Presentación de Documento nº 53.

En 1970, el antifranquismo organizado se encontraba ya plenamente recuperado del estado de excepción implantado el año anterior, y la movilización social iniciaba una fase ascendente que iría intensificándose –con algún altibajo- en los años finales de la dictadura. Eso no significa que cesara la represión, que en ese año registró episodios tan sangrientos como el asesinato de tres obreros granadinos, en circunstancias nunca del todo aclaradas, durante la huelga de la construcción desarrollada en el mes de agosto, con fuerte implicación de los comunistas y de las Comisiones.

Desde 1969, además, el régimen estaba dando pasos significativos de cara a su continuidad tras el presumible deterioro biológico del Caudillo y en pro del fortalecimiento de su posición internacional. A la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor, en julio de 1969, seguiría el cambio de gobierno, pocos meses después, conservando los tecnócratas del Opus Dei, protegidos por Carrero Blanco y encabezados por Laureano López Rodó, sus posiciones relevantes. En 1970, el franquismo consolidaba sus lazos con los Estados Unidos y el capitalismo europeo, que resultarían decisivos en los acontecimientos posteriores a la muerte del dictador. Concretamente, por entonces se firmaba el acuerdo comercial preferencial con la Comunidad Económica Europea y se reforzaban las relaciones con la potencia norteamericana mediante la firma del Convenio de Amistad y Cooperación. Para demostrar que el régimen no estaba solo y que el papel de la España franquista seguía siendo útil para Occidente en el contexto de la Guerra Fría, Nixon visitaba España en el mes de octubre, casi once años después de que lo hiciera otro presidente norteamericano, Dwight D. Eisenhower.

Es en este contexto en el que deben entenderse los acuerdos del Comité Central ampliado de septiembre de 1970. Situación a la que había que añadir los avances en el movimiento obrero y el incremento de la conflictividad social, pero también síntomas tan significativos como la sonada irrupción de la abogacía democrática en el congreso del gremio celebrado en León o el salto cualitativo del nacionalismo radical vasco, con el primer atentado consciente y deliberado de ETA, en el que perdería la vida, el dos de agosto, el conocido policía torturador Melitón Manzanas.

El Comité Central ubicaba su análisis en una coyuntura en la que, esta vez con sobrados motivos, se avizoraba el final del régimen (“nos aproximamos al desenlace”, se dice en el documento). Por eso, además de proceder a la expulsión por labor fraccional de Enrique Líster y algunos de sus seguidores, en la estela de lo que antes había sucedido con Eduardo García Agustín Gómez, la dirección del PCE se planteaba la necesidad de renovar cuadros con los militantes que iban incorporándose, de impulsar el trabajo de jóvenes y mujeres y, en definitiva, de continuar con la construcción de lo que, ya desde años antes, se definía como un “partido de masas”. Y en ese orden de cosas, adquiría particular importancia, por el acierto que supuso frente a algunas posiciones izquierdistas, la voluntad de no responder a la represión con el repliegue y el “retorno a las catacumbas”, sino de ir generando e imponiendo, por costoso que ello fuera, “espacios de libertad” para los movimientos de masas y la acción política.

La proximidad del postfranquismo servía en esta ocasión para reiterar los esquemas desarrollados por el PCE en los años anteriores sobre el final del régimen, combinando la movilización social (hacia la Huelga general Política y la Huelga Nacional) con la dilatación al máximo de la política de alianzas (incluyendo a fuerzas y sectores que pudieran desgajarse del franquismo), bajo el rótulo del Pacto por la Libertad. Esta dualidad movilización social-política de alianzas no empezaría a mostrar sus problemas y contradicciones hasta unos años después, tras la muerte del dictador, cuando la ampliación de los pactos comenzó a deslizar la acción opositora hacia formas más moderadas de negociación que apaciguaran a los nuevos socios, e incluso hacia la modulación de las acciones movilizadoras para facilitar o no perjudicar dichos pactos.

Otras dos cuestiones relevantes aparecen en las resoluciones del Comité Central del año 70. La primera es importancia que va adquiriendo la “cuestión nacional” de las periferias, que afecta también a la movilización social y la política de alianzas, y que en estos momentos estaba comenzando a agudizarse con la irrupción de ETA en el panorama vasco. El PCE retomaba su vieja propuesta teórica –y retórica- del derecho de autodeterminación para Euskadi, Galicia y Cataluña, aunque defendiendo la unión libre y voluntaria con los demás pueblos de España. Y a la vez, subrayaba la necesidad de que la clase obrera fuera capaz de encabezar estas luchas “nacionales”, asumiendo, como parecía hacerse con éxito en Cataluña, los factores culturales e identitarios correspondientes. No olvidemos que meses después, apenas comenzado diciembre, tendría lugar el famoso Proceso de Burgos contra un numeroso grupo de militantes de ETA, salvando de la ejecución a los condenados a muerte una intensa campaña de solidaridad a lo largo y ancho de toda España, en la que el PCE y Comisiones Obreras realizaron el esfuerzo mayoritario.

La otra cuestión tratada era la situación internacional. EL PCE mantenía su rechazo al imperialismo norteamericano y a los acuerdos del régimen con los Estados Unidos, así como su solidaridad con los procesos revolucionarios y progresistas del Tercer Mundo. También refirmaba su identificación con el movimiento comunista internacional, pero con matices que mostraban que la condena a la intervención en Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia no había sido hecha en vano y que los procesos con ella iniciados eran, en algunos sentidos, irreversibles. Así, se expresaba la tradicional solidaridad con la URSS, pero añadiendo la necesidad de normalizar las relaciones con China y sobre todo enfatizando la independencia de cada partido comunista y el rechazo a cualquier injerencia externa. Finalmente, aparecía una significativa alusión final, que es imposible disociar de los alineamientos de años sucesivos, sobre las relaciones y coincidencias con los partidos de Francia e Italia: “Desarrollamos las relaciones con otros Partidos Comunistas, concediendo especial importancia a las más estrechas y amistosas con el Partido Comunista Italiano y con el Partido Comunista Francés, puesto que luchamos en una región geográfica con muchos problemas y tareas comunes, en la que maduran las condiciones para profundas transformaciones político-sociasles”.

>> [PDF 2 MB] Documento Nº 53. Comunicado y Resolución del Pleno ampliado del Comité Central del PCE (septiembre de 1970)

Sección de Historia de la FIM