El pasado 13 de abril, a las 5h 45’, más de veinte soldados del ejército israelí fuertemente armados se presentaron en el domicilio de Juana Ruíz Sánchez en la localidad cisjordana de Beith Sahur, cerca de la ciudad de Belén. Según relatan personas del entorno de esta trabajadora humanitaria, tanto ella como su esposo palestino y su suegra fueron intimidados para luego llevarse a Juana para someterla a un interrogatorio sin siquiera informarle de los cargos que le imputaban.
Juana, que lleva más de treinta años residiendo en los territorios palestinos y que trabaja como coordinadora de proyectos en la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud, fue finalmente acusada, a principios de mayo, de cinco cargos por la justicia militar de Israel, entre los que se incluyen los de pertenencia a organización ilegal, participación en actividades de una organización ilegal y formar parte de la junta directiva de una organización ilegal. De esta forma, Israel persigue toda actividad que sirva de apoyo al pueblo palestino, considerando infundadamente que la ayuda internacional que las ONGs reciben para causas humanitarias, como los Comités de Trabajo para la Salud, sirve para financiar al FPLP, criminalizando a las personas cooperantes como Juana.
El juicio militar contra Juana, trabajadora humanitaria detenida por Israel, fue postergado por segunda vez sin que se haya producido ningún pronunciamiento de condena de estos hechos por parte del gobierno español.
La cooperante ha sido detenida bajo falsas acusaciones, sin respetar sus derechos fundamentales y sin garantizarse su derecho a una defensa adecuada.
– ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el gobierno de España y concretamente el Ministerio de Asuntos Exteriores para lograr la liberación de Juana Ruíz Sánchez?
– ¿Considera adecuado el gobierno someter a la jurisdicción militar a una trabajadora de una ONG que colabora con causas humanitarias en los territorios palestinos?
RESPUESTA DEL GOBIERNO
Desde que se tuvo conocimiento de la detención de la Sra. Ruiz, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, viene realizando un atento seguimiento del caso, al que concede la máxima prioridad, tanto por parte de los servicios centrales como de la Embajada de España en Tel Aviv y del Consulado General de España en Jerusalén, manteniendo una estrecha coordinación con el fin de brindar la adecuada asistencia consular.
El Consulado General de España en Jerusalén ha desplegado numerosas gestiones para garantizar el derecho de visita consular desde entonces, lo que permitió que la primera visita consular se produjese el 21 de abril.
La Sra. Ruiz ha podido volver a ser visitada en un total de cinco ocasiones con el objetivo de garantizar que se le dispensa un trato adecuado, así como para transmitirle mensajes de sus familiares y hacerle llegar objetos personales.
Además, personal del Consulado General de España en Jerusalén ha asistido a varias de las vistas judiciales celebradas hasta la fecha y mantiene un estrecho contacto tanto con los familiares de la Sra. Ruiz como con su asistencia letrada, tratando de asegurar la adecuada protección de los derechos de defensa, incluidos los relacionados con la necesaria interpretación.
Por otro lado, el Director General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares ha mantenido sucesivas conversaciones con la Embajadora de Israel en España, con la finalidad de transmitir el interés de este Ministerio por el caso y la necesidad de velar tanto por los derechos de la Sra. Ruiz como por el adecuado ejercicio de la asistencia consular.
Por otra parte, se informa que el Gobierno de España hace un seguimiento regular de la evolución de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, cuestión que forma parte del amplio diálogo político que mantienen España e Israel, así como del diálogo que, en el marco de la política de vecindad, mantiene la Unión Europea con Israel.
La situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados es también objeto de especial atención en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En este sentido, el Gobierno de España seguirá promoviendo el respeto del Derecho internacional y apoyando a las organizaciones de la sociedad civil como contribuyentes esenciales a la buena gobernanza y al desarrollo sostenible en los Territorios Palestinos Ocupados, en Israel y en otros lugares.
La Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo adopta todas las salvaguardias necesarias para evitar el uso indebido o desviación de fondos con fines no previstos.
Por lo que respecta a la cuestión de los presos palestinos, España y la Unión Europea plantean periódicamente este asunto ante Israel, y han reclamado a este país que respete plenamente el Derecho internacional humanitario, sus obligaciones en materia de derechos humanos y las normas internacionales aplicables en la materia.
España mantiene su firme compromiso con una resolución justa y global del conflicto entre Israel y Palestina, basada en una solución con dos Estados acorde con los parámetros internacionales, y promueve activamente la restauración de un clima de confianza entre las partes que permita retomar las negociaciones.
Madrid, 24 de septiembre de 2021
