La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de sus redes sociales, está convocando la “Gran Marcha por la Paz” este martes, 3 de enero, en “las principales plazas a nivel nacional”.
Con esta convocatoria, la Policía peruana estaría violando dos artículos de la vigente Constitución, que prohibe a la policía participar en actividades partidarias y manifestaciones, así como realizar actos de proselitismo.
Ante las críticas, la Policía Nacional del Perú borró la convocatoria de sus redes sociales y emitió un comunicando afirmando que ningún efectivo participará en la movilización denominada «Marcha por La Paz» debido al mandato de la Constitución.
“En concordancia con la Constitución Política y la normatividad vigente, la Policía Nacional del Perú no tiene opinión ni manifestación política alguna; pero es promotora de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos de acuerdo a la cultura de paz que recomienda la Organización de las Naciones Unidas”, se lee en el comunicado emitido este lunes.
«Buenos y malos peruanos»: la derecha peruana repite el guión de Colombia y Chile
Asistimos a una repetición en Perú del fenómeno de criminalización de la protesta pacífica por parte de los medios de comunicación corporativos, descalificando como «vándalos» y «terroristas» a los manifestantes que ejercen su derecho democrático a la protesta, y presentando a los manifestantes como «violentos», utilizando en muchas ocasiones policías infiltrados para causar destrozos y ataques que justifiquen la represión, acusando a los ciudadanos que protestaban pacíficamente de todo tipo de crímenes, incluido el de terrorismo. Algo que se vivió en Chile y en Colombia, donde las respectivas oligarquías se autoproclamaron como «ciudadanos de bien», mientras la violencia más brutal era descargada contra jóvenes que protestaban, «armados» de escudos y cascos, y que fueron asesinados por docenas. En Colombia, incluso, la «gente de bien»promovió el paramilitarismo y dio cobertura a civiles armados que dispararon contra manifestantes.
Se da la «casualidad» de que la «Marcha por La Paz» ya había sido anunciada por la presidenta Dina Boluarte, el pasado viernes, durante una conferencia de prensa en el Cusco.
“Así como hay personas que están diciendo que van a marchar el 4 de enero, también hay un grupo de personas que quieren la paz y van a salir a marchar por la paz en el Perú. Así que abracémonos juntos los que queremos marchar pacíficamente, los que están saliendo a marchar por la paz para construir el Perú (…), para reencontrarnos entre hombres y mujeres que, de veras, queremos al Perú”, indicó la mandataria aquel día.
El mismo viernes, el jefe de la unidad policial antiterrorista Dircote, General PNP Óscar Arriola, en un medio de comunicación, invitaba a la población a sumarse a la referida “Marcha por la Paz”
“A nivel nacional, va a haber una Marcha por la Paz (…) Va a estar la Iglesia, van a estar las personas de bienque claman por la paz a nivel nacional”, señaló.
Organizaciones populares anuncian movilizaciones desde el 4 de enero
Diversas federaciones y organizaciones regionales ya han anunciado que, a partir del próximo 4 de enero, retomarán diversas medidas de protesta en diferentes zonas del país.
El pasado jueves, la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) se pronunció en contra del Gobierno y del Congreso; además, rechazó las declaraciones del ministro de Trabajo sobre la modificación del reglamento de la Ley de Tercerización. En ese sentido, la organización sindical exigió “respetar los derechos de la clase trabajadora” y convocó a un paro nacional para los próximos días.
“La CGTP llama a sus bases sindicales a organizar el gran Paro Nacional Cívico Popular para enfrentar las amenazas que se erigen desde el Congreso, el Poder Ejecutivo y otras instituciones del Estado”, señalaron en su pronunciamiento.
Diversas organizaciones sociales de la Macrorregión sur se reunieron el pasado miércoles en Arequipa y decidieron reiniciar “la huelga indefinida” a partir del próximo 4 de enero en regiones como Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho y Arequipa.
Entre los puntos de su plataforma de lucha está el cierre del Congreso, adelanto de elecciones para el 2023y la exigencia de convocar a una asamblea constituyente. Además, consideraron la posibilidad de “un viaje masivo a Lima” como parte de su jornada de protesta, aunque no se definió una fecha para ello.
Rocío Leandro Melgar, presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), informó a diversos medios de dicha región que su organización se encuentra en una tregua “con el pueblo” y que no se sumarán al paro convocado a partir del 4 de enero. Sin embargo, indicó que se realizará una “asamblea nacional” para evaluar si realizarán jornadas de protesta contra el Gobierno.
En la región Junín, los comités de lucha de las provincias de Pichanaqui y Sangani acordaron sumarse al paro nacional del 4 de enero. Según un pronunciamiento conjunto, la jornada de protesta iniciará el martes 3 de enero a las 5:00 p.m. y tendrá como punto de concentración la Plaza de Armas de Pichanaqui.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) señaló que sus organizaciones se encuentran “en movilización permanente” y demandaron la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones para el 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente.
En la región Loreto, los pueblos y comunidades de la Amazonía norte indicaron en un pronunciamiento que retomarán la “movilización indefinida” desde el 4 de enero, “de acuerdo a nuestros usos y costumbres”.
