El Paro continúa, la represión se recrudece y el Gobierno criminaliza la protesta. La negociación con el Comité de Paro no vislumbra salidas a corto plazo.

Popayán se ha convertido en un nuevo foco de las protestas en Colombia tras el asesinato a manos de la policía de Sebastián Quintero Munera, de 22 años, que recibió un disparo en el cuello de una bomba aturdidora. El estudiante se encontraba protestando por la muerte el 14 de mayo de Alison Meléndez, de 17 años, que se quitó la vida tras haber sido abusada por los policías del ESMAD que la detuvieron la noche anterior.

Las protestas se concentraron en torno a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), unas dependencias de la Fiscalía que acabaron ardiendo.

La escalada de la tensión en Popayán se ha incrementado con la orden dada por el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano, de militarizar la ciudad. La capital del Cauca está bajo toque de queda y ley seca desde las 18.00 del viernes.

Durante toda la noche del viernes 14 de mayo aeronaves de guerra sobrevolaron la ciudad. Hay una lista larga de detenidos desaparecidos, hay 45 heridos, 3 de ellos con riesgo de perder un ojo. Ha habido un ataque constante a los defensores de derechos humanos.

ASÍ FUNCIONA EL TERRORISMO DE ESTADO EN POPAYÁN

El ministro de Defensa, Diego Molano, encabezó este sábado un consejo de seguridad en Popayán en el que afirmó que detrás de la destrucción de las sedes de Fiscalía y de medicina legal en Popayán están las disidencias de las FARC y ofreció una recompensa de 14.000 dólares a quien facilitara información sobre estas personas.

Este señalamiento ha motivado la siguiente denuncia de la organización defensora de derechos humanos Indepaz:

“Popayán, 15 de mayo de 2021

El Ministro de Defensa, señor Diego Molano Aponte al terminar el Consejo de Seguridad realizado este 15 de mayo señaló como responsables de acciones terroristas contra la Unidad de Reacción Inmediata URI a cuatro jóvenes a quienes acusó de responder a planes de grupos armados criminales.

Según el ministro: “La primera hipótesis apunta a que integrantes de las disidencias de las FARC estarían detrás de este ataque con unos delincuentes ubicados en las comunas 5 y 6, por ello en Popayán han sido identificados algunos de los cabecillas que por estos actos vandálicos como alias Andrés, alias Cheto, alias Maíz y alias Caleño, se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por aquellos que den información que permita esclarecer este hecho y acto terrorista que afecta la ciudad y la institucionalidad….”

Estas acusaciones son realizadas por encima de procedimientos del debido proceso poniendo en peligro la integridad y la vida de las personas señaladas. En la práctica, el señalamiento de estos jóvenes como objetivos de alto valor equivale a autorizar su captura y su ejecución como se acostumbra con objetivos de guerra de las llamadas disidencias de las FARC.

Indepaz rechaza estos procedimientos de justicia sumaria contra cualquier persona y en este caso exige el pleno respeto a los derechos de las personas sindicadas. Tres de ellas son conocidos defensores de derechos humanos con los cuales Indepaz ha desarrollado actividades por la memoria y la paz.

José Daniel Gallego, líder estudiantil, estudiante de filosofía de la Universidad del Cauca, miembro del colectivo Arando Semillas para la paz, de la mesa de diversidad sexual de Popayán, de la comisión de DDHH de la Universidad del Cauca y del colectivo estudiantil Tuto González Posso. Un reconocido defensor de derechos humanos y hombre de paz.

Andrés Maíz Sánchez es comunero indígena Nasa del Resguardo de Julumito, del CRIC. Es un destacado líder social que articula procesos de comunidades campesinas, afro, sectores urbanos y de personas diversas. Es miembro fundador de la red de cocineros tradicionales Mesa Larga, guardián de semillas de la red de guardianes de semillas nativas.

Andrés Duque, líder social que realiza trabajos de organización y solidaridad en los barrios de la ciudad. Hace parte de Periferia Crítica y de la Corporación Sinaí.

No se ha aclarado por parte de las autoridades cuál es la identidad del cuarto de los mencionados por el ministro Molano.

Al acusar a los mencionados líderes sociales como terroristas y cabecillas de un grupo armado organizado que presuntamente se ha robado 52 fusiles y armas de dotación oficial, se está poniendo en peligro su vida. Además, con este procedimiento y el anuncio de militarización de la ciudad y de órdenes de acción implacable por parte del ESMAD, lo que se pretende es sembrar el miedo y el terror entre la población y justificar el tratamiento de guerra a la situación de orden público y a las manifestaciones de protesta en Popayán.

Ninguna acción de protesta e incluso ninguna acción violenta de civiles desarmados, justifica que agentes del Estado actúen con armas de fuego o con equipos supuestamente no letales que se usan para dañar e incluso matar como sucedió con el joven Sebastián Quintero Múnera, asesinado el 14 de mayo de 2021. El daño a bienes públicos y las agresiones a los agentes de la policía son condenables y son rechazadas por Indepaz como por los organizadores de la protesta pacífica. Pero con mayor énfasis señalamos que el uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza por parte de la fuerza pública es el principal agente de terror y violencia en medio de las movilizaciones que se realizan en Popayán.

Indepaz llama la atención a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, a la CIDH y a toda la comunidad internacional sobre la grave situación que se presenta en Popayán cuando se declara a civiles y defensores de derechos humanos como objetivos de guerra y al mismo tiempo se elude la responsabilidad de la Fuerza Pública por la violencia desproporcionada y homicida contra quienes ejercen el derecho a la protesta, como lo muestra el asesinato de Sebastián Quintero Múnera y los abusos contra adolescentes.

Expresamos nuestra solidaridad con las familias de Sebastián Quintero Múnera y con la comunidad del Colegio Mayor del Cauca y a la ciudadanía de Popayán.»

LA REPRESIÓN CONTINÚA EN CUNDINAMARCA Y EL VALLE

Las fuerzas policiales continúan arremetiendo contra los jóvenes en múltiples localidades, continúa aumentando el número de heridos civiles y detenidos.

En Buga, Valle del Cauca, el ESMAD continúa agrediendo a la población en los barrios donde residen, causando múltiples heridos, detenciones arbitrarias y terror:

En Bogotá la policía está atacando en los barrios, tratando de generar terror y restar apoyo a la protesta. Se están registrando torturas, como las denunciadas en el Portal de las Américas, en la localidad de Kennedy.

LA CIDH SOLICITA VISITAR COLOMBIA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha anunciado su solicitud para realizar una visita de trabajo a Colombia para observar en terreno la situación de los derechos humanos en el entorno de las protestas sociales que comenzaron el 28 de abril.

«En el marco de su mandato de monitoreo permanente a la situación de derechos humanos en el país, la CIDH ha recibido diversas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales», ha indicado el organismo en un comunicado emitido en Washington.

La información recibida por la Comisión señala, entre otras, la existencia de personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a indígenas.

CONGRESISTAS PIDEN AL GOBIERNO DE EEUU SUSPENDER LA AYUDA A COLOMBIA

50 congresistas de Estados Unidos piden condicionar la ayuda a Colombia.
Los lidera el demócrata Jim McGovern, que constantemente ha buscado incidir ante el gobierno del también demócrata Joe Biden para que ponga el ojo en la protección de derechos humanos en Colombia.

En una carta al secretario de Estado, Antony Blinken manifiestan «profunda preocupación por la situación política y de derechos humanos en Colombia, que permanece fuera de control mientras la protesta legítima entra en una tercera semana».

Por eso piden al Gobierno estadounidense:

* Denuncie la violencia y pida su reducción y facilite soluciones.

* Suspender la asistencia a la Policía, diferente a la «que no sea la capacitación en derechos humanos», hasta que se noten mejoras en el uso de la fuerza y la responsabilidad judicial por casos de brutalidad policial, incluidos los cometidos 2019 y 2020.

* No brindarle cooperación al Esmad y congelar la venta de «armas, equipo o capacitación» para ese escuadrón de la Policía.

* Rechazar las declaraciones del Gobierno y de políticos que relacionan las protestas con grupos terroristas.

De esta manera aumenta la presión internacional contra el gobierno de Duque. Ya la OEA, la ONU y la Unión Europea rechazaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía durante las protestas del paro, que cumple 18 días.

Los 50 congresistas estadounidenses también le piden a gobierno de su país «poner inmediatamente a disposición de Colombia (y de América Latina en general) decenas de millones de las dosis excedentes de la vacuna COVID-19 que ha almacenado».