Guillermo Portilla, catedrático de derecho penal en Jaén, lleva muchos años investigando la represión penal del franquismo. Ha escrito tres libros sobre la materia. Y esta primavera ha publicado, junto a Ángel Viñas y Francisco Espinosa, el libro Castigar a los Rojos. Acedo Colunga, el gran arquitecto de la represión franquista. En el último número de Mundo Obrero entrevistamos a Francisco Espinosa que fue quien, entre el caos de los archivos militares, encontró un documento interno, escrito por Acedo Colunga, Fiscal Jefe del Ejército de Ocupación y uno de los personajes más siniestros de la dictadura franquista. Se trata de un documento de uso interno, entre los militares y que, supuestamente, nunca tenía que haberse hecho público. Memorias, fechada el 15 de enero de 1939, es una exposición detallada y radical de los fundamentos ideológicos de la represión. Un manual de uso dirigido a futuros miembros jurídicos de los consejos de guerra, a los fiscales y a los jueces, sobre cómo ejecutar la represión. Tenían un plan perfectamente diseñado y detallado de cómo debía llevarse a cabo la depuración de todos los colectivos fieles a la República sin olvidar ninguno. El objetivo era claro: exterminar al enemigo.
Para quienes lleváis tantos años investigando sobre la represión franquista, ¿Cuáles son los aspectos que destacarías de La Ley de Memoria Democrática?
Uno de los logros de esta ley es acceder a la incautación de bienes y resarcir a quienes lo sufrieron. Otro es la nulidad de las sentencias.
La ley de 2007 hablaba de ilegitimidad y eso, en fin, oralmente está muy bien, pero tenemos que llegar a la nulidad de la sentencia, que conlleva el derecho a la compensación económica, no sólo al reconocimiento moral y dignidad de que el Tribunal de Masonería y Comunismo o los tribunales de excepción franquista eran ilegítimos. Es un paso más.
Con la Ley de la Memoria Democrática también llega el reconocimiento de lo que se incautó a cada persona, no solo a los partidos y sindicatos. Las familias tienen derecho a saber qué les quitaron y eso se puede saber perfectamente. Es complicado porque estamos hablando de los tribunales de responsabilidades políticas, que era el tribunal económico del franquismo, que no mataba ni que te privaba de la libertad, pero te quitaba los bienes. Y ahí hubo un tribunal nacional, varios regionales, miles de juzgados de instancias. Esa documentación todavía está, pero hace falta miles de investigadores que entren en cada pueblo para que consigamos esa información. Y a partir de ahí podríamos hacer un inventario de todos los bienes incautados.
Otro paso importantísimo es el plazo que se abre, la disposición adicional entre el año 1978 y el 1983. Espero que se analice de verdad ese periódico histórico y quienes defendieron los derechos y libertades. Aquí también hay un problema en estudiar la responsabilidad del rey emérito… y es preocupante que el PSOE se oponga, junto a la derecha, a que se aplique la Constitución y que los actos corruptos privados del rey puedan ser juzgados. El día que por fin desclasifiquen los secretos de Estado y sepamos cuál fue la jornada laboral del rey durante el golpe de Estado, sus llamadas telefónicas, sus conversaciones.. sabremos qué postura defendió. Pero hay un oficialismo jurídico, literario que ha descartado la participación del rey en el golpe. Espero que un día los nietos de nuestros nietos puedan conocer lo que sucedió aquella jornada y las jornadas anteriores, la trama civil del golpe de Estado… Y este periodo también abarca a los GAL, la contratación de sicarios desde dentro de un partido democrático. Que se sepa y se investigue ese periodo es una necesidad democrática. Hay que conocer lo que hizo la extrema derecha, Fuerza Nueva, el Batallón Vasco Español, quién financiaba aquellos partidos de extrema derecha, los distintos golpes de Estado que se intentaron dar a la democracia, cuál fue la participación del ejercito. Esa disposición adicional me parece maravillosa.
Todavía tenemos una Ley de Secretos Oficiales de 1968.
¿Quién se está dedicando hoy a rescatar la historia del franquismo? ¿Hay un reemplazo generacional?
Afortunadamente hay muchos compañeros que tienen entre los 40 y los 50 años, que han desarrollado toda su vida en la Universidad y que están investigando los archivos. Y hay otro sector de la investigación histórica que mantienen una equidistancia y que, como las derechas españolas, intentan demostrar que el golpe de Estado a la República fue legítimo. Y eso es preocupante porque es falso. Hay falta de rigor. ¿por qué no entran en los archivos? ¿por que no recurren a las sentencias, por qué no analizan los consejos de guerra sumarísimos de urgencia? ¿Por qué no hay estudio de la represión penal del 37 al 44?
La documentación que nosotros utilizamos es la documentación franquista, es decir, la suya. No modificamos una coma; son ensayos no novelas.
Construir el relato, reconstruir la historia. ¿La fórmula sigue vigente?
Los defensores de la equidistancia no salen de la quema de iglesias y del asesinato de Calvo Sotelo. Claro que existió, pero eso ya fue juzgado y no sólo en la causa general sino en los consejos de guerra, y con condenas a muerte. Lo que nunca ha sido juzgado ni condenado ha sido la represión franquista. Por eso en Castigar a los rojos intentamos demostrar que ya hubo un ensayo militar, no sólo de ideólogos civiles, sino militares, como Acedo Colunga, Fiscal Jefe del Ejército de Ocupación, que lo que hace es condensar en su Memoria lo que fue su labor en la campaña de Levante, de Madrid, de Bilbao, de Santander… Con esa primera experiencia que tuvo en los consejos de guerra del inicio de la Guerra Civil, intenta establecer una guía de inquisidores, es decir, enseñar a los futuros miembros de los consejos de guerra cuál era la estrategia que utilizaron para reprimir a la «anti-España» y cómo tenía que ser la represión penal, el exterminio físico, moral y económico de los fieles a la República.
Serrano Suñer, en el 38, crea una comisión de muchos de los ideólogos de la represión franquista que elaboran las causas por las que era necesario dar el golpe. Y de ahí deducen que los rebeldes eran los republicanos, no los que atentaron contra la república, la Constitución y la democracia. Era una necesidad histórica del franquismo: defender a España del gobierno republicano, convirtiéndose en los defensores de la legitimidad histórica de España. Mensajes que se repiten y que si uno escucha los discursos de VOX, y a veces del PP, ve que no han cambiado mucho, que siguen defendiendo los mismos valores
Acedo Colunga defendía la superioridad moral de la supercasta hispánica. ¿Eso qué es?
Acedo Colunga tuvo una base ideológica nacionalsocialista. En sus memorias dice que desprecia el liberalismo penal, en el sentido de principio de legalidad, separación de poderes… dice que hay que estar a la altura de las dictaduras europeas como el nazismo y el fascismo. Y añade que esto es una cruzada contra las fuerzas satánicas, contra el mal. Y que nos diferenciamos del régimen nazi porque nosotros, decía Acedo, somos superiores moralmente a la mayoría de los pueblos europeos. Se refería al tradicionalismo católico. Si te das cuenta, los principios de VOX hoy son caudillaje, unidad, anti separatismo, tradicionalismo católico, la vuelta al imperio, al siglo XV… es que dan la vuelta otra vez a los mismos argumentos de José Antonio Primo de Ribera. No salen de ahí. Acedo era precursor de esta gente. El quería crear una supercasta hispánica, al estilo de Vallejo Nájera, pero en lugar de políticas eugenésicas su proyecto de supercasta se sustentaba en el matrimonio entre hombres y mujeres fieles al Movimiento Nacional.
Acedo habla del modelo procesal penal de la Santa Inquisición. Decía que era el modelo que responde al tradicionalismo católico; la superioridad moral del pueblo español está en la Santa Inquisición. Acedo pretendía hacer una nueva cruzada contra lo que llamaba las fuerzas satánicas y republicanas.
El franquismo identifica ideología con delito, según argumentas detalladamente en vuestro libro.
En penal lo llamamos derecho penal de autor; es cuando castigas a una persona no por lo que hizo sino por lo que es. A partir del año 39 crean la Ley de Responsabilidades Políticas y comienzan a actuar esos tribunales. En el año 40 se crea la Ley contra la Masonería y el Comunismo que actúa desde 1941 hasta el año 58. Y en paralelo estaban los consejos de guerra, los consejos de guerra sumarísimos de urgencia, las comisiones de depuración en todas las profesiones, las comisiones de incautaciones de bienes… fue una represión hecha por cuatro o cinco ideólogos, todos falangistas y carlistas.
Hasta el año 43 lo que se perseguía era la masonería. La mayoría de las élites de la República eran masonas: Jiménez de Asúa, Victoria Kent, Margarita Nelken, Negrín. Luego empezaron con los comunistas, uno de ellos era Alberti. La prueba contra él fue un artículo publicado en Mundo Obrero sobre la Unión Soviética. Alberti ya no estaba en España, pero les daba igual. Así funcionaba. La mayoría de las veces bastaba con que un vecino, un delator, el cura, dijera que a esa persona la habían visto en un mitin con el puño cerrado. Y a partir de ahí directamente le condenaban. También condenaban a fallecidos y a personas que ya habían sido ejecutados en los consejos de guerra. Lo hacían para que esa sentencia fuera al Tribunal de Responsabilidades Políticas y le decomisaran los bienes a las familia. Les daba igual juzgar en rebeldía.
Acedo Colunga propuso que se le incautaran los bienes al procesado en el momento de ser procesado, no había que demostrar que había cometido un delito.
Castigaban también a republicanos y a masones de derechas; les daba igual. Y les exigían modelos de abjuración. Tenían que jurar ante un obispo, o excepcionalmente un sacerdote, que abandonaban la “secta” política masónica a la que pertenecían, que abjuraban de todos sus errores y que se adscribían a la iglesia católica apostólica y romana. Y tenían la obligación de delatar a diez personas para que se les rebajara la pena.
A Manuel Azaña le quitaron cien millones de pesetas, de aquella época. Jiménez de Asúa, que para los penalistas era el maestro, además de socialista y masón, fue condenado por la dictadura de Primo de Rivera por apoyar a Unamuno, fue desterrado y condenado por todos los tribunales franquistas.
La represión fue sistémica y detallada profesión por profesión, igual que las depuraciones.
Decían que la represión tenía que empezar por los maestros, por ser los que inculcaban esos valores. Y que tenían que ser reprimidos radicalmente. Su objetivo eran los profesores de enseñanzas medias. Luego los de la Universidad. Y el gran enemigo era la Institución de Libre Enseñanza. También la Junta de Ampliación de Estudios.
Luego fueron a por otros funcionarios, los jueces y militares. Y después ya la represión se extendió al resto.
La Guardia Civil fue completamente depurada, quitándose de encima a quienes fueron fieles a la República.
Una vez que se inicia la guerra civil, llevaban los Consejos de Guerra Sumarísimos de Urgencia a las plazas, los juicios duraban 4 ó 5 horas, dictaban la sentencia y los ejecutaban esa misma tarde o a la mañana siguiente. Eran una pantomima. No había defensa. Si existía abogado, su papel era simbólico. El secreto de la actuación era la norma. Lo importante era la ejemplaridad de la sentencia .
El Tribunal de Masonería podía publicar 50 sentencias al día. Cuando ves esas sentencias entiendes cómo: no había pruebas y las sentencias estaban dictadas antes del juicio
¿Puedes explicarnos los conceptos de exterminio y de depuración en el franquismo?
Exterminio es una forma de explicar cómo el franquismo quería acabar con la fidelidad a la República, es decir, con todo aquel que no se opuso a la Republica. No tenían que demostrar que alguien había realizado un acto de apoyo, incluyeron a quienes expresamente no impidieron que la República gobernara. No había ningún fiel a la República que no fuera condenado, procesado por los consejos de guerra ni procesado por todos los tribunales de excepción franquista. En ese sentido no dejaron títere con cabeza: acabaron con todo el apoyo a la República por acción u omisión
La Depuración es una consecuencia de esa política de exterminio. Decidieron crear comisiones de depuración. Comenzaron ya en el 36 con las depuraciones en magisterio. Y de ahí empiezan a crearse para cada profesión. Y en la Universidad fue muy curioso porque llegaron a delatar a personas de derechas que eran muy brillantes en su carrera. Inventaban un apoyo a la República o una falta de enfrentamiento a la misma. Y así les inhabilitaban para el ejercicio de su profesión.
La depuración era una consecuencia de esa política de exterminio físico, por las penas de muerte; económico, por el Tribunal de Responsabilidades Políticas; privativo de libertad, a través del Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo primero y luego con Ley de Seguridad del 41, que era para los delitos políticos: propaganda ilegal, pertenecer a una asociación ilícita, etc. Todos los tribunales estaban conectados, la sentencia de uno iba al otro, así que todas terminaban en el Tribunal de Responsabilidades Políticas que era el que incautaba los bienes.
La represión de los Tribunales estuvo vigente hasta el año 1944 en el que se aprueba el Código Penal franquista y a partir de ahí lo que era juzgado por los militares empieza a ser juzgado por los tribunales civiles. Y se crea la Institución de la Reparación Civil, que era la sanción que antes imponía el Tribunal de Responsabilidades Políticas.
La Transición mantuvo a todas estas instituciones franquistas en el poder. Y esa purificación de España ahora la vemos en parte de las derechas políticas: Caudillo, Dios y Patria y unidad de destino en lo universal.
Con esta Memoria encontrada afortunadamente por Paco Espinosa se acaba con la idea de que los militares no tenían ideología y que no planificaron la represión. Se demuestra que hubo un arquitecto de la represión penal militar y que junto a él existieron otros ideólogos civiles de la represión. Pemán fue el gran depurador de la Universidad con Enrique Suñer.
¿Te sigues encontrando obstáculos legales a la hora de escribir? Escribí un libro sobre la represión de la homosexualidad en el franquismo y protección de datos estuvo estudiando durante seis meses si podía publicar el nombre de los jueces y forenses por si atentaba contra el honor de los familiares de los verdugos. Imagínate, son funcionarios públicos, sentencias públicas, jueces que dictaban sentencia… Pero si es que es una investigación histórica. La gente tiene que saber quién llevo a cabo la represión, como en Alemania sabes, por ejemplo, la participación directa de la academia universitaria en la represión nazi, con nombres y apellidos. Aquí todavía tenemos muchos obstáculos, también legales.
REPRESIÓN Y DEPURACIÓN A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Comenzaron la represión penal con los maestros de escuela, y por extensión, a quienes se dedicaron a la enseñanza. Consideraban que estaban infectados de masones y comunistas y que en sus centros desarrollaban “propaganda roja, antirreligiosa o inmoral”. Establecieron comisiones de depuración. En cada uno de los expedientes debía obligatoriamente aparecer el informe del alcalde, cura párroco, comandante del puesto de la Guardia Civil y de un padre de familia bien reputado. La tramitación era secreta y se podían proponer sanciones aunque no hubiera pruebas en el expediente.
Y continuaron con el resto de los funcionarios; se investigaba su conducta, si eran desafectos al Estado o si mantenían algún vínculo con el Movimiento Nacional.
Los jueces fueron enjuiciados en función de sus antecedentes ideológicos o sociales. Así gestaron un ejército de funcionarios fieles y adheridos a la biblia del franquismo: Movimiento Nacional, religión y familia. La identificación de los órganos judiciales con los principios ideológicos del régimen militar fue absoluta
