El 19 de julio de 2021 Perú se acostaba con la victoria en las urnas de Pedro Castillo, un profesor de Primaria nacido en el Distrito de Tacabamba, en la provincia Chota, en un país aún polarizado, con la represión dictatorial de Fujimori más que presente en el imaginario social.
El mandato de Castillo no iba a ser fácil en un país en el que la práctica totalidad de la prensa está al servicio de oligarquía, con un Congreso corrupto, en manos de la derecha liderada por Keiko Fujimori. No iban a permitir que Castillo, el maestro de escuela que lideró la huelga de educación del año 2017 contra la administración de Pedro Pablo Kuczynsk, en demanda del incremento de los sueldos de los maestros, la derogación de la Ley de la Carrera Pública Magisterial y el incremento del presupuesto en el sector educación, se pusiese al servicio del pueblo y llevase a cabo las reformas necesarias para revertir la enorme brecha social que asola el país, así como dar inicio a un proceso Constituyente que diese carpetazo definitivo a los vestigios de la dictadura fujimorista aún presentes en Perú.
Tras varios intentos de vacancia contra Castillo a lo largo de estos 16 meses, el pasado 7 de diciembre se consumó la infamia: el presidente, tras un intento de iniciar el tan necesario proceso constituyente, era apartado del poder a la fuerza, detenido y acusado de rebelión y conspiración a pesar de que no se dan los tipos penales que requieren ambos delitos.
Mientras Castillo se encuentra en prisión preventiva, la usurpadora, Dina Boluarte, sostenida por un Congreso golpista, ha militarizado las calles peruanas, reprimiendo y asesinando manifestantes que piden la restitución del profesor y un proceso constituyente que le devuelva al pueblo la soberanía arrebatada por la fuerza el 7 de diciembre.
Unos días antes en Argentina la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner era víctima, de nuevo, de la escandalosa lawfare que los enemigos acérrimos del pueblo han emprendido contra ella. Además de haber sido procesada en más de doce ocasiones -en casi todas ellas con la intervención de los mismos fiscales y jueces, con probados vínculos con el anterior presidente Mauricio Macri-, fue víctima de un intento de asesinato, de operativos de vigilancia e inteligencia y de escuchas ilegales filtradas a la prensa. Ahora intentan derrotar a quien sería la candidata a la presidencia, condenándola a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos por supuestas irregularidades que habrían ocurrido hace más de 15 años y que nunca fueron probadas. Se cierne la amenaza de una nueva guerra jurídica de la que ya fueron víctimas Evo, Lula o Dilma.
Mientras esto ocurre la luz de la esperanza sigue abriéndose paso en el continente. El 1 de enero, coincidiendo con el aniversario del triunfo de la Revolución cubana, Lula, por fin tomó posesión de su mandato como presidente del país, devolviéndole a Brasil la dignidad perdida, arrastrada y pisoteada por el fascista de Jair Bolsonaro.
Lula significa que se amplíe el balón de oxígeno para la región y que la verdadera integración latinoamericana y caribeña que iniciaron Fidel y Chávez, sea hoy más real que nunca. Por ello, pese a los coletazos y arremetidas golpistas de quienes no están dispuestos a perder sus privilegios, de aquellos que sustentan su poder en el capitalismo más depredador, el triunfo de la democracia, de las clases populares, de los trabajadores y trabajadoras, hoy, es una realidad tangible y firme para América Latina.
