Las ONG ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han remitido sendas cartas a la Fiscalía General del Estado y a la oficina del Defensor del Pueblo quejándose por la inclusión del término «ecologismo radical» en el apartado ‘Terrorismo’ de la Memoria Anual de esta institución, hecha pública hace unos días.
Las misivas, dirigidas al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al defensor del pueblo, Ángel Gabilondo Pujol, solicitan la «eliminación» de esta referencia porque «supone el desprestigio y la criminalización del movimiento ecologista en un momento en el que éste es más necesario que nunca para revertir la crisis ambiental», según el comunicado que han hecho público.
El informe, publicado la semana pasada y que recoge lo más relevante del año 2022, se refiere expresamente a algunas actividades de los grupos de activistas climáticos Extinction Rebellion y Futuro Vegetal detallando las 26 detenciones practicadas por sus acciones.
A juicio de las cinco ONG ecologistas que han remitido ahora la carta a la Fiscalía, este análisis «envía un mensaje negativo a la sociedad acerca del ecologismo» e implica «un importante salto de escala en la criminalización y desprestigio de este movimiento».
Además recuerdan en su comunicado que en declaraciones posteriores a la publicación de esta Memoria «fuentes de la Fiscalía admiten que los grupos ecologistas mencionados no son en ningún caso una amenaza terrorista» y añaden que no existen causas abiertas en este sentido, por lo que aseguran que la inclusión del «ecologismo radical» en el apartado terrorista «no es correcta».
También recalcan que la desobedicencia civil no violenta está reconocida «explícitamente» por la ONU como forma legítima de protesta y «tiene un largo recorrido» nacional e internacional que «valida su forma de acción», en referencia a la trayectoria de Martin Luther King o Nelson Mandela, entre otros.
Finalmente citan a Michael Forst, primer relator especial de la ONU para los defensores del medioambiente, según el cual “cada vez más políticos tratan como ‘ecoterroristas’ a los que recurren a la desobediencia civil”, que son «precisamente los activistas más amenazados del mundo».
