El informe que ha presentado la Comisión interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales” que ocurrieron entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023 por la destitución y posterior encarcelamiento del ex presidente Pedro Castillo es categórico y contundente al calificar de posible masacre los hechos ocurridos en las regiones de Ayacucho, Apurímac y Puno, al sur del Perú.
Las conclusiones del informe no dejan dudas del accionar desproporcionado, indiscriminado y letal que utilizaron las Fuerzas Armadas y Policiales en situaciones y circunstancias comprobadas de violaciones de derechos humanos en contra de la población civil, y cuya responsabilidad empieza a sacudir a los altos mandos castrenses ante el desmarque que ha hecho el gobierno de la señora Boluarte de las 60 muertes ocurridas en las movilizaciones y protestas.
Y no ha tenido mejor argumento, y ante la prensa nacional e internacional, que señalar que “la Presidenta de la República es la Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tiene comando, los protocolos los deciden ellos”, en un claro deslinde y distanciamiento de las acciones violatorias de derechos humanos producidos por los militares y policías encargados de controlar las manifestaciones en contra de su gobierno.
Esto le ha granjeado una ola de críticas de diversos sectores políticos, especialmente de la derecha peruana, Renovación Nacional, Fuerza Popular y Avanza País, tan afines y cercanos a los círculos castrenses que no han dudado en calificar este mensaje como una “lavada de manos” del gobierno y le han exigido una reunión en Palacio de Gobierno.
El diario La República detalló que Boluarte se reunió con Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Aranibar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; David Guillermo Ojeda Parra, comandante general del Ejército; Alberto Alcalá Luna, comandante general de la Marina de Guerra; y Alfonso Javier Artadi Saletti, comandante general de la Fuerza Aérea.
Ha trascendido que los altos mandos militares transmitieron su malestar a la presidenta por las declaraciones brindadas a la prensa y mostraron su preocupación por las consecuencias que pueda ocasionar este informe, ya que, para diversos analistas, esto solo destapa una olla de presión que tiende a estallarle en la cara al gobierno.
La masacre de Ayacucho, Puno y Apurímac
Se van a cumplir cinco meses de la brutal represión que acabó con la vida de 10 compatriotas en Ayacucho, ciudad en la que, según el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, “se registraron graves violaciones de derechos humanos” que podrían calificarse como una “masacre”.
Y es que las evidencias no dejan de aflorar. Según un informe del semanario Hildebrandt en sus 13, peritajes balísticos forenses de la Dirección de Criminalística practicados a 9 de los 10 fallecidos durante la protesta del 15 de diciembre concluyen que los orificios de entrada y salida son compatibles con impactos de proyectiles calibre 5.56 mm disparados por fusiles de largo alcance como los que los militares del Ejército portaron el día de los hechos.
De igual situación son las víctimas de Juliaca, en Puno, donde el 9 de enero, en un solo día de protestas y movilizaciones murieron producto de impactos de bala 18 campesinos. De las 18 víctimas de Juliaca, 15 murieron por heridas causadas por balas que corresponden a la munición usada por los fusiles y pistolas que portaban policías y militares ese día y 3 murieron por perdigones disparados por escopetas del tipo utilizado por la Policía.
Human Rights Watch, atribuye responsabilidad directa a los funcionarios y al gobierno de Boluarte por minimizar los abusos y por la aparente pasividad, negligencia o incluso complicidad
Human Rights Watch, en su informe “Deterioro letal. Abusos por la fuerza de seguridad y crisis democrática en Perú” es mucho más enfática en atribuir responsabilidad directa a los funcionarios y al gobierno de la señora Dina Boluarte al señalar que hubieron “aparentes intentos del gobierno para minimizar los abusos, junto con la aparente pasividad ante pruebas sólidas de abusos, generan interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad”, destaca el informe.
También apunta que “el gobierno debería invitar a una comisión de expertos internacionales independientes para que respalden las investigaciones penales. La comunidad internacional debe apoyar un diálogo nacional amplio sobre las preocupaciones legítimas de los peruanos”, concluye.
Human Rights Watch, para la elaboración de su informe realizó 140 entrevistas, analizó más de 663 fotografías, verificó 37 horas de vídeo y recopiló autopsias e informes de balística para reconstruir los hechos ocurridos los días de represión brutal que vivió el pueblo peruano.
Movimiento social en pausa
Por otro lado, el movimiento social que protagonizó las protestas en contra del gobierno de la señora Dina Boluarte nuevamente empieza a dar signos de rearticulación y reorganización para lo que será la denominada “Toma de Lima”, marcha que espera concentrar en la capital del Perú a miles de delegaciones de diferentes regiones para el mes de julio, en el marco de las festividades por el aniversario nacional.
En ese sentido, el pasado sábado 20 de Mayo, en la provincia de Chincheros, en la región Apurímac, al sur del país, y donde perdieron la vida 10 manifestantes, se reunieron los movimiento sociales, sindicatos, rondas campesinas y frentes de defensa de todo el país agrupados en la plataforma Comité Nacional Unificada de Lucha para definir la estrategia y las acciones a realizar para ir trabajando en el proceso de rearticulación orgánica.
Antolín Huáscar, dirigente de la Confederación Nacional Agraria, (CNA), uno de los movimientos más activos de la protesta en Perú, indicó que la reunión ha servido para hacer un balance de las acciones que se han realizado desde el 7 de diciembre del año pasado, momento mismo de la destitución del ex presidente Pedro Castillo.
“Hemos ratificado nuestra plataforma de lucha, que pasa por la destitución o renuncia de la señora Dina Boluarte, el cierre del Congreso de la República y la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente que defina el nuevo rumbo que debe asumir el país”, dijo.
Huascar señaló también que la fecha para la llegada a Lima de las delegaciones de las diversas regiones es el 19 de julio, en el marco de las celebraciones por el aniversario de fundación de la República.
Otro de los puntos abordados en esta reunión fue también las implicancias penales del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ya que del mismo se desprenden responsabilidades en el accionar de los jefes militares y policiales, así como del gobierno de la señora Dina Boluarte.
“Es inaudito que a casi un mes desde que se presentó el Informe de la OEA, hasta el momento la Fiscal de la Nación no ha iniciado investigación para esclarecer los hechos ocurridos en las protestas que acabaron con la vida de 60 compatriotas”, señaló.
El papel de la justicia
Para Julio Arbizú, ex comisionado de la Organización de Estados Americanos, (OEA), el informe de la comisión pone en evidencia la realización de ejecuciones extrajudiciales, crímenes contra los derechos humanos y compromete seriamente a los autores materiales como policías y militares y a las personas que tenían mando y comando sobre estos destacamentos, en este caso, los ministros de Estado y la propia Presidente de la República, Dina Boluarte.
Consultado para esta artículo, Arbizú señaló que la postura de la Presidente Boluarte sobre que ella no tiene comando sobre las Fuerzas Armadas no solo es una “lavada de manos” de una persona cobarde que no asume su responsabilidad, sino que olvida que esos conceptos están superados por la doctrina de la Teoría del dominio del hecho, aplicado al caso del ex presidente Alberto Fujimori.
Arbizú señala que, para la condena a 25 años de cárcel a Alberto Fujimori por los delitos de lesa humanidad como el de Barrios Altos y La Cantuta, donde un comando paramilitar denominado Grupo Colina secuestró y ejecutó a 9 estudiantes y 1 profesor de la universidad, se utilizó la doctrina de la teoría del dominio del hecho, ya que el ex presidente tenía perfecto conocimiento de lo que ocurría y sin embargo dejó que las operaciones y acciones paramilitares siguieran su curso.
“La señora Boluarte tenía la capacidad de evitar que estas muertes ocurrieran, y no hizo nada por evitarlo. Es más, su comportamiento posterior es inadmisible, ha justificado la participación y el accionar de la Policía y el Ejercito”, dijo.
El ex comisionado de la OEA también señaló que el Informe puede dar lugar a denuncias penales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que las investigaciones en el ámbito interno no ofrecen garantías de un debido proceso o se expresan dilaciones injustificadas para procesar y sentenciar a los responsables de estos graves delitos.
Lo que nadie debe olvidar es que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, y los que hoy defienden y sostienen al gobierno de la señora Boluarte, muy pronto se verán las caras con la justicia.
(*) Lima (Perú)
