El 2 de marzo de 2023 la noticia caía como un jarro de agua fría. Se hacía pública la resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, en el que se clausura el tramo ferroviario entre Tarancón y Utiel de la línea 03-310 Aranjuez-Valencia Fuente de San Luís.
Desgraciadamente, una vez más, la administración pública ha dejado caer una línea ferroviaria que presta un servicio público. En este caso, fue en enero de 2021, con la excusa de los efectos de la “tormenta Filomena”, cuando se produjo la clausura de hecho, aunque no de derecho, es por ello que tanto el Partido Comunista de España como IU han presentado un recurso de reposición para intentar revertir la clausura de este tramo ferroviario.
Según el texto presentado por estas organizaciones, desde ADIF, organismo adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana explicaron que “tras reconocer la línea, los equipos de mantenimiento de infraestructura han detectado un riesgo de caída de árboles sobre la vía en algunos tramos, lo que desaconseja el restablecimiento del servicio”. Es por ello que denuncian que se trata de un argumento inverosímil, que durante muchos meses no se localizaran los árboles con riesgo de caída y procedido a la eliminación del riesgo, lo que es evidente que requería de pocos días.
No es la única cuestión. También denuncian que el protocolo para cerrar esta línea de tren, no ha contado con la firma de la mayoría de municipios afectados, además que el acuerdo plantea claramente la exclusión de la línea de la RFIG y el cierre definitivo, mediante su clausura, del tramo Tarancón – Utiel, sin que se haya llevado a cabo procedimiento alguno de acuerdo con la Ley 38/2015, del Sector Ferroviario.
“Nos encontramos una vez más ante actuaciones que prescinden por completo del procedimiento legalmente establecido, adoptadas por el propio Consejo de Ministros que predeterminan de forma inexorable el expediente iniciado con posterioridad para la clausura de la línea y que es objeto de este recurso, dejando vacío de contenido el tramite iniciado posteriormente a este acuerdo del Consejo de Ministros, vulnerando derechos de todas las Corporaciones Locales afectadas y que hasta la fecha de ese Acuerdo, no han sido ni siquiera informadas, cuando tienen competencias propias en materia de movilidad y ordenación urbanística”, se puede leer en el recurso presentado.
Otra cosa que se señala, es que en el estudio presentado para intentar justificar el cierre de la linea no se especifican en ningún momento las necesidades financieras a asumir por las diferentes administraciones, al contrario de lo que se dice en la comunicación, para el mantenimiento de la línea en la RFIG. Por lo que consideran que es clara la total indefensión a las que se ha sometido a estas Corporaciones Locales.
Además dicho estudio estudio toma como referencia los años de 2007 a 2019, haciendo una evaluación de la demanda en esos años. Pero ignorando el deterioro muy importante de la infraestructura y la superestructura por el incumplimiento de ADIF de sus obligaciones de mantenimiento y conservación, no habiendo ejecutado durante esos años las partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado para ello.
Durante el periodo de tiempo que se ha elegido como referencia para intentar “demostrar” la carencia de rentabilidad económica y social, se ha producido, el cierre de estaciones disminuyendo su capacidad, el mal estado de la infraestructura y la superestructura por la ausencia de un mantenimiento adecuado, la implantación de numerosas limitaciones de velocidad y por ello el aumento considerable de los tiempos de viaje, con la consiguiente mala calidad de los viajes, el transbordo al Metro para poder llegar a Valencia y a las Cercanías para poder llegar a Madrid, (en 2008, en Valencia San Isidro, en 2009 en Villaverde Bajo, en 2012, en Aranjuez), o en 2013, la reducción de servicios y la implantación de horarios inservibles.
“Todo esto, fácilmente constatable, ha provocado una pérdida de demanda. Pérdida que se utiliza en ese estudio, por los que con sus actos y omisiones, han provocado intencionadamente esta situación, para justificar la clausura de la línea”, denuncian el PCE e IU en el recurso de reposición presentado.
