A nadie se le escapa que la sanidad madrileña está sitiada, maltratada y en una situación muy precaria desde hace años. La pandemia no ha hecho más que acelerar su proceso de desmantelamiento por parte del PP. Ya son dos largos años desde que el Gobierno de Ayuso decidió cerrar las Urgencias de Atención Primaria, con las nefastas consecuencias que esto ha supuesto en las urgencias hospitalarias durante toda la pandemia.
Un cierre justificado con las excusas más peregrinas con el objetivo de ocultar el deterioro premeditado de este nivel asistencial esencial. Desde la razón inicial basada en la inseguridad de las instalaciones porque no permitían distinguir circuitos Covid y no Covid, a la falta de profesionales (mientras tenían a los profesionales del SUMMA 112 recluidos en el Zendal y posteriormente en el Wizink Center y a la vez que despedían a más de 6.000 profesionales de los mal llamados “contratos Covid”).
Dos años de movilizaciones en barrios y municipios a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid. Unas protestas que el pasado mes de julio provocaron el anuncio por parte de Ayuso de una reapertura parcial de 17 centros de los 37 cerrados y sólo 10 de ellos con personal médico. Un anuncio que, tras el rechazo general y, seguramente con la intención de aplacar la continuidad de las movilizaciones en pleno curso electoral, se transformó el pasado mes de septiembre en la promesa de la “reapertura de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria”.
El último episodio de toda esta farsa se ha dado con el enésimo anuncio del Gobierno de Ayuso relativo al nuevo Plan de Urgencias Extrahospitalarias a través de la puesta en marcha de “Puntos de Atención Continuada”. Un plan que motivó la convocatoria de huelga indefinida por parte de los sindicatos de la mesa sectorial de Sanidad. Una convocatoria prevista para el 25 de octubre que, tras un principio de acuerdo entre la Consejería y el comité de huelga y el aplazamiento de 48 horas, fue ratificado por cuatro de los cinco sindicatos.
De nuevo, queda demostrada la capacidad y la necesidad de apostar por la movilización para frenar el deterioro de los servicios públicos e impulsar cambios que nos beneficien como clase. Sin embargo, no debemos conformarnos. Queda lo más difícil: insistir en la necesidad de seguir defendiendo la sanidad pública madrileña de las garras de quienes llevan más de 27 años intentando acabar con ella.
Ley Omnibús permitirá privatizar servicios y beneficios y socializar las pérdidas
Por eso, no podemos dejar de denunciar una de las leyes más lesivas que tiene previsto aprobar el Partido Popular con la complicidad de la extrema derecha. Se trata de la famosa Ley Ómnibus. Un texto que actúa sobre 50 textos normativos, entre ellos 31 leyes, tres decretos legislativos, seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos que el ejecutivo autonómico justifica para ”impulsar la actividad económica y modernizar la Administración regional”, aunque de eso no haya nada en el texto.
En el caso sanitario, esta ley supone la normalización de lo que la pandemia ha permitido como excepcionalidad en materia de contratación pública a través de la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria. La ley contempla la creación de esta institución, al margen del Servicio Madrileño de Salud para que actúe en la contratación de suministros, bienes y serviciosen el ámbito sanitario. Una agencia en la que está garantizado el conflicto de intereses puesto que, además de financiarse mediante los Presupuestos Generales de la Comunidad, podrá recibir donaciones y cualquier otra aportación voluntaria de entidades y particulares y, a su vez, podrá participar en el capital de dichas empresas.
¿Y qué sucedería si se produce otra crisis sanitaria o catástrofe? Pues que su presidente y vicepresidente tendrán la capacidad de adjudicar contratos de todo tipo sin estar sometidos a fiscalización previa.
Una agencia que, según la ley Ómnibus, podrá liquidarse por ineficacia e incumplimiento de objetivos. Y en caso de liquidación, ¡Bingo! Será el Servicio Madrileño de Salud el que se subrogará en todas las relaciones jurídicas con sus acreedores y deudores. Y así se cierra el círculo perfecto de los neoliberales: privatizar servicios y beneficios y socializar las pérdidas.
La movilización es más necesaria que nunca
El gobierno de Ayuso no hace lo que puede, está haciendo lo que quiere. Deteriorar la sanidad pública y tener las herramientas necesarias para poder venderla al mejor postor. Utilizar la agencia para suplir las carencias intencionadas derivadas de su propia gestión con contrataciones privadas, lo que supondrá de facto una privatización de la sanidad pública.
Por eso el PP está dejando morir agónicamente la Atención Primaria, como llevamos denunciando en IU desde antes de la pandemia. Un hecho que nos reafirma en la necesidad imperante de no solamente denunciarlo en las instituciones, sino de seguir apoyando las movilizaciones ciudadanas. Tenemos que apoyar a los y las profesionales sanitarios en sus reivindicaciones justas para que puedan trabajar en las mejores condiciones y así garantizar un servicio digno para la ciudadanía. Un apoyo que se vio reflejado en la masiva manifestación del pasado 22 de octubre y que se volverá a repetir en las próximas citas previstas.
Como siempre, la lucha es el único camino. Defendamos los servicios públicos con todas nuestras fuerzas, nos va la vida en ello. No permitamos que sean otros los que decidan el destino de la Atención Primaria.
