Del aplauso al despido

La Ley General de Sanidad de 1986 instaura el Sistema Nacional de Salud, lo que supuso un importante avance en el desarrollo de la sociedad del bienestar, ya que representaba el reconocimiento del acceso a los servicios sanitarios como un derecho que era universal, gratuito en el momento de su uso y de calidad, basado en la atención primaria y conseguía una gran eficiencia: obtención de unos resultados sanitarios óptimos con una inversión razonable. Nuestro país consiguió unos marcadores sanitarios que nos colocaban en el grupo de vanguardia mundial en materia de salud.

Sin embargo con el paso del tiempo este sistema sanitario ejemplar se ha ido deteriorando a causa de las políticas neoliberales de privatizaciones y externalizaciones aplicadas por los gobiernos no sólo del PP sino también del PSOE, así como de los sucesivos recortes presupuestarios en materia de salud. Así vemos que en el periodo 2009 – 2013, en plena crisis económica, el recorte del gasto sanitario público representó un 12,39%, lo que hace que el gasto sanitario de nuestro país sea inferior a la media de los países de nuestro entorno. Aunque si bien es verdad que en los últimos años ha habido un incremento del mismo, al analizar este hecho se comprueba que el incremento ha repercutido en el gasto farmacéutico (gasto que en el periodo 2014 -2020 ha tenido un incremento de un 29,5%), pero no en atención primaria ni en salud pública, sino que al contrario dichos recortes en sanidad se han centrado con especial intensidad en la atención primaria, base de nuestro modelo sanitario. Así vemos que en 2019 se destinó el 14,8% del presupuesto sanitario frente al 62,2% de los servicios hospitalarios y especializados, el 15% del gasto en farmacia y el 1,1% en servicios de salud pública, la otra hermana pobre de la sanidad española.

Ya arrastrábamos un recorte de personal

A estos problemas presupuestarios se añade el hecho de que se ha llevado a cabo una inadecuada política de personal que ante los anteriores recortes presupuestarios ha producido una disminución del personal de cerca de 52.000 trabajadores del Sistema Nacional De Salud, recortes que también han afectado a las plazas de formación postgrado que han pasado de 6.994 en 2009 a 6.079 en 2015. Además se ha producido un progresivo y alarmante deterioro en las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores de la sanidad pública.

A todo esto hay que sumar un desequilibrio en la composición de las distintas categorías profesionales. Así se aprecia un importante déficit en el personal de enfermería, pues el ratio de enfermería por mil habitantes en España era en 2019 de 5,9 frente a la media europea de 8,2. Por otra parte también se observa un desequilibrio entre profesionales de enfermería y de medicina, así el ratio enfermería / medicina era en 2018 de 1,5 mientras que la media europea era de 2,3.

El resultado de todas estas erradas políticas sanitarias es que nuestro Sistema Nacional de Salud ha sufrido un progresivo deterioro que le permitía seguir funcionando en circunstancias normales antes de la crisis sanitaria provocada por la pandemia pero con deficiencias graves como las largas listas de espera tanto quirúrgicas como en las consultas de especialidades y de exploraciones y, lo que es más grave, en atención primaria, listas de espera que lejos de remitir cada vez crecen de forma más acelerada. Un síntoma de este progresivo deterioro de la sanidad pública puede ser el crecimiento acelerado que están teniendo en los últimos años los seguros privados de salud que de una facturación en 2015 de 9.238 millones de euros pasaron en el 2020 a 11.056 millones.

En esta situación, de un Sistema Nacional de Salud al límite de sus posibilidades, a punto de colapsar, surge de forma imprevista la mayor pandemia de los últimos cien años que ha puesto a nuestro sistema sanitario en una situación crítica, con la que tenía que haber sido la gran protagonista asistencial, la atención primaria, cerrada y las UCIs colapsadas. Con falta de material sanitario básico, debido a la excesiva dependencia exterior. Sin recursos en salud pública. Y con un déficit de personal agravado por la alta morbilidad causada por la pandemia. Además se han puesto en evidencia los déficits del funcionamiento de la organización sanitaria: la desconexión y descoordinación entre la atención primaria y el resto de dispositivos y servicios hospitalarios, acentuadas por el exceso de trabajo de los profesionales. Se ha dado una falsa sensación de abandono por parte del médico de cabecera a pesar de los esfuerzos de los profesionales de la atención primaria para llevar a cabo su labor en plena sobrecarga asistencial.

Refuerzo temporal, ¿y ahora qué?

Ante esta situación de alarma la respuesta de los distintos servicios de salud autonómicos fue la contratación de personal sanitario (médicos, enfermería, auxiliares de enfermería, celadores) de forma temporal para poder hacer frente a la gravísima crisis sanitaria. Se estima que este personal se puede cifrar en unas 80.600 personas. A la cabeza de dichas contrataciones está la comunidad andaluza con unas 20.000, seguida de Cataluña con 14.868, Madrid con 10.080, la Comunidad Valenciana con 9.309, Castilla la Mancha con 7.428, la región de Murcia con 6.000, Canarias con 5.000 y ya con menor importancia cuantitativa Extremadura (1.509), Aragón (1.500), Cantabria (1.448), Galicia (1.200) y La Rioja (380).

En la Comunidad de Madrid, que no se caracteriza por su transparencia, en febrero del 2020 había en la plantilla del Servicio Madrileño de Salud 73.815 personas contratadas, siendo julio, según los datos publicados por la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, el mes que ha contado con más personas en su plantilla, 83.985, por lo que cabe pensar que se ha contado con un refuerzo de 10.080 profesionales para hacer frente a la situación pandémica.

Gracias al esfuerzo de estos profesionales, junto con el personal de plantilla de los distintos centros sanitarios, se ha podido salvar la crisis en las sucesivas oleadas de la mortífera epidemia, enfrentándose a una sobrecarga de trabajo, con un sentimiento de frustración y de agotamiento físico y mental, viéndose obligados a gestionar gran cantidad de pacientes con emociones negativas y en una situación de falta de recursos materiales, al menos en los primeros meses de la pandemia, poniendo en riesgo su salud física. Se estima que más de un centenar de sanitarios han fallecido y más de 130.000 profesionales se han contagiado, de los que unos 5.500 tuvieron síntomas graves, alrededor del 20% del personal del Sistema Nacional de Salud, cifra escandalosa si la comparamos con países como China (3,8 %) o Estados Unidos con entre 3 y 11% según los estados. Y además su salud mental. Los profesionales se han sentido frágiles, con miedo a ser infectados ante la falta de materiales de protección y con el temor de infectar a sus familiares. También desorientados por los constantes cambios en los protocolos de actuación que los nuevos conocimientos del virus obligaban a actualizar casi diariamente. Han estado sobrecargados y agotados por el gran volumen de pacientes a atender y con la obligación de tomar continuamente decisiones sobre pacientes que por su edad y múltiples patologías no iban a responder a un tratamiento agresivo, lo que supone un dilema ético. Todo esto ha provocado un sentimiento de impotencia en estos profesionales que han visto morir a pacientes solos y familiares que buscan a sus padres o abuelos para descubrir que han fallecido. Hubieran deseado hacer más, atender en mejores condiciones, disponer de más camas, más material, más personal… Todo esto ha provocado un incremento de los problemas de salud mental en los profesionales sanitarios: ansiedad (45%), depresión (38%) y estrés agudo (31%), así como un aumento de los suicidios.

Y llegamos a noviembre, en el momento en que, al menos en nuestro país, la pandemia parecía controlada, con la incidencia a 14 días por 100.000 habitantes más baja de Europa y con unas cifras de vacunación de las más alta a nivel mundial (por encima del 80%), lo que lleva a las autoridades sanitarias de las distintas comunidades autónomas a plantearse que los profesionales contratados en plena pandemia ya no son necesarios, se pasa del aplauso al despido. De las 80.600 personas contratadas como refuerzo para hacer frente a la crisis sanitaria se plantea en todo el país el despido de unos 21.000 sanitarios. Pero esta situación varía mucho en cada comunidad autónoma. En Andalucía de los 20.000 sanitarios contratados se prescinde de 8.000, en la región de Murcia de los 6.000 contratados se prescinde de 3.540, en Castilla la Mancha de 7.428 se despide a 2.697, en Extremadura de los 1.938 contratados se prescinde de 1.509, en Cantabria de 1.448 se despide a 973, en Galicia a 1.200 profesionales contratados como refuerzo no se les renovará su contrato aunque la Consejería de Sanidad afirma que en los presupuestos de 2022 está prevista la creación de 1.338 plazas. Realmente no son de nueva creación sino plazas cubiertas por eventuales durante más de tres años. En distinta situación, en principio, se encuentran otras comunidades autónomas que por el momento se plantean mantener el personal sanitario contratado para refuerzos por la pandemia. En Cataluña tienen intención de mantener, por el momento, a todo este personal de refuerzo contratado, ya que estiman que los 14.868 profesionales van a ser necesarios para hacer frente a las acciones que se deberán tomar en 2022 como consecuencia de la pandemia: las campañas de vacunación, la detección mediante la realización de pruebas diagnósticas o el incremento del número de camas en las UCIs hospitalarias. El objetivo de la Conselleria de Sanidad sería convertirlas en plazas estructurales pero están condicionadas a que la situación presupuestaria lo permita. En La Rioja, con 380 plazas de refuerzo, tienen intención de mantenerlas al menos hasta final de año. Situación similar en Navarra: mantener el máximo de los profesionales de refuerzo contratados adaptándolos a las nuevas circunstancias estructurales, aunque sin concretar cifras.

En la Comunidad de Madrid se estima que de los 10.080 profesionales de refuerzo a la mayoría les vencerá su contrato el 31 de diciembre aunque ya en septiembre se produjo una reducción de la plantilla del Servicio Madrileño de Salud de 239 trabajadores, por lo que aún hay 9.841 sobre cuyo futuro laboral las autoridades sanitarias madrileñas no se han manifestado por el momento.
En el Pais Valenciano se proponen crear 6.000 nuevas plazas estructurales (un 10% de incremento sobre la plantilla previa a la pandemia), de las que el 25% serán para la atención primaria, el 4% para el plan de salud mental y el 2,6% para la salud pública.

Las víctimas del colapso: pacientes crónicos, con enfermedades neurodegenerativas y tumores

Con la pandemia se ha creado una nueva situación sanitaria que ya se está manifestando: tanto en la atención primaria como en la especializada para los crónicos, los pacientes no han sido atendidos con los controles establecidos de forma habitual por lo que se encuentran con una evolución más acelerada de sus patologías. Lo mismo ha ocurrido con las enfermedades neurodegenerativas. Otra víctima del colapso sanitario durante la pandemia han sido las patologías tumorales, cuyas pruebas diagnósticas y complementarias han sufrido una demora que ha provocado diagnósticos más tardíos y por lo tanto con peor pronóstico. Otro colectivo afectado por la pandemia son los pacientes de salud mental pues se ha detectado un incremento importante especialmente por el hecho de no poder socializar debido al largo confinamiento. Las personas mayores también se han visto afectadas por la pandemia. Además de por ser el colectivo más golpeado y con mayor tasa de mortalidad de la pandemia, la tercera edad también ha sufrido una perdida funcional que ha provocado una reducción de su capacidad cognitiva. A todos estos problemas de salud derivados de la enfermedad se añade una nueva patología, el síndrome post Covid, que se ha observado en muchos pacientes tras sufrir la infección y que aún no es bien conocido.

Aunque la pandemia estuviera definitivamente controlada, lo cual es cuestionable ante los datos alarmantes que nos llegan sobre la situación en Europa y sabiendo que el virus sufre mutaciones periódicas que lo hacen más contagioso, nuestro sistema sanitario no volvería a la situación previa a la pandemia, situación ya de por si casi al límite, sino que se plantean nuevas situaciones, como mencionaba anteriormente, especialmente en los pacientes crónicos, en las personas de la tercera edad y en los pacientes oncológicos que van a requerir unos cuidados especiales debido al retraso en su diagnóstico y tratamiento. También se va a producir un incremento de las patologías mentales, sobre una especialidad ya previamente marginada de la sanidad pública, y que va a tener que hacer frente a una demanda disparada, al tiempo que van a surgir nuevas situaciones como la investigación y la atención y tratamiento de los pacientes con el síndrome postcovid. Pero además será necesario hacer frente a las campañas de vacunación de la gripe y de una potencial tercera dosis de la vacuna del COVID. Junto a esto habrá que corregir las deficiencias en salud pública que la pandemia ha puesto de manifiesto si no queremos que en el futuro situaciones similares nos cojan de improviso. Además hay que tener en cuenta la situación en la que se encuentran los profesionales de la sanidad pública a todos los niveles debido a la traumática experiencia de la pandemia, por lo que cabe preguntarse si nuestra sanidad se puede permitir prescindir de estos profesionales que lo dieron todo cuando la sociedad los necesitó o sería más inteligente enfrentarnos a las nuevas necesidades y seguir el ejemplo del País Valenciano que, aunque probablemente de manera insuficiente, va a integrar estas plazas de forma estructural en su sistema de salud.