En los últimos días hemos asistido a un nuevo ataque a la Ley Orgánica de Libertad Sexual desde el poder judicial con una rebaja de condena a uno de los miembros de la tristemente célebre manada. Los titulares de los medios de la derecha (¿hay medios de la izquierda?) son muy explícitos al señalar que esta es la última -algunos hablan un poco más cautos, de penúltima- estocada a la ley, la puntilla definitiva para una ley que muchos señalan como moribunda. Todo ello en un momento en que curiosamente, la ley acaba de demostrar no solo su eficacia, sino también su consenso social.
En efecto, no es casual que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra se dicte al tiempo que el movimiento feminista ha demostrado su fuerza removiendo las sacrosantas estructuras de nada más y nada menos que la Real Federación Española de Fútbol, un espacio reservado al mundo masculino donde además su presidente había conseguido salir a flote siempre, tras acusaciones de todo tipo de delitos y escándalos, sin que ninguna instancia mínimamente democrática hubiera podido intervenir.
Alguien recordaba en estos días el ataque a Teresa Rodríguez por un empresario que se abalanzó sobre ella para alardear ante un grupito de los suyos, un ataque que, a pesar de dirigirse contra una representante del pueblo, pasó desapercibido para la gran mayoría, lo cual es muy sintomático de la invisibilidad de la violencia machista.
Rubiales y el cambio de paradigma de la Ley
Sin embargo, el caso Rubiales ha cogido por sorpresa al patriarcado, ya que gracias a ese altavoz que es el fútbol, el tradicional circo tras el que todo se esconde, se ha manifestado en toda su crudeza la violencia que estructuralmente sufrimos las mujeres. Por ello era precisa rápidamente una reacción que pusiera de nuevo en la picota la ley del solo sí es sí, que se erigía claramente triunfadora frente al abuso.
Y en este contexto, ¿de verdad que alguien podría pensar que el patriarcado iba a desaprovechar esta oportunidad con el mismo caso que motivó la mayor movilización de los últimos años en nuestro país, que tambaleó el sistema removiendo unas estructuras judiciales tras las que se atrinchera, rompiendo la Constitución, el Partido Popular? Pues claro que este Tribunal va a revolverse contra la Ley, contra ese movimiento que les dijo machistas, reaccionarios, abusadores, rancios, patriarcales y hasta sinvergüenzas. Pues claro que van a decir que está mal hecha. Si ya dijeron en su momento que no era violación que era abuso y que la víctima se había dejado. Y si no reaccionamos de igual manera a su sentencia ahora, habrán ganado. Porque ya están ganando si consentimos en culpar a la ley en vez de a la interpretación.
Que es una cuestión de interpretación, de mala interpretación, de patriarcal interpretación, ya lo han justificado con creces la Fiscalía, los Tribunales que no han permitido las excarcelaciones -en la gran mayoría revisiones-, el voto particular de la Magistrada del TSJ de Navarra y las propias declaraciones de los abogados de la manada que sitúan la revisión en el plano político más que en el jurídico, dando las gracias al gobierno por su mal hacer y asumiendo con ello que sus defendidos no merecen la rebaja. Ellos han entendido de qué va este partido y saben que el argumento no es jurídico, pues toda la argumentación jurídica de la Fiscalía y de los Tribunales no tienen calado en la opinión popular, no son fácilmente trasladables al grueso de la gente. Es mucho más fácil agarrarse al argumento populista de que estamos sacando a la calle a los violadores que defender lo indefendible.
En este sentido, para rechazar los argumentos de la sentencia del TSJ de Navarra podríamos remitirnos a los perfectos artículos entre otros, de Victoria Rosell (Diario Público 22/04/2023) o de Joaquím Bosch Grau (eldiario.es 18/02/2023) en defensa de la LOGILS y no habría que repetir nada más. No obstante, por sanidad jurídica y política, intentaré explicarlo una vez más.
La sentencia que, no olvidemos, es contraria a la de la Audiencia Provincial y tiene además un voto particular contrario, argumenta que las penas mínimas se han revisado y que por tanto, en virtud del principio de aplicación de la ley más beneficiosa al reo, hay que aplicar la pena mínima de la ley. Sin embargo el Tribunal, y así lo señala el propio voto particular de una de las magistradas, no considera aplicables todas las agravantes y supuestos agravados que contempla la ley, por lo que olvida intencionadamente uno de los principios básicos del derecho penal: que las leyes han de ser aplicadas en su conjunto y no por partes, pues de no ser así, estarían los tribunales creando una ley nueva, distinta de la aprobada por las cortes generales con todas las garantías democráticas.
Por otro lado, la magistrada que elabora el voto particular, también señala acertadamente que ni siquiera desde el punto de vista aritmético está justificada la reducción, señalando que «ya que se impuso la pena en su mitad superior» con idéntico criterio aritmético debería añadirse al nuevo mínimo legal -13 años y 1 día- una quinta parte de la punición resultante de la aplicación de la LO 10/2022 de 13 años y un día a 18 años y 9 meses, «por lo que no resulta procedente la imposición de la pena de 13 años y 9 meses de prisión solicitada en el recurso, ya que añadiendo una quinta parte de esta horquilla al mínimo legalmente previsto resulta una pena de 14 años, 1 mes y 25 días, superior a la interesada por la defensa». Por tanto «teniendo en cuenta que la pena de 15 años de prisión sigue resultando una pena superior al mínimo legalmente previsto, aunque muy cercana al mismo, vista la amplitud de la extensión de la pena imponible y sin que sea pertinente una mera proporcionalidad aritmética, no procede acoger la pretensión expuesta en el recurso, ya que debe atenderse no sólo a la cercanía de la pena de 15 años al nuevo mínimo posible, sino también a la gravedad de los hechos, según se valora en la sentencia que se ejecuta» (fuente “la Vanguardia” Ander Goyoaga 12/09/2023)
La batalla se libra en el campo del feminismo no en el de la justicia
Y ahora pretenden volver a poner el foco en la ley, en vez de en el poder judicial. Pretenden nuevamente hacernos dudar sobre la legitimidad y la eficacia de una ley que no iba de penas sino de reivindicaciones, que no iba de violadores sino de víctimas, que no iba de castigos sino de reparaciones.
Por otro lado, no podemos caer en la trampa de denostar la ley cada vez que haya una rebaja de condena. Porque ello es posible en un número mínimo de casos. La casuística es muy variada y tampoco podemos olvidar que se trata de sentencias judiciales ya de por sí benévolas con arreglo a la ley anterior, y que, a igualdad de parámetros, deben ser interpretadas con idéntico criterio judicial a la hora de calcular la pena si queremos seguir manteniendo las garantías que nos otorgan los derechos fundamentales y libertades básicas. Por ello debemos atender a lo realmente importante, que es el cambio de paradigma que supone al situar el consentimiento en el centro y el cambio de mentalidad social consecuente para la persecución y eliminación de conductas que tradicionalmente nos dejaban indefensas frente a la violencia, como se ha demostrado con el caso Rubiales y se demuestra día a día con gran cantidad de conductas que antes de la ley no eran siquiera perseguidas y ahora están siendo condenadas (aunque de estas no haya cómputo oficial del CGPJ).
Por eso, para la derecha y el patriarcado es fundamental volver a dividir al movimiento feminista en un momento clave en el que ha vuelto a demostrar su fortaleza desde la unidad frente a la violencia. Volver a intentar hacernos creer que la ley que reivindicábamos no es buena para nosotras, creando una nueva ley ad hoc para justificar su decisión.
Frente a ello, desde el feminismo tenemos que contestar con contundencia. Porque esta no es la ley del Ministerio de Igualdad, esta es la ley que reivindicamos y luchamos en las calles, es la ley del movimiento feminista. Esta es la ley que condena y hace caer a los Rubiales, a los Vilda, a los que se sentían seguros después de condenar al ostracismo a las jugadoras que se revolvieron antes del mundial y que finalmente han conseguido empoderarse. Ahora es el momento de no dejarlas solas. Pero sobre todo es la ley que permite que las víctimas de violación no pasen por un calvario de prueba y credibilidad, que las repara y las protege, y por eso ahora también es el momento de decirle a la víctima de la manada que fue gracias a la movilización y la lucha que se consiguió la condena de Boza, y que no es la Ley del solo sí es sí, sino el mismo tribunal que intentó condenarlos por abuso y no por violación, el que quiere rebajar su condena.
Es el momento de decirle a todo el mundo que seguimos vivas gracias a esta ley y que por ello esta ley debe seguir viva.
(*) Responsable del Área Feminista del PC Andalucía