Presentación de documento nº 26.
El franquismo construyó un aparato represivo y autoritario usando distintas tácticas violentas, fundamentándose en unos aparatos especializados y en una jurisdicción militar que legitimó sus actuaciones, el control total de la sociedad y la persecución de los enemigos del nuevo régimen. El sistema judicial franquista estuvo fundamentado en una serie de leyes promulgadas que le dieron un corpus jurídico y una estructura legal para realizar sus acciones represivas. El mando de la justicia ordinaria civil por parte de los militares conllevó a la celebración de miles de procedimientos judiciales en consejos de guerra sumarísimos y realizados en los cinco tribunales de justicia territorial militar existentes.
La actividad política del que fuera máximo dirigente del PCE en el interior del país, Heriberto Quiñones, fue tenaz y productiva durante los meses que estuvo en Madrid clandestinamente. Incluso incumpliendo las estrictas normas de seguridad que había impuesto a la militancia para evitar las detenciones progresivas que se producían. El día 30 de diciembre de 1941, Quiñones tenía una cita convenida en el domicilio de un camarada. Iba acompañado de otros dirigentes por la calle Alcalá, esquina Avenida Plaza de Toros (uno de ellos iba ligeramente adelantado por seguridad). Antes de llegar a la calle de Manuel Becerra, un coche de policía se paró bruscamente y salieron de su interior varios agentes de la Brigada Político Social que detuvieron a los dos comunistas, no sin antes oponer resistencia (el tercero pudo escapar). De allí fueron llevados a la tristemente famosa Dirección General de Seguridad, situada en la Puerta del Sol. En un primer momento facilitaron nombres falsos, pero finalmente confesaron su identidad real, única información que Quiñones manifestó en un primer momento, ya que palabras textuales de la policía “se negó en absoluto a hacer más manifestaciones alegando que se encontraba enfermo de pecho y garganta (algo real porque padecía una tuberculosis pulmonar) lo que le impedía hablar, encerrándose seguidamente en el más absoluto mutismo”.
En Madrid, los detenidos políticos en ocasiones eran llevados a las comisarias de los diferentes distritos madrileños donde se hacían las primeras pesquisas, rellenando unas fichas personales donde aparecían los datos de los detenidos, la brigada que investigaba el caso, el número de expediente, la fecha y el motivo de la detención. Si los detenidos o detenidas eran apresadas por actividades clandestinas de tipo comunista, la causa pasaba al juez especial de la Masonería y el Comunismo (el primero fue Jesualdo de la Iglesia Rosillo y con posterioridad, Enrique Eymar Fernández).
Mientras la policía preparaba los interrogatorios de Quiñones y ante la negativa de este a manifestar su domicilio, se puso a investigar dónde podría estar hospedado seguramente con documentación falsa. No apareció entre las listas de viajeros que llegaron a Madrid (las casas de huéspedes y las pensiones tenían la obligación de entregar a la DGS esos listados). Debido a ello, la policía publicó un anuncio en el diario ABC explicando con las señas del detenido que un individuo había sido hospitalizado sin documentación y que buscaban la ayuda de aquellas pensiones que hubieran tenido alojados a alguien con esas características. Fue así como el 5 de enero se presentó en las dependencias de la Puerta del Sol la dueña de la casa donde Quiñones residía. Tras reconocerle, la policía fue a la calle Felipe II, 48, donde pudo ver que se hacía pasar por un agente comercial con el nombre de Anselmo González y que tenía en su habitación tres maletas. En el interior de ellas descubrieron gran cantidad de documentación política y personal (partes de guerra, el Anticipo de Orientación, publicaciones clandestinas, discursos, etc).
Desde ese momento, Quiñones recibió bárbaras palizas durante dos meses. La primera declaración, fechada el 10 de enero, ya no pudo firmarla porque le habían paralizado las extremidades, utilizando solamente su huella del dedo pulgar de la mano derecha. En las manifestaciones que hizo, Quiñones se hizo responsable de la organización comunista clandestina, incriminando a otro individuo ficticio llamado Jorge. Hizo referencias a sus relaciones con otros camaradas, a la creación de la Comisión Central Reorganizadora, del Anticipo de orientación, del programa de Unión Nacional y de varias entrevistas mantenidas con cuadros llegados de América.
Una vez interrogado, Quiñones fue llevado de la DGS en camilla por las torturas recibidas, con la columna vertebral rota y ambas extremidades paralizadas (unos médicos militares abrieron una investigación interna para ver qué podía haber ocasionado dicha parálisis, los cuales realizaron dos informes; en uno no determinaron las causas de la cuadriplejía que sufría y en el otro afirmaban que el enfermo simulaba la paraplejía porque por las noches movía los brazos). El único apoyo que recibió Quiñones durante su permanencia en Porlier fue el de su compañera, Josefina Amalia Villa, y el de la familia de su mujer, Aurora Picornell, asesinada en enero de 1937. Durante su estancia en la prisión de Porlier, Quiñones fue ignorado por sus camaradas de Partido e incluso fue expulsado del mismo acusado de traidor y desviacionista.
La maquinaria judicial franquista elevó el auto del pleno abierto contra Quiñones y otros detenidos más en su misma causa (con anterioridad habían solicitado antecedentes a la Causa General o por anteriores detenciones que tuviera). El fiscal solicitó la pena de muerte y desde el juzgado de la Masonería y el Comunismo le avisaron de la petición de la última pena y de la fecha de la celebración del juicio. El consejo de guerra sumarísimo tuvo lugar el 26 de septiembre de 1942 (en Madrid se celebraron los juicios en el edificio del Palacio de Justicia, situado en las Salesas donde fueron instalados los diferentes juzgados militares especiales y permanentes; a partir de 1944 los juicios se hacían en la prisión de Alcalá de Henares y en la de Ocaña) que estaba compuesto por un presidente, tres vocales y otro vocal ponente, más el abogado “defensor” que tenía que ser militar con una graduación mínima de teniente, alférez o capitán y el fiscal militar. El título de la causa era sintomático “Delito contra la seguridad del Estado contra Heriberto Quiñones y veintiún más” cuyo número de causa era el 109.539 (entre 1939 y 1949, en la Primera Región Militar que comprendía Madrid, Levante, Extremadura y la actual Castilla-La Mancha, instruyeron más de 146.000 expedientes militares donde fueron encausadas más de 250.000 personas).
Las sentencias eran tomadas por unanimidad o por una mayoría de los votos entre los miembros del consejo de guerra. El veredicto ratificado se remetía al Capitán General de la Región correspondiente que era el que finalmente la aprobaba. Las sentencias no se podían recurrir, aunque fuera para solicitar alguna medida de gracia. Si el dictamen era la pena de muerte, tenía que ser ratificada por la Casa del Jefe del Estado. La Auditoria de Guerra detenía las ejecuciones hasta que no llegara el enterado y este, en la mayoría de los casos, llegaba firmado por el asesor del jefe del Ministerio del Ejército. Con posterioridad la oficina jurídica de Franco comunicaba al coronel auditor de la Primera Región Militar la disposición para los fusilamientos. En los oportunos juzgados donde estaban los procesados con la última pena se hacían las listas de estos y se enviaban al director de la DGS. Este hacía unos informes de traslado y aviso dirigidos a las prisiones donde estaban los condenados a muerte (en un primer momento y para el caso de los penados a muerte en Madrid, estaban en la prisión de Porlier, luego en Alcalá de Henares, Ocaña y Carabanchel, y para las mujeres, en la prisión de Ventas).
En la causa de Quiñones fueron elevadas tres condenas de muerte (el propio agente internacionalista, Luis Sendín y Ángel Fermín Cardín) y diversas penas para el resto de condenados. El 2 de octubre de 1942, a las 6.30 horas de la mañana en el cementerio madrileño del Este fueron fusilados los tres culpados a muerte. Quiñones fue sentado en una silla debido a que la parálisis no le dejaba estar en pie. Antes de ser fusilado, gritó: ¡Viva la III Internacional! Fueron enterrados en el mismo cementerio del Este.
En el documento titulado “El Consejo de Guerra de Heriberto Quiñones” aparece un resumen de las partes más importantes del juicio abierto contra el máximo dirigente del PCE clandestino. En el escrito, aparte de la portada de la causa, se muestran las primeras declaraciones del detenido ante la policía en la Dirección General de Seguridad, tras ser bárbaramente torturado, las cuales solamente pudo firmarlas con la huella de su dedo pulgar derecho. Algunas de las remisiones de diligencias internas seguidas por los miembros de la BPS, la extensa relación de documentos ocupados por la policía en el domicilio donde Quiñones se alojaba y finalmente la sentencia del consejo de guerra con la pena de muerte para Quiñones y las distintas condenas impuestas a sus compañeros de causa militar.
