye expresamente la derogación de la reforma laboral de 2012, además de establecer como principales y urgentes objetivos derogar el despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, eliminar las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo recuperando la ultra actividad, limitar los “descuelgues empresariales” de los convenios y derogar la prioridad de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. También se contempla la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que deberá recuperar los derechos laborales y sociales arrebatados a la clase trabajadora durante los últimos años. El acuerdo programático también contempla la continuación de la subida paulatina del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar al final de la legislatura el 60% del salario medio en España, aproximadamente 1.240 €, y otras medidas sobre políticas activas de empleo, causas de despido y potenciación de la Formación Profesional, con el fin de reducir sustancialmente el desempleo juvenil y mejorar las condiciones salariales y laborales de la juventud en España.
Las fuerzas del capital no van a poner fácil el trabajo del gobierno de coalición ni el cumplimiento del programa acordado, en especial en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y la recuperación de los derechos de la clase obrera.
Probablemente las fuerzas del capital no van a poner fácil el trabajo del gobierno de coalición ni el cumplimiento del programa acordado, en especial en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y la recuperación de los derechos de la clase obrera. El último gobierno de coalición de fuerzas progresistas fue interrumpido en 1936 por un golpe militar, seguido de una guerra y de una dictadura militar de 40 años. El contexto ha cambiado y no es probable una repetición de esta situación, pero la oligarquía actual es la heredera de las derechas que provocaron el golpe del 36 y lo que vino después, y su escaso apego a la democracia es evidente. Conjurar estos riesgos exige activar la vía democrática de la organización de las movilizaciones sociales y sindicales que acompañen nuestra acción de gobierno, movilizaciones que son la única herramienta que puede ganarles este pulso a las fuerzas del capital. Para ello es necesario que las organizaciones sindicales de clase sean conscientes de que deben combinar el diálogo social y la reivindicación socio-laboral, con la capacidad de movilización sindical.
El gobierno no puede ser exclusivamente de las fuerzas políticas que lo componen, sino que debe ser asumido por la clase trabajadora como propio, incorporándose a las tareas de su defensa y de exigir su cumplimiento. Necesitamos trascender urgentemente el actual estadio de coalición electoral de Unidas Podemos y, como hemos acordado innumerables veces en el Partido Comunista de España (PCE) y en Izquierda Unida, impulsar el proceso de convergencia política del que resulte un movimiento político de amplia base social que nos permita construir una mayoría social que sustente este gobierno y nos proyecte a una más amplia mayoría electoral.
