El próximo domingo 7 de mayo, alrededor de 15 millones de chilenas y chilenas, con voto obligatorio, deberán participar en la elección para elegir a las y los 50 integrantes del Consejo Constitucional (CC) que redactará una nueva propuesta de Constitución.
Es uno de los hitos del nuevo proceso constitucional, después que el 4 de septiembre del 2022 el 62% de la población rechazara la propuesta de nueva Carta Magna emanada de una Convención Constitucional, colocando término a ese proceso constituyente.
A los comicios de este año se presentaron cinco listas. “Unidad para Chile”, integrada por los partidos Comunista, Socialista, Acción Humanista y las colectividades del Frente Amplio; “Todo por Chile”, que reúne a dos colectividades socialdemócratas (Partido por la Democracia y Partido Radical) y a la Democracia Cristiana. Estas dos listas representan al oficialismo. En la oposición se sitúan la lista del Partido Republicano, de extrema derecha, el Partido de la Gente, liberal, y el conglomerado “Chile Seguro” que junta a los partidos tradicionales de la derecha (Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Evolución Política).
Conseguir al menos 2/5 de los miembros del Consejo
El objetivo de cada una de esas fuerzas, en lo global, es no tener menos de 21 consejeros y ojalá llegar a 30. Esto es, no tener menos de los 2/5 de los miembros del Consejo porque de lo contrario prácticamente no se podrá incidir en el texto constitucional, y ojalá llegar a los 3/5, con lo cual se garantiza tener la mayoría para determinar los contenidos de la futura Carta Fundamental.
En la suma, llegar a los números positivos es un objetivo de las dos listas oficialistas y de las tres de la opositora derecha.
De acuerdo a la casi totalidad de sondeos y la mayoría de análisis políticos y electorales, la elección del domingo está muy reñida.
Ninguna lista tiene seguridad de un triunfo, mucho menos un triunfo holgado. En los comentarios más prudentes, se afirma que las representaciones podrían quedar en una especie de empate. Hay que considerar que como el CC debe ser paritario (25 mujeres y 25 hombres), se pueden producir movimientos independiente de los votos obtenidos por las candidaturas.
Los comicios se harán en base al esquema de elección de senadores, esto es, por circunscripciones regionales, mecanismos que en todos los años pos dictadura ha beneficiado a los partidos de derecha.
Como en pocas elecciones en Chile, ahora están muy latentes factores como la desafección ciudadana con estos comicios, la desinformación de la población respecto al proceso y el llamado a anular por parte de sectores políticos, la mayoría vinculados al mundo social y de izquierda.
Eso, en lo sustantivo, tiene que ver con el fracaso del anterior proceso constituyente, que terminó con el 62% de la población rechazando la propuesta de nueva Carta Magna, que implicó una reconocida derrota de las fuerzas progresistas, transformadoras y de izquierda y, en los hechos, un golpe para el Gobierno de Gabriel Boric, identificado y respaldado por esas fuerzas. Al mismo tiempo, implicó un triunfo para los sectores conservadores y contra-transformadores y la derecha política ha sabido capitalizar ese resultado.
El pasado proceso constituyente fue intenso, profundo, removedor, confrontacional, y expresó básicamente una fuerte disputa por el modelo de sociedad, de país, de pugna por un modelo de desarrollo y de derechos. El país se remeció. Y la derrota del texto constitucional, considerado en Chile y muchos países un texto de avanzada y contundencia transformadora, produjo un desgaste en la ciudadanía y un repliegue de grandes capas identificadas con las transformaciones y la izquierda. En cambio, la derecha y los conservadores pudieron pasar a la ofensiva, cuestionar lo que llaman “una refundación del país” y salirle al paso al proceso de transformaciones, incluidas reformas alentadas por el actual Gobierno.
Todo indica que lo ocurrido en el plebiscito del 2022, está gravitando en esta elección. Y ha costado instalar este nuevo proceso constitucional, que vivirá un momento fundamental en las elecciones del próximo domingo.
Un proceso polémico
Después del proceso anterior, el Gobierno, el Congreso y la mayoría de partidos políticos institucionales, insistieron en que el camino constitucional debía proseguir, que había que reconfigurarlo, sobre todo en la idea de insistir en dejar atrás la totalidad de la Constitución heredada de la dictadura civil-militar.
Hubo sectores políticos, sobre todo de izquierda y oficialistas, que llamaron a dejar congelado el asunto, sostuvieron que ya “había pasado el tiempo constituyente”, plantearon que había que dar cuenta del repliegue popular y social y de un estado de ánimo negativo en vastos sectores sociales y de la izquierda social y política. Se sostuvo que había que trabajar hacia el futuro otro momento constituyente.
Pero en la mayoría del oficialismo, empezando por el Gobierno de Boric, cuajó la idea de que había que insistir en el cambio de la Carta Fundamental y se hizo referencia al plebiscito de 2021 donde el 80% de chilenas y chilenos estuvo de acuerdo en dejar atrás la actual Constitución.
En la derecha se visualizó que había un escenario para imponer sus condiciones y avanzar hacia un texto constitucional contra-transformador, acotado en sus alcances de derechos ciudadanos y económicos, acomodado a la doctrina conservadora y hasta se habló de una Constitución pinochetista 2.0, es decir, “adecuada a los nuevos tiempos”.
Entonces, se firmó un acuerdo entre las colectividades políticas institucionales oficialistas y opositoras, donde, en lo más gravitante, se acordó que el Congreso (una de las instituciones más cuestionadas por la población chilena) jugaría un rol preponderante, al igual que los partidos (con los índices más bajos de aprobación en la historia del país). Esa institucionalidad política formal establecería el marco del nuevo proceso constitucional.
Los mundos social, sindical, indígena, feminista, de la cultura, de los llamados “independientes”, quedaron excluidos de representación formal y participación real. La hegemonía del proceso quedó en manos de la institucionalidad política, en contrapunto al proceso anterior de amplia e intensa participación social y popular.
Así las cosas, el Congreso designó una Comisión Experta y un Comité de Admisibilidad que, en lo concreto, tendrán la tarea de supervisar y aprobar lo que salga del Consejo Constitucional electo. Es lo que se definió como una súpervigilancia institucional sobre el contenido de la nueva Carta Fundamental. La Comisión y el Comité quedaron conformados por representantes de los partidos políticos, designados por legisladores del Senado y la Cámara Baja, en un sistema de cuoteo político. Dos órganos determinantes en la confección de la nueva Carta Magna que no fueron electos por la población.
Además, se establecieron “los bordes” del nuevo texto que, en teoría, “pueden ser superados” por los 50 integrantes del Consejo, pero que en los hechos encuadran los contenidos del nuevo texto para que, valga la redundancia, no se desborde, sobre todo con lineamientos transformadores y de derechos demandados por amplios sectores de la sociedad.
Esas condiciones del nuevo proceso constitucional fueron aplaudidas por la derecha orgánica y económica, por los medios de prensa de línea editorial conservadora, y rechazadas en ámbitos de la izquierda, el progresismo, la academia, instancias indígenas, del mundo de la cultura y segmentos de la sociedad civil.
Los partidos progresistas, socialdemócratas y de izquierda con representación parlamentaria, plantearon que no eran las mejores condiciones pero que había que entrar en la disputa y trabajar arduamente por llegar a un texto constitucional que, entre asuntos prioritarios, estableciera en Chile un Estado democrático social de derechos.
Se dijo que la derrota del anterior plebiscito, con 62% de rechazo a una propuesta transformadora, generaba un escenario difícil de modificar y al que había que adecuarse. Pese a las negativas condiciones, había que disputarle a la derecha el nuevo proceso constitucional y trabajar por un nuevo texto lo más democrático y adelantado posible. La realidad de los hechos.
Claro que en el seno de movimientos sociales, intelectualidad, organizaciones de la sociedad civil, movimiento feminista, mundo de la cultura, partidos de izquierda no institucionales, el mundo indígena, se habló de “un fraude democrático” y de “un proceso constitucional amarrado”, y de hecho desde esas voces están llamando a votar nulo y “no avalar este proceso amañado”.
Definiendo el curso del país
Así, los cuestionamientos al proceso constitucional en curso, el desgaste que dejó el proceso anterior, el repliegue de sectores sociales y políticos transformadores, la desafección y desinformación en estas elecciones, son parte de los comicios del próximo domingo.
Sin olvidar que después del engorroso trabajo de la Comisión Constitucional y la vigilancia e incidencia de la Comisión Experta y el Comité de Admisibilidad, todo terminará en otra propuesta de Carta Magna que será llevada a un plebiscito en diciembre de este año donde la gente, de nueva cuenta, estará llamada a votar por aprobar o rechazar el texto.
¿Dónde hay un contrapunto o salida democrática en este marco? Que desde los partidos progresistas, socialdemócratas y de izquierda, se sostiene que este es un proceso donde hay que ganarle espacios y contenidos a la derecha y los conservadores.
Se reconoce que el camino es cuesta arriba, incluida la posibilidad de una derrota electoral el 7M, pero que hay que transitarlo para que, a final de cuentas, se deje atrás la Constitución pinochetista, y al menos exista una Carta Fundamental que garantice un Estado democrático de derechos.
Desde el ámbito de fuerzas transformadoras y de izquierda se asume la derrota estratégica del anterior plebiscito y se llama a levantar de nueva cuenta esta opción y aspirar a un texto constitucional lo más democrático y progresista posible. Claro, ya casi nadie habla de una Constitución transformadora y de avanzada.
Para eso, las listas oficialistas (“Unidad para Chile” y “Todo por Chile”) se jugarán este domingo por obtener, en suma, más de 21 integrantes del Consejo Constitucional. Algunas predicciones hablan de llegar a 25, que sería la mitad de ese órgano.
Sin embargo, hay predicciones de que a la derecha y la extrema derecha les vaya bien, pudiendo inclusive alcanzar los estratégicos 3/5 con lo cual el nuevo texto constitucional quedaría a su merced.
Es la disputa por la correlación de fuerzas al interior del Consejo Constitucional, que será determinante para lo que salga como nueva Carta Magna. Es la pugna estratégica al día de hoy de las fuerzas transformadoras y las fuerzas conservadoras.
No es secreto ni descubrir el hilo negro que lo que ocurra este 7M en Chile, definirá con mucho el curso político e institucional del país a corto, mediano y largo plazo, con una gravitación sustancial en el mundo social, con las dosis de incertidumbre sobre cómo actuará la ciudadanía y el movimiento social.
En la noche del domingo se sabrá en qué condiciones quedan las fuerzas transformadoras y de izquierda, y en qué condiciones la derecha y sectores conservadores de cara a la nueva Carta Fundamental.
