El Informe Político del Comité Central del PCE, aprobado el pasado 26 de abril, marcó las líneas esenciales para la reconstrucción económica y social de nuestro país a favor de la clase obrera y los sectores populares. El plan de reconstrucción parte de la premisa de la recuperación de nuestra soberanía económica y productiva. Y ligada a ésta está la soberanía energética. Para producir los bienes y servicios necesarios, debemos ser capaces de producir y controlar la energía imprescindible.

En este contexto es cuando da comienzo la segunda ronda de conversaciones de la Conferencia de la Carta Energía (TCE). Este instrumento internacional, en el que ha venido participando España, se opone frontalmente con el interés público por varias razones: es incompatible con el objetivo de limitar el incremento de la temperatura global en 1,5ºC del Acuerdo de París sobre el clima, así como con las políticas necesarias para la transición energética justa y con otras medidas imprescindibles de políticas públicas.

El TCE es un tratado multilateral de inversiones en el sector energético orquestándose de manera asimétrica, porque gran parte de sus normas y disposiciones protegen las inversiones extranjeras en materia energética, de tal forma que secuestran la soberanía de los países para decidir sobre su modelo energético, sobre las formas de producción, y de distribución.

La pandemia, que aún hoy sufrimos, ha puesto de manifiesto que sólo desde lo público se puede garantizar la cobertura de las necesidades de la población, atendiendo al interés general y no a la producción de beneficios privados o a la pura especulación. No sólo debemos defender servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación, también necesitamos garantizar el carácter público de los sectores productivos estratégicos.

Cuando el oligopolio energético internacional entiende perjudicados sus espurios intereses económicos, al amparo del TCE, orquesta un sistema de arbitraje opaco que les permite demandar a cualquier Estado resolviéndose los pleitos en despachos privados de abogados que sustituyen a cualquier tribunal. En estas circunstancias, España ha sido demandada en decenas de ocasiones, teniendo que enfrentarse a cuantiosas condenas dinerarias, en una privatización sin precedentes de los mecanismos de resolución de conflictos. Diferentes gobiernos ya han sido condenados a pagar más de 52 mil millones de dólares, cantidad equivalente a la inversión anual necesaria para proporcionar acceso a la electricidad a personas que carecen de ella a escala mundial. Y España, a día de hoy, el más demandado bajo el TCE, acumulando un total de 47 denuncias, de las cuales, 16 ya se han resuelto a favor del inversor. Esto supone 1.046 millones de euros.

Es indudable que resulta incompatible nuestro modelo de reconstrucción del país con un mecanismo como el TCE, que es utilizado para ir contra las iniciativas dirigidas a poner la producción y los servicios energéticos bajo propiedad y control público y democrático, así como a revertir los efectos negativos de las fracasadas privatizaciones del sector energético. Esto resulta especialmente preocupante en el contexto de pobreza energética que sufren muchas familias en España. En 2018, el 15% de los hogares de nuestro país sufría temperaturas inadecuadas, se retrasaba en el pago de las facturas de energía o ambas cosas. Alrededor de 6,8 millones de personas sufrieron pobreza energética o estaban en riesgo de sufrirla. Según Eurostat, España es el cuarto país de la Unión Europea con el precio de la electricidad más elevado y, sin embargo, el salario medio de los hogares españoles está por debajo de la media de la UE. Los datos anteriores aún no tenían en cuenta la magnitud de la crisis económica derivada de la pandemia sanitaria del COVID-19, por lo que el actual escenario es más preocupante.

Otros países ya reaccionaron: Italia se descolgó de este engendro de acuerdo energético hace años y marcó una senda. El TCE no debe ser modernizado, debe ser denunciado, y España debe salir de él.

Por todo ello, hemos suscrito junto con decenas de organizaciones, colectivos y personas a título individual la campaña por la salida de España del TCE. Nuestro Secretario General y diversos camaradas, hemos suscrito la adhesión e iremos haciendo partícipe de esta campaña al conjunto de la militancia, porque está en juego nuestra soberanía energética.

Secretaría de Área Externa del Comité Central del PCE