Es una finca de casi 500 hectáreas junto al río Guadalquivir en la localidad sevillana de Camas. En 1937, se valoró exactamente en 1.590.000 pesetas de la época, de las cuales el sanguinario Queipo de Llano no pagó ni la mitad. Aunque según los últimos datos, seguramente no pagó nada. Fue directamente un robo más del que llegaron a apodar el “Virrey de Andalucía”.
Un botín de guerra que se quedó la familia de Queipo y donde se puso a trabajar a mano de obra esclava en beneficio de esta. Con la nueva Ley de Memoria Democrática se pide que este cortijo se expropie a sus herederos como paso para resarcir a las víctimas de este genocida que ensangrentó Andalucía.
Entre las voces que se han sumado a esta propuesta está el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, quien ha pedido «aprovechar el impulso» de la exhumación del general golpista Gonzalo Queipo de Llano para que el cortijo de Gambogaz, perteneciente a su familia, pase a ser patrimonio público y se convierta en un lugar de divulgación de la memoria democrática de Andalucía.
Por ello, ahora «toca poner este patrimonio en manos de lo público, convertirlo en lugar de memoria y que sea de divulgación de la memoria democrática de Andalucía, de las víctimas del franquismo que hasta ahora han estado absolutamente negadas y vilipendiadas por una política institucional del PP que niega esos principios de verdad, justicia y reparación», ha concluido.
