El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha anunciado en Honduras una moratoria para revisar la minería “que atenta contra los recursos naturales, amenaza a la salud y reduce el acceso al agua como derecho humano”. Cumple así una de las promesas de su discurso de toma de posesión, actuando “contra la proliferación incontrolada y corrupta de las concesiones para el extractivismo que ha enriquecido a una minoría y ha hundido en la pobreza al 70% de la población”.
La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas ha declarado a todo el territorio nacional “libre de minería a cielo abierto” y pone en marcha el proceso de “revisión y cancelación de las licencias, permisos y concesiones que atentan contra los intereses del Estado al no respetar el consentimiento libre e informado de las comunidades que defienden sus territorios ancestrales”.
Inmediatamente serán intervenidas las áreas naturales de alto valor ecológico para “asegurar su conservación en beneficio de los intereses sociales”.
Durante los últimos veinte años, fueron asesinad@s en Honduras 150 defensoras y defensores de los bienes comunes sometidos a la depredación de las empresas mineras en complicidad con las multinacionales y los gobiernos anteriores.
