La monarquía española se hunde en el desprestigio y en la crisis más grave que ha sufrido en décadas. Muy tocada por el escándalo de las comisiones ilegales de al menos 100 millones de dólares cobradas por Juan Carlos de Borbón por intermediar entre empresas españolas y la dictadura de Arabia Saudita, se encuentra en muy bajas horas de apoyo popular y se juega su futuro tras cuatro décadas en las que los grandes medios de comunicación, los gobiernos del PSOE y del PP y el poder judicial (y la Constitución declarando irresponsable jurídico al Jefe del Estado) la han protegido y han silenciado y amparado conductas muy poco éticas y algunas casi con toda seguridad delictivas.
El escándalo de las comisiones ilegales pagadas por la dictadura feudal y teocrática de Arabia Saudita, tiranía sanguinaria y violadora de los derechos humanos de sus ciudadanos, por las obras del tren de Alta Velocidad (AVE) sobre el desierto han mostrado la verdadera faz de Juan Carlos de Borbón y de la monarquía española: un Jefe de Estado vitalicio y corrupto que lleva décadas aprovechándose de su puesto institucional público para acumular una fortuna personal mediante comisiones ilegales pagadas por multinacionales y gobiernos déspotas y tiránicos. Cobró de Arabia Saudita 100 millones de dólares y los puso a nombre de testaferros (incluida su amante Corina Larsen) en bancos suizos y en fundaciones en paraísos fiscales. Y ha cobrado durante años, al menos desde 1973, un tanto por ciento por cada barril de petróleo que España le compraba a Arabia Saudita, según ha demostrado la periodista Rebeca Quintans en su magnífico libro Juan Carlos I: una biografía sin silencios.
Por este escándalo de corrupción del tren a la Meca, la Fiscalía suiza y la española han abierto investigaciones por gravísimos delitos que han acabado con la falsa imagen de ejemplaridad que la monarquía española supuestamente había logrado trasladar al mundo entero y han puesto en un grave aprieto judicial a Juan Carlos I, situando a Felipe VI ante una crisis institucional gravísima, cuando muchos aspiramos directamente a la III República como forma legítima de acabar con la corrupción de los Borbones y de las élites españolas y de avanzar hacia una forma de Estado más democrática y popular.
Farsante, caprichoso, ambicioso y consentido
El caso del AVE a la Meca lo ha dejado desnudo. Un Juan Carlos I farsante, caprichoso y ambicioso, consentido y mimado durante décadas de protección estatal.
Porque los del régimen del 78 saben que se juegan la corona, han puesto a trabajar a Felipe y a Letizia, organizando una gira por todo el país para dar una imagen de cercanía y de interés por los españoles y por sus problemas económicos en medio de la pandemia. Sin embargo, el verdadero virus es la corona y su conexión con las élites que han conducido a este país al paro, a la pobreza, a la desigualdad y a la falta de derechos.
La casa real tradicionalmente ha jugado el papel populista de lavar la cara de la oligarquía. Pero el pueblo también abre los ojos y se harta de engaños. Ha podido aceptar una institución privilegiada, antidemocrática y obsoleta a cambio de que al menos su conducta sea o parezca ya no ejemplar sino mínimamente ética y sacrificada. La mayoría ya no acepta una conducta mentirosa, depravada, frívola y corrupta. Juan Carlos I está acabado y la monarquía en crisis, muy tocada. El pueblo sabe que un Jefe de Estado corrupto en un sistema republicano puede ser juzgado como un ciudadano normal y ser despedido a los cuatro años si su conducta es inapropiada.
Digamos la verdad que nadie quiere decir: Juan Carlos de Borbón ha gozado legalmente durante cuarenta años del derecho a delinquir con impunidad.
Hay que acabar urgentemente con esa figura antidemocrática recogida en el artículo 56.3 de la Constitución de la inmunidad jurídica del Jefe del Estado. Es propia del absolutismo y de las dictaduras, intolerable en un Estado de derecho e incompatible con la igualdad ante la ley y la misma justicia para todos.
Como el escándalo y la indignación popular son tan grandes que pueden acabar con la monarquía, se ha pactado entre la casa real y el presidente una huida vergonzante de Juan Carlos I para alejarle de Felipe VI y que su cercanía corrupta no le contamine. Triste y trágico final para un rey que había logrado vender una imagen de limpio y demócrata: verse obligado a vivir fuera de su país como un apestado para la propia corona y para todos los españoles. La corrupción ha hundido siempre a los borbones y este caso no será distinto.
Es el momento de reclamar la República que necesita nuestro país en el siglo XXI: laica, federal, plurinacional y solidaria. Porque con la imposición durante la transición de un rey del dictador y de la CIA se nos robó durante 40 años la República que había que haber legítimamente devuelto al país y la posibilidad de ejercer una auténtica soberanía popular y democrática. Tarea imprescindible y aún pendiente, la de que los ciudadanos podamos decidir sobre el modelo de Estado que queremos para España.
