Si los fascistas pueden acosar al vicepresidente y a una ministra del gobierno de coalición sin una reacción inmediata y contundente del Estado para protegerlos, la democracia está amenazada por el odio de los agresores y los mecanismos de respuesta, la seguridad y la justicia, no cumplen con su obligación de cuidar a todos con las mismas garantías.
Incluso si es sólo un sector institucional el que consiente la impunidad de los fascistas, es al conjunto del sistema político al que le corresponde proteger a los agredidos y actuar contra policías, jueces, fiscales y funcionarios que no impiden con los medios que les corresponden la caza de rojos.
Hay también una responsabilidad de los medios de comunicación que no están reclamando la protección obligatoria del sistema democrático para todos por igual, precisamente cuando hay que impedir lo que parece la arbitrariedad de sectores de las fuerzas de seguridad y del aparato judicial contra la izquierda insumisa. En la SER consideran que es más que suficiente contarlo con desgana y que los afectados insistan en las denuncias sin resultados.
