La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó este martes una acusación constitucional ante el Congreso contra el presidente Pedro Castillo por corrupción. Le imputa los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, por el supuesto manejo ilegal de obras públicas para favorecer a empresarios allegados y recibir a cambios beneficios económicos. La fiscalía acusa a Castillo de encabezar una supuesta organización criminal que manejaba las licitaciones.

El presidente negó «rotundamente las acusaciones» y acusó a la Fiscalía de actuar «políticamente», agregando que no tienen pruebas en su contra. Pedro Castillo aseguró que no va a pedir asilo o abandonar su país y reiteró que está siendo víctima de «persecución política», pero que se mantendrá «en pie y firme» hasta el final de su mandato, en julio de 2026.

Es la primera vez que un presidente en ejercicio del cargo es acusado ante el Congreso por corrupción. Esto se debe a que la Constitución solamente permite acusar constitucionalmente al presidente por traición, impedir las elecciones o cerrar ilegalmente el Congreso, no se incluye la posibilidad de una acusación constitucional y juicio político de destitución por cargos de corrupción. A diferencia de la destitución por incapacidad moral que requiere dos tercios de la cámara, 87 votos, la acusación constitucional necesita 66 votos para ser aprobada. Pero es un proceso más largo. No se descarta que la derecha insista en el camino del proceso sumario de destitución del presidente por incapacidad moral -intentado ya dos veces sin éxito- a partir de esta acusación fiscal. 

UNA FISCAL CUESTIONADA

La fiscal Benavides que ha acusado a Castillo de corrupción ha sido denunciada por haber destituido a la fiscal que investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides, por liberar narcotraficantes a cambio de sobornos, y por obstruir las investigaciones a una mafia judicial ligada al fujimorismo.

Ponerse a la cabeza de las acusaciones penales contra Castillo le ha dado a esta cuestionada fiscal la protección de la mayoría opositora parlamentaria y gran parte de los medios frente a los graves cargos en su contra.

“LA TERCERA ETAPA DEL PLAN PARA DEPONER AL PRESIDENTE”

Tras la denuncia de Castillo, el ministro de Justicia, Félix Chero, apuntó que “asistimos a una tercera etapa de un plan sistemático de deponer al presidente y atentar contra la institucionalidad democrática”. La primera etapa consistió en alegar fraude para impedir que Castillo fuera presidente y la segunda en los intentos de destitución y presionar por su renuncia.

La acusación fiscal contra Castillo se presentó al Congreso horas después que la fiscalía allanara la casa de la hermana del presidente, detuviera a cinco cercanos colaboradores del mandatario e interviniera las viviendas y oficinas de seis legisladores de un partido opositor que se han opuesto a los intentos de la ultraderecha parlamentaria de destituir a Castillo. La madre del presidente, Mavila Terrones, que se encontraba en la casa de su hija, ubicada en un barrio popular, recuperándose de una reciente operación, cuando la vivienda fue intervenida por los fiscales y la policía, se descompuso y debió ser llevada de urgencia a un hospital, hasta donde llegó el mandatario para verla. Castillo responsabilizó a la fiscalía por la salud de su madre. La fiscalía justificó el allanamiento a la casa de la hermana de Castillo, que no está investigada, señalando que buscaba documentos que puedan estar relacionados con los sobrinos del presidente incluidos en las investigaciones de corrupción.

«Hoy se le quiere bajar al Gobierno, hoy hay denuncias constitucionales, hay persecución y no les importa meterse hasta con tu propia madre», denunció Castillo durante una actividad pública en el Palacio de Gobierno de Lima.