El proyecto de reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) elimina al tercer sector, reduce la financiación de RTVE, aumenta la impunidad de los negocios audiovisuales y consolida el modelo del Partido Popular en las autonomías para que cada gobierno decida si controla, cierra o privatiza el servicio público de la radio y la televisión. Como si cada comunidad autónoma pudiera decidir si mantiene, privatiza o elimina la sanidad pública.
La actual LGCA establece teóricamente la convivencia del servicio público, los negocios audiovisuales y las iniciativas sociales aunque en la práctica lo impide. El proyecto de reforma acaba con las ambigüedades y directamente elimina al tercer sector, bloquea al servicio público y fortalece al duopolio de la televisión comercial penetrado por la inversión extranjera.
Los cambios en la LGCA condicionarán para peor la reforma de la Ley de Financiación de RTVE y la renovación del Mandato Marco del Parlamento que debe definir el futuro de RTVE.
Mientras en la erupción del volcán de La Palma hemos comprobado con la RTVC la importancia del servicio público y del periodismo de proximidad, la radio y la televisión de las comunidades autónomas están controladas en general por los respectivos gobiernos.
El PSOE y el Partido Popular se están repartiendo RTVE y Vox condiciona las políticas del PP contra el servicio público en Madrid y Andalucía para desprestigiar y arruinar a RTVM y RTVA con el propósito de privatizarlas o cerrarlas.
Es la gran contradicción. Cuando tenemos los Presupuestos Generales del Estado con la mayor inversión social de la historia, la radio y la televisión del servicio público van cada vez peor y casi en secreto les van a arrebatar la contribución esencial de su información para la calidad de la democracia. La banda neoliberal del PSOE, encabezada por la vicepresidenta Nadia Calviño, se enfrenta al esfuerzo democratizador de Unidas Podemos en el gobierno de coalición.
