¿Por qué los impuestos que paga un comunista pueden utilizarse para financiar a La Vanguardia, El País o ABC pero no a Mundo Obrero?
Un grupo muy importante de medios independientes (entre ellos Público, La Marea, Carne Cruda, Ctxt.es, El Salto y Cuartopoder) ha pedido a la Secretaría de Estado de Comunicación una reforma urgente de la Ley de Publicidad Institucional, argumentando que “administraciones de todos los colores políticos la han usado de forma discrecional y opaca para favorecer a medios afines”.
La publicidad institucional es la de servicio público que informa a los ciudadanos sobre la actuación de las administraciones para la protección social en beneficio de los intereses colectivos. La compensación económica que los medios reciben por difundirla debe repartirse con justicia y sin exclusiones.
Los que, con mucha razón, han pedido la reforma de la ley reclaman que se establezcan “criterios transparentes, plurales y estrictamente periodísticos para el reparto de la publicidad institucional” y consideran que “no es justo ni equitativo que la distribución de las campañas institucionales se realice, como hasta ahora, en función exclusivamente de la audiencia (distorsionada con frecuencia mediante cuestionables métodos de agregación) y no tenga en cuenta otras variables asociadas con el periodismo de calidad”. Proponen “establecer topes máximos para los grandes grupos y una serie de parámetros reguladores para el reparto al resto de los medios”.
Incluyen las siguientes entre sus propuestas:
– Apoyar a las pymes periodísticas para favorecer la pluralidad y facilitar la consolidación de medios comunitarios, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro.
– Premiar en el reparto a los medios que contraten a periodistas en paro y establezcan procedimientos para la no discriminación de las mujeres.
– Tener en cuenta si los medios se han dotado de mecanismos efectivos para la defensa de la independencia de la redacción y si mantienen una política de transparencia informativa en cuanto a la propiedad.
Mundo Obrero comparte la petición sobre la reforma urgente de la Ley de Publicidad Institucional y los criterios esgrimidos para establecer un sistema más justo pero considera una discriminación injustificable que el grupo que protagoniza esta iniciativa pida “que sean excluidos del reparto de la publicidad institucional los medios que mantengan relaciones directas con partidos políticos”.
Además de que la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley, no parece muy democrático que la hacienda pública pueda beneficiar a los negocios de los grandes medios financiados por los bancos que utilizan los recursos colectivos y se excluya del reparto de la publicidad institucional a los medios que se sostienen con las cuotas de los afiliados a los partidos políticos.
Estigmatizar a la prensa de partido viola el principio democrático de que todos los votos valgan lo mismo y todas las voces tengan las mismas oportunidades.
