“Y se encontrarán
Los del machete aguerrido
Con el último héroe
Que hasta hoy se ha perdido
Juntos gritarán
Será mejor hundirnos en el mar
Que antes traicionar
La gloria que se ha vivido” Pablo Milanés
En un contexto postpandémico de guerra, de sanciones contra Rusia y de inflación, el pasado 24 de noviembre se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado del 2023, que son los de mayor gasto e inversión social (becas, sanidad, dependencia, pensiones, etc.) de la historia de esta país. En estos presupuestos ha sido decisivo el trabajo y la presencia de UP, IU y PCE en el gobierno, en alianza con las organizaciones de izquierdas del bloque de investidura, con los sindicatos de clase y los movimientos sociales, que han atado en corto a los sectores más social-liberales del PSOE para lograr implantar también un impuesto de carácter temporal que gravará a las empresas energéticas, a la banca y a las grandes fortunas, con los que el gobierno pretende recaudar cerca de 7.000 millones de euros que serán dirigidos a una redistribución de la riqueza para paliar las enormes dificultades que atraviesan las familias trabajadoras de nuestro país.
Mientras en la zona euro el alza de los precios alcanza el 10,6%, en España la tendencia se está amortiguando, con una inflación que, aun siendo alta, ya encadena cuatro meses consecutivos moderando su subida, desde el máximo del 10,8% del mes de julio hasta el 6,8% del mes de noviembre. Lo que también es debido al impacto positivo de las medidas puestas en marcha por el gobierno, como la “excepción ibérica”, para limitar el aumento del precio de la energía.
La patronal y la derecha contra las subidas salariales
En medio de esta difícil situación de crisis de suministro, alza de precios y especulación desbocada, la patronal aprovecha para aumentar sus márgenes de beneficio y exprimir a la clase obrera, a través de la mayor devaluación salarial en 40 años, bloqueando la negociación de los convenios, negándose a asumir subidas salariales vinculadas a la inflación y a establecer cláusulas de revisión salarial, tal y como demandan los sindicatos. Sólo a través de la firmeza y la presión, con una oleada de huelgas y movilizaciones obreras, especialmente del sector de la industria y del metal -donde todavía se hace notar la tradición de lucha, la organización y el poder sindical-, se está logrando torcer el brazo a una patronal muy poco acostumbrada a hacer concesiones.
En medio del agravamiento de la lucha de clases, tanto la derecha “moderada” de Feijoo como la “ultra” de Abascal, lanzan todo su poder mediático para combatir a los sindicatos, a la clase obrera y a la izquierda, cuestionando o culpando a los salarios y a las condiciones laborales de la subida de los precios, mientras ocultan descaradamente los desorbitados beneficios empresariales. ¿Acaso la especulación y la sed insaciable de beneficios de las grandes empresas no son las principales responsables de la subida de los precios? ¿No son escandalosos los beneficios de las energéticas y de la banca? Como saben que es impopular oponerse a la defensa del poder adquisitivo de los salarios, agitan el miedo a perder el trabajo con el falso dilema de que si suben los sueldos, aumentará el desempleo.
Los impuestos, salarios y pensiones no destruyen empleo
Por el contrario, en estos años de pandemia, crisis, guerra y sanciones, ¿quién nos ha salvado la vida y ha hecho funcionar la economía y la sociedad? ¿Acaso no ha sido con el sudor de la clase trabajadora? Mientras la empresa privada buscaba el beneficio y el mercado especulaba, era lo público quien nos cuidaba, con los ERTE, escudos sociales, subidas de pensiones, del SMI y otras prestaciones. Es mentira que los salarios, las condiciones laborales y lo público aumenten el paro y suban los precios, de hecho aumentan el poder de compra y aplacan las posibles caídas de la demanda.
Los últimos datos de empleo y temporalidad refutan el pensamiento ultraliberal de la derecha mostrando cifras récord de creación de puestos de trabajo. En el tercer trimestre de 2022 el número de ocupados aumentó más de 514.00 personas y ya supera los 23,5 millones de trabajadores y trabajadoras, con la tasa de paro en un 12,67% (26,9% con el gobierno de Rajoy), según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Es la cifra de población activa más alta de nuestra historia, de creación de empleo desde 2008 que se acerca al récord histórico registrado en 2007.
A día de hoy, cerca del 50% de los contratos son indefinidos y la temporalidad ha bajado de un 26,6% con el gobierno del PP a cerca de un 17,5% con Yolanda Díaz. El crecimiento del empleo indefinido, la decreciente temporalidad y la mayor capacidad negociadora de los sindicatos con los convenios sectoriales también preocupa a la patronal, ya que está propiciando que amplios sectores de la clase obrera que antes estaban aterrados y excluidos, se sindicalicen y luchen por sus condiciones de trabajo en mejores condiciones. Por eso los patronos y la derecha recurren al miedo al desempleo, para debilitar el espíritu de lucha de la clase obrera.
Incremento del SMI, las pensiones y otros subsidios
Según lo aprobado en los PGE del 2023, el IPC medio es la cifra que va a utilizar el Gobierno para subir las pensiones en 2023, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otros subsidios. Con un 6,8% de inflación en noviembre, el IPC medio queda en un 8,45%, con lo que las pensiones redondeando tendrán un 8,5% de subida (34 veces superior al 0,25% que subía el PP). Esta media también servirá como una referencia importante para establecer cuál será el incremento del SMI del 2023, en la negociación que tendrán que sacar adelante los sindicatos CCOO y UGT y el gobierno.
Se va a agudizar la polémica sobre cuál va a ser el incremento del Salario Mínimo Interprofesional. Los medios de la derecha y la patronal vuelven a lanzarse a una nueva cruzada para descalificar a la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, que se ha posicionado nítidamente con la clase trabajadora y los sindicatos CCOO y UGT, por un incremento del SMI que vaya más allá del 60% del salario medio que establece el programa de gobierno, y que se revalorice con la inflación para no perder poder adquisitivo. Una subida del SMI que implicaría pasar de los mil euros actuales a una horquilla de entre 1.085 y 1.100 euros por 14 pagas, en beneficio de más de 2 millones de trabajadores de forma directa.
La derecha y sus medios acrecientan su campaña tratando de contraponer el incremento del SMI con la creación de empleo. Para ello difunden toda clase de bulos sobre supuestos informes que encargó y ocultó el Ministerio de Trabajo a diferentes expertos acerca de los efectos perniciosos en el empleo que tendría subir el SMI. Otra burda mentira de la derecha y la patronal, puesto que sería la quinta subida consecutiva, que supondría un aumento de los 735,9 euros de 2018 a los 1.100 euros en 2022 y eso no ha significado un aumento del desempleo. Es una falacia decir que los incrementos salariales y del SMI destruyen empleo, cuando con las subidas sin precedentes de estos años, estamos en las cifras de empleo más altas de la historia. Además, un salario más alto permite salir a muchos trabajadores de la pobreza y reducir la desigualdad social.
Cambiar la correlación de fuerzas en la calle y con políticas valientes
A las reticencias a un incremento del SMI con el IPC de la ministra Nadia Calviño, se unen las propuestas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, que plantea una ampliación del periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 28 años, lo que significaría un importante recorte en las pensiones futuras. Tanto Yolanda Díaz, como CCOO y el PCE ya han rechazado esta medida de corte neoliberal. Lo que queda en evidencia de nuevo es que tanto en el PSOE como en el equipo económico del gobierno sigue dominando el pensamiento neoliberal, que cuestionan la viabilidad del sistema público de pensiones.
En este contexto de hastío popular debido a estos terribles años de sucesivas crisis sanitarias, económicas y geopolíticas, la derecha y la ultraderecha tratan de atacar instrumentalizando el descontento social, manipulando la dura situación de alta inflación, escasez, etc. Sus recientes fracasos los han puesto en evidencia con la desconvocatoria del insignificante paro patronal del transporte, pero prosiguen los intentos de desestabilización contra el gobierno y la izquierda recurriendo a chiringuitos de abogados de extrema derecha, a sus sectores afines en el aparato judicial (por eso no quieren cambiar el CGPJ) y en los medios, con las últimas campañas, que han cuestionado la legalidad del Partido Comunista de España, intentando prohibir el sello conmemorativo de Correos por su centenario, o con la infame campaña contra la Ley del Solo sí es sí y de acoso a la ministra de Igualdad Irene Montero.
Parece que a la derecha no le están saliendo sus planes, siguen las impresionantes demostraciones de fuerza con las huelgas obreras y sindicales (la última del metal de Bizkaia), que culminaron en la gran manifestación solidaria del 3 de noviembre al grito de ¡Salario o Conflicto! Con las grandes manifestaciones del pasado 25 de noviembre contra la violencia y la justicia machista convocadas por el movimiento feminista o las manifestaciones en Castilla y León en defensa de la democracia. Pero, si ha habido una movilización que ha asustado a la derecha, fue la gigantesca demostración de fuerza del pueblo de Madrid en defensa de la sanidad pública y contra la política criminal de Díaz Ayuso.
No hay que confiarse ni subestimar a la reacción, es necesario persistir en políticas valientes desde el gobierno, y, sobre todo, ahondar en la organización y la movilización obrera y popular en base a las reivindicaciones más urgentes e inmediatas. Es imprescindible que la izquierda haga una lectura certera para articular una alternativa política de futuro. No sobra nadie y falta mucha gente.
