El gobierno de Argentina puede recaudar cinco mil millones de dólares con la ley de aporte solidario y extraordinario aprobada por el Parlamento para imponer un impuesto de entre el 2% y el 3,5% a las fortunas declaradas de más de dos millones y medio de dólares. La derecha opositora lo considera “una confiscación”.
La aportación obligatoria de los más ricos se invertirá en el abastecimiento de suministros médicos, la ayuda a pequeñas y medianas empresas, los programas de asistencia social y las becas para los estudiantes.
La Universidad Católica calcula que en Argentina la pobreza afecta ya al 45% de la población como consecuencia de la pandemia.
