A días del reinicio de las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte, el ambiente político y social en el país se empieza a calentar y ha generar una situación que podría ser explosiva por las acciones represivas e intimidatorias que viene promoviendo el Ejecutivo con la complacencia y activa participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Primero fue el desplazamiento de más de 100 efectivos de la Policía Nacional a las garitas de control de Pucusana, al sur; Corcona, en el centro y Chancay en el norte de Lima para realizar controles de identidad como parte de un Plan de Operaciones denominado “Abanico Verde”, orientado claramente a amedrentar e intimidar a la población de las diversas regiones que pretenden llegar a la capital para participar de las manifestaciones y jornadas de protesta que se reinician el miércoles 19 de Julio.
La marcha del jueves último por el centro de Lima de más de 5 mil efectivos de la Policía Nacional, en una clara demostración de fuerza y un mensaje nítido de que al gobierno no le temblara la mano a la hora de hacer uso de la fuerza pública. Sumado a ello, las declaraciones de Dina Boluarte en relación a las protestas: ¿Cuantas muertes más quieren?
Y ahora una sentencia del Poder Judicial que avala un acuerdo discutible del Concejo Municipal de Lima, que declara intangible el centro histórico de la capital y extiende las prohibiciones de manifestaciones y marchas. En otras palabras, que marchen en cualquier otra parte de la capital, menos en el centro histórico. Algo totalmente violatorio de los principales derechos civiles y políticos.
Y la cereza en el pastel es el anuncio de que más de 200 cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima Metropolitana estarán dispuestas para identificar a los “vándalos”, “azuzadores” y “violentistas”. La derecha más conservadora y retrógrada que gobierna Lima le extiende la mano a un gobierno nacido del puñal y la traición.
Todas estas acciones, acompañadas de las declaraciones del Primer Ministro, Alberto Otárola, y las del ministro del Interior, Vicente Romero, quienes aseguran que la Policía Nacional será “muy firme con aquellos que generen violencia” no es mas que un síntoma de la preocupación y la debilidad en la que se encuentra el gobierno.
Un gobierno deslegitimado que pareciera se prepara más para afrontar una guerra que a una jornada de protesta ciudadana y que se aferra con todas las armas represivas del Estado para “surfear” la indignación popular y mantenerse, al costo social que sea, hasta julio del 2026.
(*) Lima (Perú)
