En 2015, el feminismo logró a través de la movilización echar al ministro Gallardón. En 2022, el feminismo ha logrado una ley que sitúa en el centro el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Los derechos sexuales y reproductivos constituyen un eje estratégico de la disputa ideológica y política. Su grado de reconocimiento nos habla de la calidad democrática de un país. Los avances en Argentina, México o Colombia contrastan con los retrocesos en países como Polonia o la reciente decisión de la Corte Suprema de EEUU. Allí donde avanza la derecha, retroceden los derechos de las mujeres.
El pasado 30 de agosto el Consejo de Ministros dio un paso más en la tramitación de la modificación de la Ley 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, cumpliendo así con el compromiso de recuperar los derechos que el PP había restringido a las mujeres de 16 y 17 años y a las mujeres con discapacidad. Solo esto ya hubiera merecido la pena. Pero va mucho más allá porque ha sido el resultado de un proceso en el que sociedad civil, movimiento feminista y Gobierno de Coalición han dialogado en torno al reto de construir una nueva cultura sexual y reproductiva, libre de culpas, de estereotipos de género y de violencias. El diálogo que arrancó con el propósito de garantizar el derecho al aborto para todas, en la sanidad pública y libre de tutelas, ha conseguido esto y también el reconocimiento de nuevos derechos sexuales y reproductivos, que hacen de esta ley, una ley de vanguardia feminista a nivel internacional.
El aborto, en la pública y cerca de casa, para todas las mujeres, vivan donde vivan. En 2021 el 85% de los abortos en España se realizaron en clínicas privadas. 8 provincias no han practicado ningún aborto desde hace 30 años, lo que significa que las mujeres de esos territorios han tenido que desplazarse en muchos casos cientos de kilómetros para poder acceder a esta prestación sanitaria. La nueva ley acaba con estas vulneraciones de derechos, garantizando el acceso en la sanidad pública y en condiciones de proximidad al domicilio, regulando la objeción de conciencia y eliminando los 3 días de reflexión o el requisito del “sobre”.
Educación sexual obligatoria, anticoncepción corresponsable y servicios públicos especializados. La educación sexual se constituye como un derecho de la infancia, clave para prevenir las violencias, para educar en los buenos tratos y en la diversidad. Además, se dispensarán preservativos y productos de gestión menstrual en centros educativos, centros de servicios sociales y penitenciarios.
Desmontar el androcentrismo del mercado laboral, reconociendo nuevos derechos laborales vinculados a nuestra salud. Se acabó normalizar que las mujeres vayamos a trabajar con dolores menstruales. Esta ley reconoce el derecho a acogerse a una incapacidad temporal especial en los casos de menstruaciones dolorosas, cuando se tenga una interrupción del embarazo y a partir de la semana 39 de embarazo.
Reconocimiento de violencias en el ámbito reproductivo. Los vientres de alquiler, la esterilización forzada, el aborto y la anticoncepción forzada son por primera vez reconocidas como formas de violencia contra las mujeres.
Quedan retos pendientes por disputar en la tramitación parlamentaria: el reconocimiento pleno de la violencia obstétrica y el derecho a un parto respetado o la exención de IVA de los productos de gestión menstrual, que permitiría su tratamiento como productos de primera necesidad, son algunos de ellos. Toca pelearlos.
