Carlos Berzosa ha destacado que España fue en 2020 el tercer país de la UE con mayor número de solicitudes de asilo, tras Alemania y Francia. Pero nuestro país concede solamente un 5% de las solicitudes de asilo, casi siete veces menos que la media europea (que es del 33%).
Estrella Galán ha explicado que Venezuela, Colombia y Honduras son los tres países de los que proceden la mayoría de las solicitudes de asilo. Galán ha subrayado que una reivindicación urgente al Gobierno español es que se elimine la exigencia del visado de tránsito a todas las personas solicitantes de asilo procedentes de países en conflicto, como Siria, Yemen o Palestina.
Paloma Favieres ha incidido en la necesidad de que España amplíe el reconocimiento entre los grupos dignos de protección a las víctimas de la violencia y persecución de actores no estatales. CEAR reconoce que ha habido avances en los últimos años en el reconocimiento del asilo a víctimas de trata con fines de explotación sexual y a las víctimas de persecución por pertenecer al colectivo LGTBI, y reclama que se siga ampliando el reconocimiento del derecho de asilo a las víctimas de actores no estatales.
Durante la presentación del informe CEAR ha proyectado un vídeo con el testimonio de una solicitante de asilo colombiana, líder social indígena en Soacha (Cundinamarca) que fue amenazada de muerte por grupos criminales narcoparamilitares. CEAR señala la necesidad de que no se apliquen criterios generales ante este tipo de solicitudes. Cabe recordar que en Colombia los grupos narcoparamilitares solamente en 2020 asesinaron a más de 300 líderes sociales como ella en todo el país. Se trata de una violencia brutal y sistemática, para desalojar a quienes se interponen en el objetivo de estos grupos criminales de control del territorio.
ESPAÑA VUELVE A DEFRAUDAR EN MATERIA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
El Informe Anual de CEAR 2021 destaca que España volvió a defraudar a las personas refugiadas el año pasado, aprobando tan solo una de cada 20 solicitudes de asilo, muy lejos de la tasa media de reconocimiento del 33% de los países de la Unión Europea. Al mismo tiempo, concedió la autorización de residencia por razones humanitarias a cerca de 41.000 personas, en su práctica totalidad procedentes de Venezuela.
Además, mantuvo un escaso reconocimiento a las víctimas de persecución por parte de agentes no estatales (pandillas, bandas criminales, etc), un reconocimiento fundamental ya que representa una forma de persecución digna de protección.
“Es preciso avanzar en su eliminar trabas para que puedan venir de forma segura personas procedentes de países en conflicto como Siria, Yemen o Palestina debido a la exigencia del visado de tránsito”, destacó la directora de CEAR, Estrella Galán.
A pesar del descenso en las llegadas a través de Ceuta y Melilla, CEAR denuncia que a lo largo del año se produjeron al menos 212 “devoluciones en caliente”. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado subraya que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo como el Constitucional español ya señalaron las garantías legales exigibles, requisitos que en estos casos, como en los más recientes en Ceuta, no se cumplieron.
CEAR también ha denunciado que la pandemia ha incrementado las restricciones de movimiento, dejando a miles de personas atrapadas en países no seguros. Ante esta situación es más urgente que nunca que España active vías legales y seguras como el reasentamiento, los visados humanitarios, petición de asilo en Embajadas y representaciones consulares y facilitar la reagrupación familiar.
Respecto a la crisis humanitaria vivida en Canarias, con la llegada de más de 23.000 personas en 2020, la organización señala que para que no se vuelvan a vivir situaciones como la del muelle de Arguineguín, ni la cronificación de macrocampamentos, son necesarias políticas migratorias con otra mirada, no solo centradas en el blindaje de fronteras, planificadas y coordinadas, que incluyan un sistema de traslados a la península ágil, transparente y sin discriminación por nacionalidad, con un reparto solidario por todo el territorio español, evitando convertir los territorios insulares y periféricos en grandes espacios de retención, así como modificar los protocolos de atención a?menores.
CEAR celebra que, tras décadas de reivindicación, el Tribunal Supremo ha reconocido la libertad de circulación para los solicitantes de asilo que residen en Ceuta y Melilla por todo el estado español.
EUROPA VUELVE A DAR LA ESPALDA AL REFUGIO
Un año más, la ruta migratoria del Mediterráneo volvió a resultar la más mortal del mundo, con al menos 1.417 personas fallecidas tratando de llegar a Europa, aunque debido a la pandemia y los fuertes controles fronterizos, las llegadas de migrantes se redujeron a menos de 100.000 durante el año.
De nuevo, las solicitudes de asilo en el conjunto de la Unión Europea volvieron a descender, y se concentraron principalmente en Alemania, Francia y España, mientras que la tasa de reconocimiento se mantuvo estable y se aprobaron de media una de cada tres peticiones.
Por último, para CEAR el nuevo Pacto de la UE sobre Migración y Asilo supone continuar una política basada en los retornos, reforzando el papel de Frontex, además de imponer la responsabilidad de la acogida al primer país de entrada, sin ofrecer soluciones basadas en una solidaridad compartida con los países del sur de Europa (España, Italia, Grecia y Malta).
“Al no definir un mecanismo de reparto obligatorio, el supuesto sistema de solidaridad entre países se queda convertido en un ‘menú a la carta’ que permite a los Estados del norte de la Unión convertir a los países del Mediterráneo en el parapeto de las llegadas y acogidas con una implicación voluntaria y no vinculante. Por tanto, es una nueva oportunidad perdida para que la UE muestre su compromiso con la protección de las personas refugiadas de una forma equilibrada y justa”, lamentó Galán.
