Las jornadas de movilizaciones y protestas que sacudieron a Chile en octubre del año pasado obligaron a que se consideraran cambios en el país. Las fuerzas populares identificaron en la Constitución uno de los frenos para los avances del país y exigieron cambiar la carta magna de la dictadura de Pinochet.
En las negociaciones, las grandes masas fueron dejadas una vez más fuera de la toma de decisiones. Se sentaron a la mesa los principales partidos políticos (a excepción del Partido Comunista de Chile) sin llamar, ni considerar siquiera, a los representantes de los trabajadores y de los sectores populares.
Pactaron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución (15 de noviembre de 2019) que tenía como fin inmediato aplacar las protestas que estaban siendo fuertemente reprimidas por las autoridades. Eludieron comprometerse con una Asamblea Constituyente y establecieron la denominación de Convención Constitucional. No es una mera cuestión semántica. La principal diferencia estriba en la soberanía. Una Asamblea Constituyente se identifica con el poder de poderes. Representa la máxima instancia del Estado mientras esté en funciones, dadas sus facultades de hacer cualquier cambio. No es lo que se ha aprobado en Chile.
La Convención que se elegirá para redactar la nueva Constitución no podrá “afectar las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado”, lo que implica que el oficialismo contará con todos los recursos gubernamentales para intervenir según sus intereses.
El acuerdo establece que el contenido de la Constitución solo se aprobará con una mayoría de dos tercios de la Convención. La minoría podrá vetar lo acordado por una amplia mayoría.
Los integrantes de la Convención se elegirán en aplicación de la vigente ley de partidos que favorece a las fuerzas políticas con mayores recursos. Los candidatos que puedan emanar del pueblo y no de los grupos políticos tradicionales estarán virtualmente impedidos de darse a conocer y menos de dar publicidad a sus propuestas y programas, por no contar con el necesario respaldo material.
Lo más previsible es un órgano constituyente dominado por los grandes partidos y con una importante influencia del gobierno, que se subordine a las élites del poder y no asuma cambios constitucionales de profundidad.
Pero las fuerzas populares tienen opciones. Las que se manejan son que puedan presionar para que se pase de una Convención Constitucional a una Asamblea Constituyente. Conseguir que entre en ella una buena representación de los candidatos populares. Y hacer posible que prosperen las propuestas con un auténtico impacto positivo para las grandes mayorías.
