El precio de la vivienda volvió a acelerarse durante el segundo trimestre de 2026. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Vivienda aumentó un 12,2% respecto al mismo periodo del año anterior, después de que ya hubiera registrado una subida del 12,9% en los tres primeros meses del año. En términos trimestrales, el incremento fue del 3,4%, lo que sitúa en el 7% la subida acumulada desde enero.
El encarecimiento continúa afectando especialmente a la vivienda de segunda mano, cuyo precio aumentó un 12,9% interanual entre abril y junio. Aunque supone una moderación respecto a los trimestres anteriores —llevaba tres con tasas superiores al 13%—, se trata de un incremento todavía de dos dígitos. La vivienda nueva, por su parte, subió un 7,4%, su menor tasa desde el primer trimestre de 2023.
La evolución mantiene así una tendencia que viene de 2025, cuando los precios aumentaron un 12,7% de media. El INE sitúa el problema en un contexto de escasez de vivienda disponible frente a una demanda creciente, una combinación que continuaría presionando los precios, dificultando especialmente el acceso para jóvenes y hogares con menores recursos.
Las subidas se extienden prácticamente por todo el territorio. Todas las comunidades y ciudades autónomas registraron incrementos interanuales y, salvo Navarra, todas superaron el 10%. Ceuta encabezó las subidas, con un 15,2%, seguida de Asturias (15%), Castilla y León (14,8%) y Aragón (14,6%). En el extremo inferior se situaron Navarra (9,5%), País Vasco (10%), Cataluña (10,1%) y Canarias (11%).
Más vivienda pública, sin abordar todos los factores del mercado
Los nuevos datos coinciden con la defensa que el Gobierno está haciendo de sus políticas de vivienda. El presidente, Pedro Sánchez, presentó este lunes el nuevo portal de Casa 47, la entidad pública estatal de vivienda, que comienza con 800 viviendas disponibles y prevé incorporar otras 1.500. El Ejecutivo asegura haber movilizado ya 120.000 viviendas de alquiler asequible y haber licitado la construcción de otras 2.800 durante el primer trimestre del año.
El modelo de Casa 47 pretende que los hogares adjudicatarios no destinen más del 30% de sus ingresos al alquiler, con contratos de 14 años ampliables hasta los 75. Sánchez ha defendido una intervención pública más intensa ante un mercado que, en sus palabras, «no funciona» por sí solo.
El Gobierno también reivindica los efectos de la Ley de Vivienda sobre los alquileres en las zonas declaradas tensionadas. Sánchez ha señalado Barcelona como ejemplo y ha asegurado que allí el precio de los nuevos contratos se ha reducido un 4,7% desde la declaración de la zona tensionada.
Estas medidas suponen una ampliación de la intervención pública, pero no agotan el debate sobre las relaciones de poder que operan en el mercado del alquiler. El aumento de la vivienda pública y la regulación de determinadas zonas conviven con un mercado en el que los propietarios y grandes tenedores mantienen una capacidad considerable para fijar condiciones y en el que la concentración de viviendas en manos de grandes inversores continúa determinando el conflicto.
El Gobierno ha impulsado medidas sobre la oferta, los alquileres y determinadas prácticas inmobiliarias, pero no ha planteado una transformación de fondo de estos mecanismos de acumulación y rentismo.
Se trata de actuaciones contra prácticas concretas del mercado, aunque de alcance distinto al de las reivindicaciones que plantean los movimientos de vivienda.
Los movimientos sociales preparan nuevas movilizaciones
La presión sobre los hogares también ha tenido una respuesta creciente en la calle. Durante la primavera, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y el Movimiento por la Vivienda convocaron movilizaciones en al menos 24 ciudades para denunciar el encarecimiento de la vivienda y reclamar cambios estructurales. Las protestas, que se extendieron por varias de las principales ciudades españolas a comienzos del verano, tienen previsto retomarse con el inicio del curso.
Las organizaciones convocantes sostienen que el coste de la vivienda absorbe ya una parte excesiva de los ingresos de los hogares y vinculan el problema con las dificultades de emancipación de los jóvenes y la transformación de los barrios. Entre sus principales demandas figuran la reducción de los alquileres, contratos indefinidos, mayores salarios y pensiones mínimas, la creación de un parque de vivienda fuera del mercado y medidas contra la concentración de inmuebles en manos de grandes tenedores.
El Gobierno, por su parte, insiste en que el incremento de la oferta pública y la regulación de los alquileres son las principales vías para contener el problema. Pero mientras esas políticas se despliegan, los datos del INE muestran que la vivienda continúa encareciéndose a un ritmo de dos dígitos, manteniendo abierta una de las principales fuentes de presión sobre los ingresos de los hogares.
