El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León y del Juzgado de lo Social de León que reconocía la relación laboral entre más de 400 “falsos autónomos” de la cooperativa Servicarne con la empresa Embutidos Rodríguez y establece la devolución de las cuotas de autónomos abonadas entre octubre de 2013 y noviembre de 2017, y que ascienden a 12 millones de euros.
El PCE de León, en palabras de su secretario provincial, Iván Pastrián, ha querido felicitar a la plantilla de Embutidos Rodríguez y al sindicato CCOO que ha estado al frente de las movilizaciones que han conseguido los derechos para este colectivo laboral “cuando todo parecía estar en contra. Una vez más se demuestra que sólo con luchas hay victorias”. La organización ha querido poner en valor la lucha de estos trabajadores y la cobertura sindical de CCOO como “un ejemplo de lucha contra las nuevas formas de explotación, que demuestra que con audacia se les puede hacer frente”.
El sector de la transformación agroalimentaria es una de las industrias más importantes de la provincia de León, lo que la convierte en un sector fundamental para el empleo y el futuro. Por ese motivo, Iván Pastrián, ha afirmado que “no debemos permitir que siga en manos de delincuentes que juegan impunemente con el futuro de las y los trabajadores y sus familias, es decir, con el futuro de la provincia.”
Argumentan, como ya hicieron en 2019, que si una empresa no cumple con las garantías mínimas en la calidad del empleo, derechos y condiciones laborales, “es deber del Estado y de la Junta de Castilla y León la expropiación forzosa, de forma que se garanticen unas condiciones dignas en el empleo. Más si cabe en una provincia, como la leonesa, aquejada de terciarización, paro, precariedad y despoblación”. En este sentido la Organización comunista reivindica “cómo mínimo” la implicación del sector público en las industrias, desde el control hasta la producción y la distribución, mediante su participación en los consejos de administración.
Iván Pastrián ha recordado que esta lucha de los trabajadores cárnicos se vivió entre despidos a varios trabajadores movilizados. Además, ha vuelto a traer a la palestra que este modelo de explotación laboral salió a la luz con el incendio ocurrido en la fábrica y supuso un incumplimiento de los acuerdos que Embutidos Rodríguez trasladó en la Fundación Anclaje para su relanzamiento tras el fuego. “Sin embargo, la Junta no ha vigilado si esos acuerdos se cumplían, lo que la hace cómplice de la precarización del empleo de las personas trabajadoras de la empresa y se ha vuelto a poner de manifiesto, por lo que debería asumir responsabilidades”, concluye.







