Vivimos un momento decisivo en el final de la legislatura. Todos los actores políticos ajustan sus estrategias en un escenario abierto, cuyo desenlace dependerá en gran medida del acierto en las decisiones que se adopten en los próximos meses. Decisiones que se tomarán con el trasfondo de una situación económica inestable, con una crisis bancaria que se añade a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Es difícil hacer predicciones. Pero si hay algo seguro, en contraste con el dogma neoliberal dominante desde el último cuarto del siglo pasado, es el papel decisivo de la intervención pública para corregir los efectos sociales negativos de la actual coyuntura. Hemos conocido la reducción del Índice de Precios de Consumo en los datos adelantados del Instituto Nacional de Estadística. Aunque tenga un componente de efecto estadístico, después de las subidas de precios en el inicio de la guerra en Ucrania hace justo un año, evidencia no sólo la eficacia de las políticas adoptadas desde el gobierno sino el potencial de una ruptura con el rumbo impuesto desde la lógica dominante que hasta hace muy poco era monolítica.

Descartamos el triunfalismo y el catastrofismo en la misma medida. Es posible cambiar las cosas. Aunque empecemos con modestia. A pesar de las contradicciones siempre presentes. Encabezamos este número de Mundo Obrero con el reconocimiento de la importancia de la garantía de las pensiones que se ha negociado desde el gobierno. Una ley inconcebible sin el papel de la izquierda transformadora que ha apostado por la sostenibilidad del sistema de la seguridad social y la ampliación de derechos, por la mejora de la financiación desde la perspectiva de la ampliación de los ingresos, que deberán soportar las personas que tengan los salarios más altos y sus empresas. Las mujeres trabajadoras podrán afrontar sus lagunas de cotización y se aumentan las pensiones mínimas y no contributivas. Sin el movimiento de los pensionistas, sin las organizaciones sindicales y sin la izquierda movilizada a todos los niveles, otro hubiera sido el resultado. Lo señalamos no desde la autocomplacencia sino desde el valor pedagógico que tienen los avances parciales para el fortalecimiento de la luchas sociales y políticas.

No hay que detenerse. Conocemos bien las carencias de las políticas públicas y el carácter depredador del capitalismo. Cada paso es un acicate para nuevos objetivos. El gobierno acaba de aprobar el proyecto de ley de familias para su remisión al Congreso de los Diputados. Una iniciativa que supone un avance en el reconocimiento jurídico de la diversidad de modelos familiares que coexisten en nuestra sociedad, con nuevos permisos de cuidados para las personas trabajadoras y ayudas sociales para hacer efectivos los derechos conquistados. Quedan por delante un gran número de medidas que serán decisivas para los retos electorales que marcarán 2023, como la ley de vivienda. El PSOE y la derecha se centrarán en sus campañas de propaganda. La izquierda real, en la calle y en las instituciones, sólo puede crecer desde la coherencia de su programa de garantía de derechos y profundización de la democracia, combinando la propuesta política, la negociación y la movilización social.

Movilización y avances sociales que gestionaremos al mismo tiempo que construimos el referente político para el cambio en profundidad que necesita nuestro país. No lo haremos en soledad. Damos cuenta en este número de las candidaturas que se van conformando para las elecciones municipales y autonómicas a lo largo de todo el país. Tenemos en perspectiva la presentación de Yolanda Díaz en cabeza de un proyecto político, Sumar, en construcción y cada vez con más apoyos. Son muchas las dificultades. Desde luego no valen viejos moldes. El PCE cuenta con una historia ejemplar de su capacidad de adaptación a las necesidades de cada momento político. Sabremos en esta coyuntura construir, movilizar y avanzar en común, para que el futuro por el que luchó Julián Grimau, en el 60 aniversario de su asesinato, sea más temprano que tarde una realidad.