El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó el 29 de febrero de 2000 la sentencia sobre el jurídicamente conocido como CASO FUENTES BOBO CONTRA ESPAÑA que tenía que acabar con un auténtico calvario de muchos años, sufrido por un trabajador de TVE y su familia, en el que abundaron las irregularidades e ilegalidades.
¿Qué grave delito había cometido como trabajador de TVE, de plantilla desde 1973, programador y director de varios programas culturales? Sencillamente expresar mi opinión, como profesional y como ciudadano, en un artículo publicado en Diario 16 en octubre de 1993, cuando RTVE atravesaba una importante crisis profesional, laboral y económica que era motivo de debate público. El artículo se titulaba RTVE: EXPOLIO DE UN BIEN PÚBLICO y se refería a un grave problema que hoy, casi treinta años después, sigue vergonzosamente vigente: la corrupción y la impunidad. Aquello fue fraudulentamente calificado de falta laboral muy grave y me abrieron dos expedientes: uno de 76 días de suspensión de empleo y sueldo y otro de despido.
La sentencia del TEDH, que ha sentado jurisprudencia potencialmente beneficiosa para no pocos trabajadores europeos, declaró que el Reino de España había vulnerado el derecho a la libertad de expresión, protegido en el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
En vez de aplicar (ejecutar) la sentencia del TEDH, restituir a la víctima en sus derechos (su puesto de trabajo) o indemnizarle por los salarios no percibidos durante años y por los enormes daños causados, con un repugnante comportamiento manipularon la sentencia del TEDH y siguieron violando mis derechos, puesto que no corrigieron los daños causados sino que los fueron aumentando.
Al manipular la sentencia del TEDH, donde ponía satisfaction equitatif (satisfacción equitativa) lo tradujeron como indemnization (indemnización) y despacharon el incómodo y maldito asunto con un millón y medio de pesetas, en vez de con decenas de millones como en justicia habría correspondido. Convirtieron en muy barato el despido indecente.
Aunque España ratificó el Convenio de Roma en 1979 y a pesar de repetidas recomendaciones de juristas, el PP y el PSOE no promulgaron la necesaria ley en la que constara qué procedimiento debería de seguirse para aplicar en España las sentencias del TEDH. Así se convertía al gobierno de turno en juez y parte para la aplicación o no aplicación. Una auténtica aberración.
Además de la manipulación de la propia sentencia del TEDH, han tenido la desfachatez de mentir ante el Congreso de los Diputados y ante el Consejo de Europa, asegurando que “la sentencia del Caso Fuentes Bobo ya ha sido ejecutada“ y que “España cumple todas las sentencias del TEDH“.
Un aspecto importante y significativo a destacar es que los poderosos medios españoles de presunta comunicación han permanecido callados. Y no precisamente porque no hayan tenido numerosas ocasiones de informar respecto a un asunto de interés laboral, social, jurídico y político.
SOLICITO PUBLICAMENTE
– La aplicación inmediata de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, indemnizando a la víctima por los enormes daños causados por las irregularidades e ilegalidades cometidas en el ámbito judicial y político durante los numerosos procedimientos en España antes y después de la sentencia del TEDH.
– Que se investigue y se esclarezca lo que viene ocurriendo realmente desde hace años con las sentencias del TEDH y que se tomen todas las medidas oportunas para que no se manipulen las sentencias y se apliquen en España con el rigor propio de un Estado Social y Democrático de Derecho.
– Que se aplique la ley sin contemplaciones a aquellos que se demostrara que han actuado de forma fraudulenta o criminal, provocando injusticias y enormes daños a personas inocentes que cumplieron con el deber ético y cívico de denunciar la corrupción.
