Hace ya casi un año escribía en este mismo medio para denunciar la forma en que la gran mayoría de las universidades públicas estaban contratando a personal investigador recién doctorado con un nuevo tipo de contrato que había aprobado el Ministerio de Universidades. Este contrato (llamado Margarita Salas) obtiene los fondos de la UE a través Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU»).
El problema radicaba (y radica) en que las universidades decidieron que la cuota patronal (la parte que la empresa paga al contratar a un trabajador) sería pagada de estos fondos que, a priori, iban a destinarse al salario del trabajador (el BOE de forma ambigua hablaba de “importe mensual de las ayudas”). Esta merma en el salario esperado se traduce en que un buen número de los beneficiarios de este contrato hayan tenido que abandonarlo por ser insostenible. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que aún hoy se siga insistiendo por parte del Gobierno que la apuesta por I+D+i es la única solución para afrontar el futuro del país.
No obstante, no solamente han escatimado en aportar su parte a la cuota patronal, sino que muchas universidades, argumentando que la finalidad de los contratos predoctorales o técnicos que se habían disfrutado con anterioridad es diferente, se niegan también a pagar los trienios (un plus de antigüedad en la empresa, no en el puesto).
Muchas universidades han conseguido así, sin aportar nada, un buen número de personal investigador posdoctoral -de los cuales luego presumen en sus estadísticas oficiales-. En el caso concreto de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), tienen el descaro de explicitar en su convocatoria este punto: “En todas las actividades y resultados de los proyectos que tengan una difusión pública (ej. publicaciones, eventos, conferencias, actividades de difusión científica, etc.) aparecerá obligatoriamente: a) el número de referencia que identifique la subvención concedida, b) la mención expresa al Ministerio de Universidades, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y a la UAM como entidades financiadoras. En las publicaciones derivadas de la estancia, la UAM debe aparecer como institución de afiliación”. Cuando dice que la UAM es entidad financiadora, ¿a qué se refiere? No es un caso aislado, sino la tónica general.
Durante la última reunión sostenida con el Equipo de Gobierno de dicha universidad pública, se nos expresó que la situación económica de la universidad era muy precaria y que por ello no nos podían dar lo que es nuestro por derecho, ¿quién paga al final siempre?
En esta línea, como podréis suponer, no se no ha aplicado, como en muchas de las universidades, la tan cacareada subida del 1,5% para los empleados públicos. Qué menos esperar. El argumento: nuestros sueldos ya venían definidos por la convocatoria y las subidas no se les aplicaría. Bien, pero cuando optan por hacer una lectura retorcida y torticera de la convocatoria para no pagar un sueldo justo no son tan exquisitos con el cumplimiento de la legalidad.
Como colofón a esta situación, en algunas universidades se han puesto demandas colectivas por lo social que no han prosperado. En el caso de la interpuesta en Burgos, el motivo fue que los jueces no se declararon competentes y desestimaron la demanda. En cambio, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia de la Sala Social, cuyo presidente fue durante más de una década profesor en la misma universidad que es juzgada, sí se ha declarado competente y sostiene que todo es legal y que la universidad no tiene la obligación de pagar la cuota patronal con sus fondos, pudiendo destinar para ello las ayudas Next Generation EU. Otras demandas aún están en proceso y en otros lugares se está a la espera del veredicto de la Inspección de Trabajo (a casi un año del inicio de los contratos).
Esta situación de maltrato a la investigación y de indefensión a la que nos enfrentamos en este caso concreto no es sino un ejemplo más del nulo interés que demuestra el Estado por la investigación. Sin embargo, no deja de ser llamativo que sean las universidades quienes demuestren más ensañamiento y ninguneo ante los jóvenes investigadores.
Así las cosas, aquí estamos, igual de precarios que a primeros de años, aunque ya siendo muchos menos, pues la precariedad ha empujado a un buen número a abandonar la carrera investigadora, irse fuera o simplemente coger otros contratos mejor dotados. Las universidades, en cambio, sin aportar nada, han aumentado el número de investigadores y han logrado aumentar su visibilidad y el número de publicaciones científicas. Este maltrato a la investigación por parte de gestores mediocres no augura nada bueno para la ciencia en este país.
Ante este panorama, las propuestas básicas para dignificar la investigación como la estabilización -recordemos que durante gran parte de la carrera investigadora se enlazan contratos de dos, tres o cuatro años, nunca garantizándose el siguiente tramo y alcanzándose la estabilización tras encadenar varios de estos contratos-, la conciliación de la vida familiar o las mejoras salariales que nos equiparen a los investigadores de otros países suenan a propuestas maximalistas e inasumibles por el Gobierno. Así que peticiones como una mayor inversión para el desarrollo de proyectos y la adquisición de recursos que nos hagan competitivos a nivel internacional, una mayor dotación de personal -investigador, técnico y de administración y gestión- en los centros de investigación, el reconocimiento de la carrera de técnicos y personal administrativo o la definición de una carrera investigadora que no cambie cada pocos años creando figuras, fusionándolas o dividiéndolas, suena a auténtica utopía.
Investigador posdoctoral de la Universidad Autónoma de Madrid
