Convocadas/os en Posada de Llanera por el Colectivo de Colombianas/os Refugiadas/os en Asturias ‘Luciano Romero Molina’, la Asociación Soldepaz Pachakuti y la Asamblea Moza d’Asturies, los días 5 y 6 de noviembre del 2021, las personas y organizaciones presentes coincidimos en afirmar que:
Colombia no está en paz. Millones de sus habitantes sufren las consecuencias de la pérdida de condiciones de vida, la violencia urbana, el agudizamiento del conflicto social y la persistencia, escalada y degradación del conflicto armado interno, con la responsabilidad del gobierno, de la fuerza pública y de los grupos armados en graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario.
Así lo registra el sistema internacional de derechos humanos y las visitas de verificación, como la asturiana, que cada año y sobre el terreno constatan la devastación ambiental, su impacto en el clima, el asesinato de ambientalistas, el deterioro de la convivencia y el incremento de las agresiones sistemáticas que configuran el delito de genocidio contra la dirigencia social, los pueblos indígenas, las comunidades negras y las personas que firmaron el Acuerdo de Paz que no cuentan con seguridad jurídica ni con garantías materiales para preservar su vida y su libertad.
Hay avances en el trabajo de la Comisión de la Verdad pero falta que los empresarios, los altos mandos militares y los gobernantes cuenten a las víctimas y al país las verdades ocultas del conflicto.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha logrado avances importantes pero está siendo bloqueada por el gobierno del presidente Iván Duque en una estrategia que busca la impunidad para las ejecuciones extrajudiciales de al menos 6.402 personas, delito que la fuerza pública continúa cometiendo, por lo que conviene que el gobierno de España derive recursos de apoyo a la JEP.
También hay avances en la búsqueda de personas desaparecidas pero la búsqueda debe seguir y establecerse las responsabilidades penales. Debe detenerse este grave delito que continúa cometiéndose.
Es una afrenta a las víctimas la condecoración española para Iván Duque
Persisten los problemas estructurales que generan el conflicto social y armado: la inequidad por la concentración de la propiedad de la tierra, de la riqueza y del ingreso en pocas manos, el empobrecimiento masivo de la población que se agravó con la pandemia, el enquistamiento de la impunidad, la corrupción, la persecución a muerte de quienes hacen oposición social y política y la exclusión violenta que despoja derechos y territorios de interés para el capitalismo rentista, financiero, minero, agroindustrial y narcotraficante, por lo que los pueblos indígenas embera y las comunidades negras del Bajo Atrato advierten que son sospechosas de beneficiarse del terror las empresas de Colombia y las multinacionales que están entrando, escoltadas por la violencia, a sus territorios en la frontera con Panamá y en otras regiones de Colombia.
El cierre por la Corte Penal Internacional de las investigaciones preliminares por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado colombiano es un golpe a las víctimas y un mensaje erróneo de impunidad para el gobierno y para los terceros responsables, que incluyen a gobernantes, agentes del Estado y empresarios con su estrategia paramilitar.
Las víctimas del conflicto y de la exclusión histórica han sido abandonadas por el gobierno y en muchos casos siguen siendo perseguidas a pesar de que tienen reconocimiento legal y siguen organizadas y movilizadas por sus derechos, especialmente las mujeres víctimas de diversas violencias, por lo que constituye una afrenta para las víctimas de Colombia la condecoración otorgada por el gobierno de España al Presidente Iván Duque.
No avanza la restitución de tierras, paralizada por el poder político y militar del empresariado ganadero, agroindustrial y de las mafias del narcotráfico. La fuerza pública se niega -en zonas como Urabá- a cumplir las órdenes de los jueces de escoltar a las comisiones de restitución para asegurar la devolución de las tierras usurpadas por la violencia.
Es necesaria una depuración de la fuerza pública permeada por la corrupción y predispuesta para agredir a la población civil por la doctrina del enemigo interno que debe ser eliminada. Se incrementó la brutalidad policial y se volvió habitual el uso abusivo y mortal de la fuerza y la represión ilegal de la policía junto a civiles armados de la estrategia paramilitar que asesinaron a noventa jóvenes en las movilizaciones de los últimos meses.
Advertimos a los gobiernos de Europa sobre las informaciones que dan cuenta de que los grupos narcoparamilitares se habrían instalado también en países europeos para atentar contra las personas refugiadas y exiliadas de Colombia.
Reiteramos desde Llanera que no hay una solución militar para el conflicto social y armado de Colombia.
Es necesaria una salida política dialogada y negociada con las disidencias de las FARC, el ELN y el EPL, que contemple las reformas necesarias para superar las causas estructurales del conflicto, el sometimiento de los grupos paramilitares y la eliminación de esta modalidad de terrorismo estatal y empresarial.
Exigimos al gobierno de Colombia que cumpla los acuerdos suscritos por el Estado con las FARC y manifestamos nuestra preocupación por las advertencias sobre un posible fraude en las elecciones territoriales de marzo y presidenciales de mayo del 2022 mediante la manipulación del sistema de registro de personas y votantes, por lo que llamamos a España y a la Unión Europea a hacer un monitoreo de las elecciones y una auditoría técnica de los sistemas informáticos de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia.
