En el año 2020, según los datos disponibles, se convocaron en España 487 huelgas que afectaron a 11.998 centros de trabajo que tenían 746.272 trabajadores y trabajadoras en plantilla. Una de esas huelgas fue la de Alsa en Asturias que se convocó un 5 de octubre y se prolongó durante once días en los que se registraron un total de 60 acciones contra autobuses de la compañía.
La huelga, que fue respaldada por todos los sindicatos, los trabajadores y las trabajadoras, denunciaban recortes en el servicio, como el personal de taquilla, o las rutas menos rentables de la Asturias rural, así como la subcontratación de conductores “low cost” a otras empresas de transporte, con peores condiciones laborales que los chóferes de la multinacional asturiana.
La huelga fue dura y creo conciencia en ambos lados. Por un lado los trabajadores y trabajadoras se unieron por sus derechos, pero por otro la patronal recurrió a la estructura del Estado burgués para reprimir y criminalizar el conflicto laboral. Prueba de ello, es que este lunes la Guardia Civil detuvo a ocho trabajadores y tomó declaración como investigados a otros seis acusados de protagonizar los incidentes registrados hace dos años. Los detenidos ya se encuentran en libertad.
La investigación, enmarcada en la llamada operación “Halmazón”, llevaba dos años en marcha según la Guardia Civil, pero las detenciones se producen justo después de la absolución este lunes de siete trabajadoras por los piquetes de la huelga de TUA, filial de ALSA, en 2019.
Absolución trabajadores de TUA
El mismo día que se conocía la persecución contra los huelguistas de Alsa, se hacía público la absolución de 7 trabajadores y trabajadoras que realizando la labor de piquetes informativos durante una de las jornadas de paros de la huelga de TUA -Transportes Unidos de Asturias es una empresa de carácter privado con participación del Grupo ALSA que gestiona desde 1981 el servicio público de transporte urbano colectivo en la ciudad de Oviedo-, en los primeros días del 2019.
Los acusados resultaron absueltos sin necesidad siquiera de declarar durante el juicio previsto en el juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, al verse beneficiados por un cambio del Código Penal aprobado en abril de 2021 gracias a Unidas Podemos, el cual despenaliza los delitos contra los derechos de los trabajadores en el marco de una huelga.
El fiscal anunció al comienzo de la vista que retiraba los cargos de los siete trabajadores para los que inicialmente pedía 2 años de cárcel por, entre otros hechos, subirse al autobús de una conductora e intentar convencerla de que se uniera a la protesta laboral.
Durante la vista, los siete acusados contaron con el respaldo de casi un centenar de personas que se concentraron a la puerta del Palacio de la Justicia de Llamaquique portando pancartas y al grito de consignas como «la protesta no es delito». A pesar de beneficiarse de este cambio normativo de 2021, la abogada de la defensa, Alejandra Gutiérrez, aseguró que los acusados se limitaron a informar a su compañera y que podían demostrarlo con vídeos grabados de ese día.
