En Catalunya, desde hace varios años vivimos inmersos en un contexto político y social totalmente atravesado por la crisis territorial más importante desde la transición política, concretándose en el denominado “procés”.
Además, estos años también han estado marcados, en el plano económico y social, por la continuidad de los efectos de la crisis de 2008 en la clase trabajadora y en los barrios populares, y agravada por las consecuencias de la pandemia del COVID19, mientras los sucesivos gobiernos “convergentes” fueron desmantelando los principales servicios públicos, siendo los alumnos aventajados de Europa en la aplicación de los recortes.
Este escenario, que hace años que necesita urgentemente soluciones para diferentes problemas arrastrados, ha estado enmarcado durante una década en una parálisis institucional que ha conllevado unas consecuencias socialmente nefastas, y que tendrán un difícil arreglo a corto plazo. Las elecciones al Parlament de Catalunya del pasado 14 de febrero, realizadas entre diferentes polémicas cruzadas dieron lugar a unos resultados que podían ser una oportunidad para pasar página y abrir un periodo donde las políticas sociales ocupasen la centralidad del debate político y se dejara atrás la “guerra de banderas”. Desde entonces, más de tres meses de negociación junto a los ya normalizados enfrentamientos públicos y notorios entre ERC y Junts (bajo la atenta mirada de la CUP) nos han hecho volver a la casilla de salida: un Gobierno de continuidad, con los mismos actores, pero simplemente intercambiándose las consejerías y sin un proyecto claro para reconstruir Catalunya.
Se ha perdido demasiado tiempo para llegar a este resultado, ante una doble resignación entre repetir las elecciones o repetir la misma fórmula de gobierno, cuando se sabía lo que el marco del bloque independentista podía dar de sí, y constatando una vez más, las tensas relaciones entre los dos socios. La larga y conflictiva negociación evidencia que seguirá el chantaje permanente entre socios y planeará el recurso de Junts de tachar de “traidores” a ERC ante el mínimo movimiento que pueda ser leído como una moderación en los objetivos del procés o un cuestionamiento público de la “opinión de Watterloo”.
Estamos en las primeras semanas de esta nueva reedición del gobierno de Junts y ERC. Presidido por ERC, sí, pero con una posición determinante de la derecha nacionalista representada por Junts. Esto aleja la perspectiva que podía suponer un gobierno de progreso que abordase las transformaciones que necesita el país y que requieren de amplias mayorías políticas y sociales. Porque ni un (hipotético) 52% da la fuerza suficiente para resolver el conflicto político en relación al futuro nacional de Catalunya ni tampoco permite las grandes transformaciones estratégicas para la recuperación económica y social de la etapa post-COVID19. Sabemos que sólo con la movilización social se podrán ir situando los cambios necesarios para avanzar en esta línea.
Entrando brevemente en el documento para el acuerdo de investidura, podemos ver como las propuestas evidencian poca ambición y muestran las contradicciones de un gobierno que estando presidido por ERC (formalmente socialdemócrata), dejará la dirección económica y fiscal en manos de la derecha nacionalista de siempre, y más en concreto en manos de una de las personas que han estado al frente de La Caixa, uno de los poderes fácticos de Catalunya.
Lo que no nos deberá extrañar cuando desde la responsabilidad de economía se frenen tímidas propuestas progresivas, o se quieran aplicar políticas neoliberales, cuestionando el valor de lo público, y facilitando las privatizaciones y externalizaciones.
Además, la propia configuración del gobierno, parcelado e inconexo entre ambos socios, anuncian ya contradicciones en la forma de abordar las políticas públicas, económicas o ambientales, autolimitándose su vida útil. Sin propuestas de refuerzo del sector público, ni una apuesta decidida por los servicios públicos será difícil, por no decir imposible, resolver los graves desequilibrios y desigualdades sociales.
Pero más allá de la configuración interna del nuevo gobierno, el bloque cada vez menos compacto del independentismo deberá decidir si continuar aislado en su espejismo político perpetuado por una serie simbolismos de autoconsumo, o si tender puentes para lograr una solución dialogada. En este sentido, la tramitación de los indultos a los presos independentistas puede ayudar a la apertura a posibles salidas al conflicto catalán. Aunque sabemos que dependiendo de los complejos equilibrios dentro del mapa político español, hoy se vislumbra una posible fase de distensión necesaria para avanzar.
Ahora apenas empieza la legislatura, y ante la resignación hay que construir la alternativa. Debemos articular un proyecto de país que vaya más allá de una posible solución de carácter temporal al conflicto catalán en el actual escenario. Los y las comunistas, que nos reclamamos de la tradición republicana en su sentido democrático más profundo, debemos defender sin vacilaciones la apertura de un proceso constituyente hacia la República Federal y solidaria, donde el derecho a la autodeterminación sea uno de los componentes de la solución duradera al conflicto territorial. Este sentir popular que todavía puede parecer incipiente, tiene que ir adquiriendo consistencia, debe articularse en los barrios, centros de trabajo y de estudios, debe cristalizar en un proyecto político que supere el independentismo de base cultural-nacional, hoy hegemonizado por ERC y Junts. En ese proyecto, el catalanismo popular debe ser una pieza fundamental para situar una visión de clase y para cerrar las heridas abiertas en la sociedad catalana. Ante el continuismo que representa esta etapa enmarcada en el post-procés, los y las comunistas catalanes nos situamos a la ofensiva, y desde la tradición unitaria que nos identifica, nos emplazamos a construir la alternativa.
