El 90% de los habitantes de Martinica y Guadalupe, departamentos franceses de las Antillas, llevan en su sangre los restos de la clordecona, un pesticida muy tóxico y cancerígeno utilizado en las plantaciones bananeras.
“Primero nos esclavizaron y luego nos envenenaron”, denuncian los afectados que recuerdan su pasado colonial de la explotación de los esclavos en la producción de azúcar.
Entre 1972 y 1993, se regaron en Martinica y Guadalupe trescientas toneladas de clordecona, el 20% de la producción mundial de ese pesticida, a pesar de que desde 1979 la Organización Mundial de la Salud lo considera cancerígeno.
El pesticida permanece en la tierra y en el agua. Ha envenenado a la población y contamina los ríos y el litoral, afectando a la agricultura, la ganadería y la pesca.
“Nunca nos dijeron que fuera peligroso” dicen las víctimas que siguen esperando las indemnizaciones del gobierno de Francia, de las empresas que comercializaban la clordecona y de los dueños de las plantaciones que impusieron su utilización.
Esas indemnizaciones fueron ordenadas por el Parlamento de Francia después de una investigación que llegó a la conclusión de que “el responsable es el Estado por su dejadez al no tener en cuenta los riesgos que eran de sobra conocidos”.
