Programa Electoral para el 23J

Propuestas de IU para el programa de Sumar: recuperar la indemnización por despido de 45 días y que la prestación por desempleo no sea inferior al SMI

También pide un impulso de un nuevo estatuto del Trabajo para el siglo XXI para potenciar los derechos laborales
Alberto Garzón

La Coordinadora Federal de Izquierda Unida -su máximo órgano de dirección y decisión entre asambleas- aprobó por amplísima mayoría la propuesta de Programa Electoral de esta formación de cara a las elecciones generales del 23J, el cual lo ha puesto a disposición de Sumar como la recuperación de los salarios de tramitación que suprimió el PP en 2012, establecer en la legislación que la prestación por desempleo no sea inferior al salario mínimo interprofesional y evaluar la opción de recuperar la indemnización por despido a 45 días por año trabajado.

La coalición de izquierdas propone también reducir la jornada laboral a las 32 horas semanales en la administración pública, así como incentivar esa minoración en el resto de sectores económicos, en línea con una de las principales reivindicaciones que ha abanderado Sumar.

Otra línea es el impulso de empresas con participación estatal en sectores estratégicos, desplegar un ingreso mínimo vital energético para familias vulnerables, con coste reducido o incluso nulo dependiendo de los casos. Y una nueva Ley del Sistema Eléctrico que permita fijar un precio fijo para la energía nuclear y la hidroeléctrica, para así evitar los denominados ‘beneficios caídos del cielo’ que ahora gana el oligopolio eléctrico.

Por otro lado, reivindica medidas para revertir «privatizaciones y externalizaciones» de los servicios públicos, para así garantizar su gestión en manos de las administraciones. Así lo recoge uno de los bloques en los que se divide la propuesta programática de IU, que pese al adelanto de estas elecciones, cuya convocatoria formal fue publicada en el BOE hace menos de un mes, el pasado 31 de mayo, fijó el cumplimiento de unos plazos muy estrictos que han llevado a la dirección federal de IU a realizar un trabajo ingente para tener lista una propuesta de Programa Electoral prácticamente en un tiempo récord.

Uno de los principales puntos de dicho documento es el impulso de un nuevo estatuto del Trabajo para el siglo XXI para potenciar los derechos laborales. En este punto, IU apuesta por recuperar los salarios de tramitación que fueron suprimidos por la reforma laboral de 2012 durante la etapa del PP en la Moncloa, así como rescatar la indemnización de 45 días y las 42 mensualidades de indemnización máximas.

En esta línea, ahonda en reforzar dentro de dicho estatuto que el SMI esté ligado al menos al 60% del salario medio del país, así como potenciar el derecho del trabajador a realizar actividad solo en la jornada pactada, es decir, a no hacer horas extra.

Más propuestas

Ya en otro plano, IU reivindica el despliegue de un ‘Plan de Empleo Garantizado’, preferentemente dirigido a personas desempleadas de larga duración mediante convenios entre el Estado con comunidades y ayuntamientos. Mientras, en el plano económico IU redunda en una idea ya esbozada por la vicepresidenta segunda y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, y defiende poner en marcha un Observatorio de Márgenes Empresariales, que dependerá del Ministerio de Economía, para posibilitar un reparto más justo de los beneficios entre empleados, accionistas y altos ejecutivos. También señala que ayudará a «domeñar la inflación sin necesidad de destruir la economía».

También plantea reformar la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), al entender que el regulador no está cumpliendo objetivos que tiene encomendados. En otra dimensión del ámbito laboral, la formación recomienda el despliegue de un «plan de choque» contra la siniestralidad laboral, aumentar los efectivos en la Inspección de Trabajo y desplegar la representación sindical en el trabajo autónomo.

Por otro lado, IU propone en materia de contratación pública que se aprueben acuerdos marcos que «homogeneicen «las condiciones laborales en la gestión indirecta de servicios públicos a la hora de efectuar contrataciones desde la administración pública, prohibición del uso de empresas de trabajo temporal y no poder adjudicar con empresas sobre las que pesen sanciones graves en materia laboral.

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