Una operación de lawfare en toda regla contra IU Sevilla

En 2003 Izquierda Unida entró en el Gobierno Municipal de Sevilla, en coalición con el PSOE, manteniéndose hasta 2011, dos mandatos municipales.

Durante ese periodo IU impulsó y desarrolló políticas de transformación en la ciudad a favor de la mayoría de la gente y de los barrios: defensa de los público, fortalecimiento de los servicios públicos municipales, lucha contra la especulación inmobiliaria, construcción de más de 7.000 viviendas protegidas VPO, oposición al pelotazo urbanístico de la dehesa de Tablada, infraestructuras y servicios en los barrios, numerosas instalaciones deportivas para el deporte de base, política fiscal progresiva, centros de formación para la inserción laboral, talleres prelaborales, apoyo a las pymes y a la economía social, paralización de la central térmica de Punta del Verde, que iba a contaminar la ciudad, movilidad sostenible, transporte público, bonobús solidario, carriles bici y peatonalizaciones, presupuestos participativos…

Importantes sectores económicos y financieros, esos que mandan mucho pero que no se presentan directamente a las elecciones, vieron perjudicados sus privilegios y sus enormes negocios e iniciaron una campaña de acoso y derribo contra Izquierda Unida, contra sus dirigentes y cargos públicos, con un doble objetivo: echar a IU del Gobierno Municipal, y llevar a sus representantes políticos, el PP y Zoido, a la alcaldía de Sevilla.

Para esta campaña contra IU utilizaron todo tipo de instrumentos e importantes recursos: mentiras y difamaciones contra los concejales y dirigentes de Izquierda Unida, campaña de desinformación y manipulación en todos los medios de su órbita, etc.

En ese marco se produjeron las imputaciones de la jueza Alaya contra concejales de IU. Primero contra Antonio Rodrigo Torrijos en el llamado caso Mercasevilla. La imputación se hizo pública el día anterior al inicio de la campaña electoral de las Elecciones Municipales de 2011, en las que el compañero era candidato de IU a la alcaldía del Sevilla. Años después, demasiados años después, con IU ya fuera del Gobierno Municipal una sentencia clarificadora y rotunda lo absolvió de cualquier culpa.

Después, en noviembre de 2014 la misma jueza me imputó a mí en otro procedimiento penal, el llamado caso Fitonovo, y de nuevo, otra vez, a Antonio Torrijos. La imputación se produjo cinco días antes de mi proclamación por la asamblea local de IU como candidato a la alcaldía de Sevilla en las Municipales de 2015. Para no perjudicar a mi organización renuncié a la candidatura, dimití del todas mis responsabilidades y di un paso al lado.

La acusación se basaba en una falsedad, haber favorecido a una empresa, Fitonovo, a cambio de una dádiva a la organización, en la adjudicación de once campos de fútbol de césped artificial. En la declaración que hice ante la jueza Alaya el 24 de noviembre de 2014 le expliqué con claridad que la obras de estos once campos estaban en el marco del llamado “Plan 8.000” del Gobierno Zapatero, y que su licitación y adjudicación la realizó, conforme a lo regulado en la norma estatal de este Plan, una Mesa de Contratación única del Ayuntamiento de Sevilla formada exclusivamente por altos funcionarios del Ayuntamiento: secretario general, interventor general…

Y que, por tanto, que yo como concejal de Deportes, ni el Instituto Municipal de Deportes (IMD) que dirigía, ni Antonio Torrijos, primer Teniente de Alcalde, no habíamos tenido ninguna intervención, ni directa ni indirecta, en la licitación y adjudicación de dichos campos de césped.

Y que esto era fácilmente comprobable simplemente revisando cualquiera de los expedientes de los once campos de césped artificial, donde constaban quienes formaban parte de la Mesa de  Contratación del Ayuntamiento.

Es más, en mi declaración ante Alaya le dije que en ese mandato municipal, en 2009 y 2010, el IMD licitó y adjudicó, esta vez sí, nueve campos de césped artificial, siete de fútbol, uno de rugby y uno de béisbol, y ninguno de ellos fue adjudicado a Fitonovo, sino a cinco empresas distintas.

Al parecer la jueza no comprobó nada, mantuvo las imputaciones en las que nos acusaba de cinco delitos graves, que implicaban muchos años de cárcel, y nos pidió 620.000 euros de fianza a cada uno.

El poder económico en Sevilla consiguió su objetivo, echar a Izquierda Unida del Gobierno municipal y llevar al PP y a Zoido a la alcaldía de Sevilla. Y lo que es peor, la derecha económica y política sevillana desarticularon la mayor parte de las políticas de progreso que habíamos implantado. Durante los cuatro años de mandato del PP no se construyó ni una vivienda protegida municipal, ni una sola. Se privatizaron servicios municipales y desmantelaron las políticas públicas a favor de la mayoría de la gente y de los barrios de Sevilla.

El relato judicial de Alaya, en un cuando menos sorprendente “copia y pega” siguió avanzando hasta llegar a la Audiencia Nacional por estar imputados en el caso Fitonovo personas de varias provincias. Bien es verdad que el caso se fue desinflando en el procedimiento judicial, los cinco delitos y los 620.000 euros de la jueza Alaya la Fiscalía de la Audiencia Nacional los redujo a una acusación de cohecho, cuatro años de cárcel y 8.000 euros de fianza.

El proceso judicial ha durado 2.931 días, algo más de ocho años y ha finalizado en el juicio que ha tenido lugar en la Audiencia Nacional del 24 de octubre al 1 de diciembre pasados. En las numerosas sesiones del juicio, con muchos testigos de las diferentes partes, incluyendo a la UCO de la Guardia Civil que realizó la investigación a las órdenes de Alaya, no se ha presentado ni una sola prueba ni indicios de que hubiésemos cometido algún delito, ni siquiera irregularidad administrativa.

Finalmente la Fiscalía de la Audiencia Nacional el 30 de noviembre en su informe de Conclusiones retiró la acusación contra nosotros de forma firme y contundente, dejando claro que ninguno de los dos habíamos tenido nada que ver en la adjudicación de los famosos once campos de césped –sobre los que se basaba la acusación- y que esto se ha podido comprobar en la revisión de los expedientes de los onces campos –lo que yo dije en mi declaración ante Alaya ocho años antes-, así como en los testimonios de los numerosos testigos que han declarado en el juicio. Por cierto, la Abogacía del Estado que también acusaba retiró todos los cargos el día anterior al inicio del juicio, “al no encontrar ningún tipo de menoscabo en los fondos públicos gestionados”.

¿Y ahora qué? ¿Todo se queda en “ya no son ustedes acusados, pueden abandonar la sala cuando quieran? que pronunció la presidenta del Tribunal. Hemos sufrido ocho años muy duros. Un calvario personal, político, mediático y económico.

En mi caso pasé de ser concejal y portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla al paro con 60 años (sin derecho a prestaciones, ya que mi renuncia al cargo público fue voluntaria), pasé de la dirección de IU y de ser candidato a la alcaldía en las Municipales de 2015 a dar un paso al lado para no perjudicar a mi organización, pasé de ser una persona medianamente reconocida y valorada al desprestigio social por campaña indignas contra mí y contra Izquierda Unida, y pasé también de un puesto de trabajo al paro teniendo que hacer frente a los importantísimos gastos que suponen un proceso penal de ocho años.

Esto no puede quedar así, no debe quedar así. El reconocimiento y la reparación personal y social es muy importante, pero debe haber algo más. Debe haber justicia. Mi abogado, José María Nuñez, al que siempre le estaré agradecido por su trabajo y su profesionalidad, y su despacho están estudiando la posibilidad de iniciar acciones penales contra la jueza Alaya, por si alguna de sus actuaciones pudieran ser constitutivas de delitos, entre otros prevaricación. Solo exijo lo que he estado exigiendo durante ocho años, justicia. La militancia comunista sabemos bien que “la única batalla que se pierde, es la que se abandona”. La lucha es el único camino.