Por muy eficaz que pudiera parecer la nueva ley de Memoria democrática ya vigente, no debe caber duda alguna que por si sola -aunque signifique un avance importante comparada con lo que antes había- no basta para que el trinomio Verdad, Justicia y Reparación alcance cotas de desarrollo aceptables para la investigación, para el conocimiento veraz de lo sucedido durante la guerra y la dictadura ni para la definitiva consecución de los derechos de todas las víctimas o de sus familiares. Pero tampoco basta para ese cuarto elemento que debiera ser garante de que situaciones como aquellas no vuelvan a repetirse, lo que viene a ser lo mismo que la protección del conjunto de la sociedad para que ésta no vuelva a ver mermados los derechos democráticos que van asociados a todo estado de derecho, y no sólo los más básicos y elementales.
Sólo la lectura del texto de la ley nos lleva a considerar que si de verdad se quiere un pleno desarrollo de la misma, se deben acometer las reformas necesarias de tantas leyes y reglamentos tengan relación con ella y por tanto la afectan.
Hace unas pocas semanas se vivió en el Senado una sesión en la que se rechazó la toma en consideración de una propuesta de reforma del Código Penal en la dirección de permitir enjuiciar los crímenes del franquismo como crímenes de lesa humanidad: la iniciativa, que venía de los grupos nacionalistas y los de la izquierda del PSOE, pretendía la sana finalidad de decretar la imprescriptibilidad de los crímenes del franquismo para aplicar después -y desde una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos- el principio de legalidad por el que actualmente no pueden enjuiciarse en España estos crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2004, año en el que se introdujo en el Código Penal español como delito, tema en que la Ley de Memoria no entra.
El grupo socialista, que rechazó la propuesta, consideró para ello que la normativa internacional -incluso la suscrita por el Estado-, no obliga a acometer una reforma en esos términos, ya que además de esto, y según siempre en la opinión de su portavoz, vulnera los principios de no irretroactividad, el de legalidad penal y el de seguridad jurídica suponiendo, como conclusión, un revisionismo que es más perjudicial para el conjunto de las y los ciudadanos.
Pudiera ser que la propuesta, su argumentario o tal vez incluso su redacción, no favoreciera el necesario consenso para, al menos, su debate en sede parlamentaria, pero la permanente aptitud del partido socialista de inmovilismo absoluto a cualquier reforma legal –y en esto él se alinea con la derecha y la extrema derecha-, desdibuja una verdadera voluntad de ser progresista y apostar por un verdadero cambio, al menos en cuestión de memoria, que es lo que compete a cuanto escribimos en esta columna.
Así pues, es necesario reiterar que la ley de Memoria por sí misma no basta para conformar un presente y un futuro en el que no quepa el tener que renunciar ni a nuestra conciencia ni a nuestros valores ni a nuestra memoria.
Terminar por esta vez parafraseando al poeta Luis García Montero en un texto que escribió allá por el mes de febrero: Razón poética: frente al invasor, frente al imperialismo, frente a los negociantes de las armas, frente a los puros que se refugian en su nada, frente a los que se aprovechan de los muertos y los vivos para diseñar sus intereses en el mundo, frente a las pasiones militares y la desvergüenza humana, es posible esperar la primavera. Todos los años tenemos primavera estacional, pero pocas veces la de la esperanza y la de las ilusiones colectivas de aquel deseo republicano que fundió las palabras de Galdós con las de Antonio Machado o las de María Zambrano para hacer que floreciera el compromiso y la necesidad vital de progresar como razón más allá de la poesía.
