¿Es el llamado lawfare una cacería política legal? Dícese que el lawfare es una especie de “guerra de la ley”. Es decir, se trata de una utilización de la ley para fines espúreos so capa de legitimidad. Dicha guerra judicial suele ir acompañada de una cierta épica, que muchos denominan cacería, persecución, destrucción del adversario, y no pocas veces implica la existencia de una trama bien organizada o, en todo caso, de una combinación coordinada o, cuanto menos, una especie de gatuperio montado sobre llamadas telefónicas y cafés dialogados para poner en línea a personas o personajes de la judicatura, de la política y de la comunicación.
Dícese que en Sevilla, hace unos años (la última diligencia judicial se ha dictado a finales del 2022), se puso en marcha uno de los primeros experimentos de este fenómeno, que suele acabar con el poder democrático sin necesidad de utilizar la fuerza. En el caso de Sevilla, por lo que concierne al grupo municipal de IU, la guerra judicial tuvo su mayor vigencia contra el gobierno de coalición PSOE-IU y, más allá, contra la oposición de IU, una vez deslocalizado (sacado del gobierno) el grupo de IU a través de una campaña que destrozaba su imagen y posibilidades: tanto el candidato del 2011 como el del 2015 tuvieron que dimitir, sin apelar en ningún caso a la presunción de inocencia; dicha presunción se ha confirmado en cualquier caso, ya que ninguno de los acusados ha sido condenado: no había realmente pruebas.
Todo el grupo municipal de IU en el ayuntamiento de Sevilla fue denunciado y apaleado judicial, política y mediáticamente, algunos a lo largo de 13 años. Por ejemplo, el dirigente Torrijos, líder del grupo, candidato en 2007, que ha sufrido sobre sus espaldas cuatro procesos, con peticiones generosas de cárcel y fianzas (“han jodido mi vida”). José Manuel García ha estado enganchado durante diez años, para que un día del mes de noviembre de 2022, alguien le dijera en la Audiencia Nacional de Madrid: Se han retirado las acusaciones contra usted; puede abandonar la sala. Pepa Medrano, con el caso Foxá, ha sufrido un calvario de tres años, hasta su absolución.
¿Por qué esta cacería? Y quizás lo de menos sean los casos concretos, ya que se ha demostrado su función instrumental, eso sí, dilatada, torturante. En primer lugar porque la derecha española cree tener carta de propiedad sobre el país, esa derecha que sufre de manera recurrente un síndrome de desposesión, sobre todo cuando gobierna la izquierda transformadora, o, en todo caso, cuando gobiernan los demás, cosa que para ellos es irresistible. Es decir, son demócratas si gobiernan ellos y, desde luego, no están dispuestos a admitir el cumplimiento de programas transformadores. Y aquí quizás hemos tocado nervio. El grupo de IU se dispuso a cumplir su programa y estaba obteniendo logros significativos. Como la construcción de 7.000 viviendas sociales cuyo precio era un tercio por debajo del precio de mercado (ese mercado que no perdona la competencia “desleal”). Como la construcción de piscinas cubiertas y campos de deporte en los barrios más pobres. Como impedir el pelotazo de Tablada, terreno donde se pensaban construir viviendas de alto nivel. Como la imposición de cláusulas sociales para los contratos municipales con empresas. Como un trabajo sin complejos a favor de una memoria histórica que, con el tiempo y una política adecuada de alianzas, desahució al genocida Queipo de Llano de su nicho en la Macarena. Como la revocación (no prohibición) de un homenaje a Agustín de Foxá en dependencias municipales. Como la implantación de los presupuestos participativos, donde la gente podía disponer de una parte de la financiación pública; o la construcción de más de 150 kilómetros de carril bici. Aparte de la solidaridad internacionalista ejercida día a día en la actividad diaria y en los plenos.
Pues bien, han pasado los años y al final se han producido absoluciones o se han retirado los cargos. Así ha ocurrido, y es algo que puede decirse en pocos segundos. Queda dicho. Pero a partir de ahí hay que reflexionar sobre el sufrimiento, la soledad, el desprestigio, el linchamiento público de medios de gran alcance sobre unos dirigentes que se presentaron a las elecciones con un programa de cambio estructural, que pretendieron después aplicarlo. Bueno, ya lo dijo Cayo Lara en un mitin en Sevilla: “Torrijos, os van a dar la del tigre”. Y debe constar una cosa, no mendicante, pero sí de justicia cotidiana: aún no se ha producido ni la más mínima solicitud de dispensa en aquellos que denunciaron o promovieron y mantuvieron los procesos, dilatándolos sin compasión alguna, sin pruebas ni indicios (como le dijo J.M. García a la juez Alaya).
A mi juicio este asunto, sea una trama o un gatuperio, tiene cuerpo de novela negra. Hasta cierto punto fue un banco de pruebas del llamado lawfare, hoy tan extendido, una vez superado el libro de estilo del 23F de 1981. Se intentó acabar con el gobierno donde IU ejecutaba un programa de izquierdas, y se consiguió (derrotados, pero no vencidos). Se intentó silenciar, por aplastamiento, a los dirigentes de un grupo municipal, y no se consiguió. La situación ha sido muy dura. Pero esos dirigentes han resistido (especialmente duro ha sido el castigo sobre Torrijos). Han resistido y ahora la lucha cobra todo su sentido.
Lo dicho: este asunto, sea más o menos vendible, tiene una novela; esa mentira que nos ayuda a comprender la verdad. Lo dice un escribidor. Con una dificultad seria de partida: El título Cosecha roja ya está pillado (Ay, camarada Hammet).
