En un requerimiento firmado por 8 relatores de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de la ONU pide al Gobierno peruano explicaciones acerca de las denuncias por: uso excesivo de la fuerza, que ha provocado 48 muertes, detenciones arbitrarias, utilización abusiva de tipos penales de terrorismo contra manifestantes y disidentes, un caso de desaparición forzada, estigmatización y violaciones al debido proceso contra manifestantes en las protestas sociales que se suceden en el país desde la destitución por el Congreso del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado.
Los relatores refieren que han recibido información respecto a la existencia de un elevado número de personas indígenas y campesinas que han sufrido detenciones arbitrarias y asesinatos, además de falta de prestación de asistencia médica rápida.
La carta de Naciones Unidas afirma que los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias de manifestantes y defensores de derechos humanos. Además de torturas y afectación a niños, adolescentes y estudiantes.
Indica que, en la represión policial contra la protesta en Apurímac los días 11 y 12 de diciembre, fallecieron 6 civiles, todos menores de 19 años y que hubo 54 heridos, 6 por arma de fuego.
Otro hecho que se refiere en el documento es lo ocurrido en Ayacucho el 15 de diciembre del 2022 con el saldo de 10 civiles muertos, incluso un menor de 15 años de edad, cuando los manifestantes intentaban ocupar el aeropuerto Alfredo Mendívil de esa ciudad.
Luego añade la masacre del 9 de enero de 2023 en Juliaca, en la que se produjeron 19 muertos, entre ellos 5 menores de 19 años, un médico que estaba asistiendo a un herido, y un policía. También resultaron heridas 112 personas. Aquí se resalta el alto número de muertos en un solo día.
Los relatores de la ONU recuerdan a la presidenta de facto, Dina Boluarte, que exhortó al Ministerio Público a que adelantara investigaciones sobre este hecho, pero al mismo tiempo dijo que las muertes en Puno “no habrían sido causadas por la policía”, pese a lo dictaminado por los informes de autopsias y análisis forenses.
También alude a las protestas del 28 de enero del 2023, en Lima, en las que la policía disparó bombas lacrimógenas y perdigones directamente al cuerpo de los manifestantes.
También menciona el allanamiento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se hospedaban delegaciones de manifestantes de regiones, y en el que la policía detuvo a 192 personas, asaltando el recinto universitario con tanquetas. Organizaciones de derechos humanos, abogados, familiares y periodistas no pudieron acceder al campus tras la intervención policial. Por varias horas no se supo del paradero de algunos detenidos.
La carta se refiere a los ataques contra la prensa que cubría las protestas, con al menos 60 profesionales víctimas de agresiones físicas y verbales, y daños a sus equipos de trabajo.
Los relatores especiales de las Naciones Unidas señalan que estos hechos parecen contravenir la norma mínima establecida por la ONU con respecto al uso de la fuerza, que estipula que, “en el desempeño de su labor, esos funcionarios aplicarán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y de armas de fuego”.
Respecto al estado de emergencia, observan que suelen relacionarse con violaciones significativas a los derechos humanos. Y recuerdan que “cualquier uso de poderes de excepción debe ser estrictamente necesario, proporcionado y no discriminatorio en su aplicación”.
Subrayan “la obligación del Estado de llevar a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, eficaces, imparciales e independientes sobre todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades policiales en la vigilancia de las protestas”.
Naciones Unidas solicita del Estado peruano:
• Información detallada sobre las investigaciones y averiguación judicial respecto a los alegados homicidios durante las protestas.
•. Medidas para garantizar el ejercicio de derechos a la libertad de opinión, expresión, de asociación y de reunión pacífica.
• Medidas tomadas para poner fin a todo tipo de persecución y estigmatización contra quienes ejercen el derecho a la protesta.
• Información sobre legislación, políticas y programas de formación para prevenir el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
• Medidas para garantizar el debido proceso, la defensa y juicio imparcial.
• Facultades otorgadas a organismos encargados de hacer cumplir la ley.
• Las bases que facultan los allanamientos en el marco de las protestas.
El gobierno de Dina Boluarte, a través del “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus)”, anunció que brindarán la información solicitada por la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el accionar del Ejecutivo durante las protestas sociales en el país.
El gobierno de facto trató de restar gravedad al requerimiento de la ONU señalando que “no prejuzga sobre la exactitud de los hechos detallados en la mencionada comunicación conjunta”. Con el fin de desacreditar a los relatores, el comunicado gubernamental añade:
“Es importante precisar que la comunicación suscrita por expertos independientes no refleja la opinión de Estados parte de la Organización de las Naciones Unidas ni de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
