El informe de la Comisión de la Verdad denuncia que en Colombia el Estado utilizó la violencia para impedir la democratización, inventando un enemigo interno en aplicación de la doctrina de la seguridad nacional impuesta por Estados Unidos durante la guerra fría.

Con la exclusión política, económica y social, se consideró enemigo a una mayoría de la población civil. Esa doctrina contrainsurgente estigmatizó como subversivos a quienes reclamaban el legítimo derecho a la protesta social y se aplicó para la represión militar de los conflictos políticos. “La construcción interesada de un enemigo interno -explica el informe-, al que hay que combatir con todos los medios disponibles, se utilizó para provocar el dolor y el sufrimiento con fines políticos y la guerra profundizó los rasgos más autoritarios y criminales del régimen político”. Hay nueve millones de víctimas, medio millón asesinadas y 100.000 desaparecidas.

La comisión pide el reconocimiento de las responsabilidades:

– La guerra se organizó desde el régimen político con la utilización de la violencia del Estado, del ejército y de los paramilitares en beneficio del poder y contra la población civil.

– Estaba gravemente comprometida la responsabilidad del Estado en las masivas violaciones de los derechos humanos.

– Las actuaciones supuestamente heroicas de las Fuerzas Armadas eran en realidad una manifestación de su barbarie.

– El 75% de las víctimas de la población civil se acumularon durante el doble mandato presidencial de Álvaro Uribe.

– Representantes del poder político y económico y de las instituciones del Estado conspiraron contra el acuerdo de paz negociado con la guerrilla de las FARC y siguieron insistiendo en aumentar la fuerza militar del Estado para destruir al enemigo interno.

– La defensa del Estado y del modelo económico y político se privilegió por encima de las víctimas del Estado y de los paramilitares, negando o justificando su responsabilidad.

– La impunidad ha cubierto a los entramados económicos durante sesenta años. La guerra fue un negocio para los empresarios que acumularon tierras arrebatadas mediante la violencia (ocho millones de hectáreas), ganaron poder político y se enriquecieron con las economías vinculadas al conflicto armado y el narcotráfico.

– Los grandes medios de comunicación han sido actores fundamentales en la reiteración de las mentiras sobre el supuesto enemigo interno.