La juez ha decretado el sobreseimiento y archivo de la causa contra Carlos Serrano, Secretario del PCE en Segovia y coordinador provincial de IU Segovia, y José Luis Ordóñez, ex coordinador de la organización. Ambos declararon el pasado mes de diciembre por una querella de injurias y calumnias interpuesta por Jaime Pérez, diputado del Partido Popular, y la empresa JM Plaseges Agua SL.
La querella que tenia como objetivo amedrentar a IU en Segovia, estaba motivada por las explicaciones que Izquierda Unida pidió en noviembre de 2021 con relación a la actividad de una empresa vinculada al diputado del PP denunciante. En esas declaraciones, Serrano y Ordóñez, entonces coordinador provincial, se refirieron a una extraña coincidencia en la fecha del 9 de octubre de 2020, día en que la compañía había cambiado de administrador único (dejó de serlo el propio Pérez Esteban y se nombró a un familiar directo).
El mismo 9 de octubre de 2020, la Junta de Castilla y León anunció la firma de un Protocolo General de Actuación, suscrito por el presidente Fernández Mañueco y los presidentes de las 9 diputaciones provinciales, con el objetivo promover el establecimiento de sistemas de depuración en los municipios de entre 500 y 2000 habitantes. Debido a esta curiosa coincidencia, se pidieron explicaciones a la Diputación para despejar cualquier atisbo de duda sobre esta empresa especializada en servicios de control técnico-sanitario del agua, y que de forma habitual acomete actuaciones en localidades de toda la provincia.
Según dictamina el auto, de las diligencias practicadas no se desprenden indicios de la comisión de los delitos de injurias y calumnias, al no concurrir ánimo de menospreciar o menoscabar la integridad o el honor de la parte querellante. Tampoco el contenido de las manifestaciones de los querellados, publicadas en medios locales, contienen la atribución de un hecho delictivo concreto y a una persona determinada.
Reivindicación de transparencia en los fondos públicos
El auto establece que, en un ámbito puramente político, los querellados llevaron a cabo unas manifestaciones con el fin de poner en conocimiento unos hechos, una noticia, y de pedir explicaciones por parte de la Diputación sobre el destino del dinero público, reivindicando una transparencia en la gestión de fondos públicos.
Por tanto, la juez señala que Serrano y Ordóñez no procedieron con ánimo de menospreciar o desacreditar, sino de ejercitar un derecho, ejecutar una crítica o denunciar unos determinados hechos en un contexto concreto. Añade que, en la pugna del derecho al honor y la libertad de expresión e información, los límites de la crítica son más permisibles al referirse a personas que se dedican a una actividad política y/o pública, estando expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones.
Una querella intimidatoria
Para IU, este sobreseimiento confirma que la querella tenía una clara intención intimidatoria y coactiva hacia la labor política de la organización. Forma parte de la estrategia constante del PP de judicializar asuntos meramente políticos. Izquierda Unida se limitó a pedir aclaraciones sobre si hay alguna relación entre el cambio de administrador único de JM Plaseges y la subvenciones recibidas por la Diputación de Segovia para los mismos fines a los que se dedica la empresa.
La organización recuerda que el diputado Jaime Pérez, el 3 de diciembre de 2021, realizó declaraciones en la sede de la Diputación, utilizando recursos de la administración provincial, pagada por los impuestos de todos los segovianos, para anunciar que una empresa privada como es Plaseges denunciaría a Izquierda Unida. IU considera sorprendente que el Partido Popular de Segovia y el presidente de la Diputación sigan sin pronunciarse sobre un caso de utilización de la Diputación de Segovia para intereses particulares de un diputado.
