Cuando leemos algún periódico de los llamados generalistas, el lenguaje que utilizan para referirse a países donde sus gobiernos no son controlados por los EEUU o la UE, es el de denominar a las élites económicas de los mismos como “jerarcas” y a sus sistemas políticos como “regímenes”. Pues bien, con esos parámetros que ya nos son familiares, veamos en qué líos de tribunales están metidos los jerarcas patrios y cómo puede estar todo esto afectando al régimen.
Desde luego, entre los procesos más relevantes en el funcionamiento del régimen están los que se han dirigido -o han estado a punto de dirigirse- contra el que fue Jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón. Todo el mundo sabe que se ha hecho millonario de forma ilícita, pero por una especialmente mal entendida falta de responsabilidad criminal del mismo, todos esos delitos no le son imputables mientras fue Jefe del Estado, (cosa harto discutible, pues debería entenderse que esa irresponsabilidad afectaría a los actos refrendados por el gobierno como Jefe de Estado, no solamente a los delitos que haya podido cometer), o han prescrito (léase, se han dejado prescribir) o cualquier otra artimaña similar. Lo que queda claro con el tema del anterior Jefe del Estado, padre del actual, es que él y su familia han estado viviendo y acumulando capitales de manera ilícita, delinquiendo, pero sin posibilidad de reproche penal por ser una persona que no es igual al resto de españoles y españolas, es decir, que no todos ni todas somos iguales ante la ley.
El señor Juan Carlos de Borbón delinquió desde el minuto uno de su mandato y el régimen le protegió desde ese mismo minuto uno. Y ha seguido delinquiendo una vez abdicado del trono, y el régimen lo ha seguido defendiendo. A muestra de lo que estamos manteniendo, valga este artículo publicado recientemente en un periódico digital.
La carta de Juan Carlos I al Sha de Persia el 22 de junio de 1977 (ver artículo en Nueva Tribuna)
”Y para garantizar esa impunidad del Jefe del Estado, ha contado no solo con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, que ha usado sus investigaciones privadas, (no judicializadas), como cambalache a los posibles reproches que algunos partidos de la extrema derecha habían elevado al Tribunal Supremo contra el nombramiento de la titular de la Fiscalía. Por supuesto también ha contado con el propio Tribunal Supremo, y con la mayoría parlamentaria que ha impedido las comisiones de investigación que sobre estos hechos delictivos públicos y publicados, se han intentado abrir en el Parlamento, sede de los representantes de la Soberanía Popular.
Proteger a este presunto delincuente, entendiendo que lo que se protege es al Régimen, no es solo un error, es evidenciar lo que todo el mundo sabía, pero nadie se atrevía, o pocos se atrevían, a publicar: Que el Jefe del Estado ha delinquido, por que ha tenido cómplices que se lo han permitido, y que dicho actuar consentidor, ha permitido que todo el sistema se haya visto salpicado de esa excepcionalidad, y en sí mismo haya dado entrada en las estructuras de las instituciones a funcionarios y servidores públicos que deciden sacrificar el Estado de Derecho para favorecer a determinados particulares, para los que se necesita “ese trato justificándolo en el interés de la supervivencia del Régimen”. Y así han aparecido espacios de clandestinidad y delincuencia dese las instituciones en la lucha contra el terrorismo, en la financiación de partidos políticos, y hasta llegar a la “privatización” de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para ser usadas, con esa hipócrita justificación del interés del Régimen, para espiarse, incluso, entre oligarcas del Ibex 35.
Y es aquí donde queríamos llegar.
Existe en estos momentos un caso abierto en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es un juez con lazos estrechos con el Partido Popular. En el mismo están imputados, nada más y nada menos, que: Repsol, CaixaBank, Iberdrola y BBVA. Los presidentes de LAS DOS PRIMERAS compañías, dos grandes jerarcas de nuestro país, Antonio Brufau y Isidre Fainé están siendo investigados por un posible delito de cohecho activo. Sus empresas contrataron al comisario Villarejo para espiar a otro jerarca español, el expresidentes de Sacyr Luis del Rivero (este declaró en los papeles de Bárcenas como querellado) con el fin de desbaratar su intento de hacerse con el control de la petrolera.
Hasta aquí todo podría parecer un caso de espionaje sin más, si obviamos que se controlaban a personas con las que el investigado mantenía contacto, y se accedió a información referida a llamadas telefónicas del jerarca de Sacyr, posiblemente con apoyo de funcionarios públicos. Es decir, una pasada de frenada, con la participación de los jefes de seguridad de ambas empresas, y funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pero el asunto chirría cuando el Juez que lo investiga decide desimputar a los dos primeros jerarcas, y a renglón seguido la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, volver a imputarlos.
Con los mismos datos, obrantes en las actuaciones, el instructor del Juzgado Central de Instrucción 6 de la AN mantiene que no hay indicios para imputar a los dos presidentes de las compañías, y al recurrirlo a la Sala de lo Penal, esta dice que sí los hay. Insistimos, con los mismos datos obrantes en las actuaciones.
Veremos en qué queda al final el asunto, pero es lamentable y, al menos, genera dudas que el juez instructor no vea indicios de delito y el tribunal de apelación sí. Es algo que no deja de ser normal en muchos casos, pero en éste, y con el juez instructor cercano al PP y que ha llegado a la Audiencia Nacional para muchos, con la misión de frenar las instrucciones de corrupción contra el PP, y que tiene abierto un procedimiento secreto contra Podemos, emanado de las declaraciones de un presunto narcotraficante huido de la Justicia por financiación ilegal, habrá que estar muy pendientes de cómo se desarrollan todos estos procedimientos.
Y ya el colmo del asunto es que uno de esos jerarcas (Iberdrola), evidentemente envalentonado por esta actitud errática del Juez, se atreve a querellarse contra un diario digital, El Confidencial, por daños al honor en 17,6 millones de euros por informar de lo que está ocurriendo en ese procedimiento. De nuevo, tratan de meter miedo a los medios de comunicación, como en la Transición, cuando se intentaba informar sobre el Jefe del Estado. Primero retiran la publicidad, cosa que había hecho Iberdrola con ese diario, y visto que seguían informando, les mete una demanda millonaria contra el honor, los jerarcas y el régimen.
