La Junta de Extremadura está cerrando colegios públicos. El último cierre anunciado ha sido el del colegio público Juan XXIII en Mérida. La capital de Extremadura es la ciudad con más centros concertados de la región.

La respuesta no se ha hecho esperar. CCOO, junto con los padres, las madres, los vecinos y las vecinas, han protestado a las puertas del centro. El lema más repetido ha sido Que esta barriada no quede olvidada.

En la decisión tomada por la Junta de Extremadura y el PSOE hay un clasismo latente. Los centros públicos que pretenden cerrar están ubicados en barrios vulnerables con problemas económicos y sociales. Son centros convertidos en guetos por el olvido de la administración educativa durante años.

El colegio público Juan XXIII es un centro ubicado en la barriada de San Juan, una zona humilde y periférica de Mérida. Con el cierre, la alternativa es la concertada o dos centros públicos (Antonio Machado y Ciudad de Mérida) a un kilómetro de distancia con trayecto obligatorio en coche. «Lo que están haciendo es cerrar centros de zonas periféricas y masificar otros en función de demanda pura y dura. Y eso son criterios economicistas, no son criterios sociales», ha explicado Lourdes Núñez, de la Federación de Enseñanza de CCOO, que recuerda que los alumnos del Juan XXIII tienen una atención preferente por dificultades de aprendizaje y también socioeconómicas.

Unidas por Mérida (la confluencia de Izquierda Unida y Podemos) se ha opuesto al cierre y lo ha calificado como un nuevo ataque de la Junta de Extremadura a la educación pública. El cierre de este centro público, así como los practicados en los últimos años (El Cristo en Villanueva de la Serena y Nuestra Señora de Guadalupe en Conquista del Guadiana), pone de manifiesto que el modelo educativo defendido por el PSOE desde la Junta de Extremadura no es otro que el de la privatización de la enseñanza.

EL PSOE FAVORECE EL DESMANTELAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

La izquierda emeritense insiste en que el cierre de un centro público en la ciudad de Extremadura con mayor presencia de centros concertados pone en evidencia la falta de interés de la Junta de Extremadura por atender las necesidades de la comunidad educativa desde un modelo público e inclusivo, tal y como promulga la nueva ley de Educación (LOMLOE). En lugar de poner en práctica los principios y artículos de dicha ley, el propio PSOE en Extremadura continúa en su línea de desmantelamiento de la educación pública, desvío de financiación a la concertada, masificación de las ratios y desatención a las necesidades educativas del alumnado.

La disminución drástica de alumnas y alumnos en nuestra región es una realidad que la Junta de Extremadura no puede eludir. Según el Instituto Nacional de Estadística, puede traducirse en una reducción de cerca del 20% en los próximos 18 años. En estos términos, hay que señalar que la normativa actual establece expresamente el papel subsidiario y complementario de la educación concertada, por lo que la disminución del número de niños y niñas en edad escolar no puede traducirse en la preeminencia de la enseñanza concertada sino, muy al contrario, en la progresiva desaparición de la misma, de acuerdo con las orientaciones que justifican su existencia.

Este descenso del alumnado debe entenderse por la Consejería de Educación como una oportunidad para disminuir la ratio de alumnos por aula y no como la premisa para el cierre de centros públicos en un contexto generalizado de incremento de recursos destinados a la enseñanza concertada que supone la progresiva privatización del sistema educativo.

En definitiva, el cierre del colegio Juan XXIII es una muestra de la orientación ideológica de una administración que, en lugar de promulgar la inclusión y una educación de calidad, apuesta por ratios más altas, la segregación y el abandono de la atención a las necesidades educativas reales de nuestra infancia y juventud y la progresiva privatización.

Desde el PCE recordamos que la normativa actual es clara: asigna expresamente un papel subsidiario y complementario a la concertada dentro del sistema educativo español. Atendiendo por tanto a la ley en vigor, la disminución del número de niños y niñas en edad escolar debe ir acompañada de la progresiva extinción de plazas en la educación concertada, toda vez que la educación pública deja de necesitar ese apoyo. La Junta opera a la inversa: cierra plazas públicas en beneficio de las concertadas.