Cuando parecía que la aprobación de la Ley de Memoria Democrática iba a ser una realidad y renacían las esperanzas en los nuevos avances en cuanto a derechos de víctimas se refiere, así como la potenciación del conocimiento de la memoria en nuestra escuela, la apuesta por la verdad de lo ocurrido –el derecho a la memoria-, la aplicación de la justicia internacional al caso español o la implementación de políticas públicas de memoria, el proceso se ensombreció con una parte de dirigentes y exdirigentes socialistas pronunciándose públicamente contra este texto, que llevaba elaborado más de un año y dormitaba en algún cajón de algún despacho en el edificio de Las Cortes hasta hace escasamente un mes. Sabiéndose, además, que la propuesta inicial de contenidos deviene de la parte socialista de Gobierno, modificado necesariamente por el acuerdo posterior que permite -como en cualquier debate legislativo-, sacar adelante cualquier Ley sin mayoría absoluta en la Cámara.

Esta ley es tan justa como necesaria para poner en valor la calidad de nuestro sistema democrático y, por ende, la igualdad que todo ciudadano ha de tener en cuanto a los derechos que la Constitución vigente otorga. Pero la postura inmovilista de este grupo de presión confluyó con el recurrente argumento mil veces repetido por la derecha y la ultraderecha española, de afirmar que el texto que llega al pleno del Parlamente es ajeno a toda verdad histórica y pidiendo, en consecuencia, su retirada para permitir un posterior consenso sobre memoria –habrá que entender que con las derechas, porque el que ha habido parece no valerles- pensando en el bien de nuestra convivencia y en el futuro de nuestra democracia. El manifiesto, publicado bajo en paraguas de una Asociación creada para la defensa de los valores de la Transición, y que ya en 2007 su opuso a la vigente ley, rechaza de pleno la investigación de posibles vulneraciones de derechos humanos -hasta 1983 inclusive- para las personas que hubieran continuado combatiendo por la consolidación democrática hasta esa fecha.

Afortunadamente, el pasado 14 de julio, el pleno del Congreso logró sacar adelante el texto y remitirlo al Senado para su debate y aprobación definitiva una vez devuelto con las modificaciones que en esa Cámara se aprueben; aún con ese trámite superado, hemos considerado necesario recordar lo costoso que está siendo contar con una ley de este calibre, las dificultades y escollos que surgen y multiplican, desde la cada vez menos recatada reacción, para llevarla al fracaso o, al menos, para mantener una mala prensa continuada que conlleve, en definitiva, a su aislamiento o a su supresión. El señor Feijóo ya ha dejado señalado, igual que hiciera Pablo Casado en su día, que en caso de gobernar, derogará de inmediato la ley.

Madrid y Murcia en pie de guerra contra la historia en las escuelas

La ofensiva contra ella, y con todo lo que pueda redefinir a partir de su aplicación, une a sus retractores frente a varias excusas que les es común en su discurso: la declaración de ilegal del régimen franquista, la de la justicia aplicada durante la dictadura y el reconocimiento de las víctimas de la represión. Ya la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la variante educativa del empeño, llevó al Tribunal Supremo, con el objeto de propiciar una suspensión cautelar, el decreto sobre el currículo de Bachillerato por el que se incorpora el estudio de la memoria democrática y de los procesos políticos del siglo XX español en la enseñanza secundaria o propone revisar (censurar, más bien) los libros de textos escolares y otros materiales educativos, para evitar -según defiende ella-, la ideologización del alumnado, retirándose con ello todos los contenidos contrarios a los principios y valores incluidos en la Constitución [sic] ya que, en su opinión, desde la LOMLE, la nueva Ley de Educación española, se hace apología de la izquierda pues, insiste la dirigente madrileña, en ella se hace un reconocimiento a los movimientos en favor de la libertad en la historia contemporánea, a las reformas estructurales que significó el advenimiento de la II República para nuestro país –hecho negado históricamente por la derecha nacional y sus medios de comunicación-, el proceso democratizador que supuso o la aceptación de las diversas identidades nacionales y regionales Para alcanzar esa neutralidad ideológica que reclaman, la Consejera de Educación de Murcia, militante de VOX anunció, hace ya un par de meses, que en aquella región también se revisaran los textos escolares.

En definitiva, se fortalece y agranda el bloque revisionista que no considera un golpe de Estado el levantamiento militar en julio del 36 en España y no condena la dictadura posterior. Combatir tal posición ya es más que obligatorio y necesario porque perpetúa el franquismo y envilece cualquier tipo de Democracia razonable.